El Gobierno encara la semana decisiva para acabar con el bloqueo de la derecha al Constitucional

El Gobierno va a comprobar esta semana si la estrategia que ha diseñado para desbloquear el Tribunal Constitucional concluye con éxito. El Senado tiene previsto votar el jueves el texto aprobado ya por el Congreso, pero el tribunal de garantías abordará el lunes el recurso del PP que pide suspender la tramitación, una decisión que abriría una crisis inédita. Entretanto, los vocales conservadores del Poder Judicial buscan sortear el cambio legislativo e imponer a sus candidatos, en el culmen de la estrategia de bloqueo que mantienen desde hace seis meses.

El Congreso logró aprobar el jueves pasado la reforma, que incluye las modificaciones de los delitos de sedición y malversación, pese a que durante buena parte del día pendió sobre la cámara el riesgo de que tuviera que suspenderse el Pleno por orden del Constitucional. Los magistrados progresistas lograron aplazar la deliberación y eso permitió al Congreso celebrar la votación entre las críticas de PP y Vox y el abandono de Ciudadanos.

Ahora estamos en la siguiente pantalla. Si el Constitucional deja que el Senado vote la reforma –el PP presentó el viernes un escrito para tratar de frenar esa votación–, el jueves quedará definitivamente aprobado el nuevo sistema de elección de magistrados para el tribunal de garantías. Será cuestión de tiempo que el exministro Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez tomen posesión, y se desbloqueará también la elección de los dos candidatos del Poder Judicial debido al cambio de las mayorías necesarias para nombrarles.

Si, por el contrario, el Constitucional toma este lunes la decisión de paralizar la tramitación de la ley, se abre un escenario de consecuencias imprevisibles. Será la primera vez que ese tribunal impide que las Cortes Generales aprueben una ley, en lugar de examinarla una vez entre en vigor. Y un día después de que el Constitucional decida sobre la reforma, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará el pleno en el que los vocales conservadores intentarán aupar a sus dos candidatos a ese tribunal y dejar fuera al de los progresistas. Después de meses en los que han alegado que no encontraban nombres, tras el cambio legislativo anunciado por el Gobierno han puesto ya dos sobre la mesa y las dilaciones de los últimos meses se han convertido en una celeridad inusual por celebrar el pleno de nombramientos.

Es difícil que los conservadores del Poder Judicial se salgan con la suya, porque necesitan el apoyo de algún progresista. Y es difícil saber qué ocurrirá el lunes en el Constitucional, con el sector progresista convencido de que logrará imponer sus argumentos y evitar el bloqueo de la ley y que se vote el jueves en el Senado. En cualquier caso, los tres plenos que se celebran esta semana determinarán si el Gobierno es capaz de deshacer una parte del nudo que ata al PP con el Poder Judicial y el Constitucional.

El domingo, a última hora, el PSOE presentó dos recursos ante el TC para tratar de impedir que dicho órgano acepte, en su reunión de este lunes, la petición del PP de suspender de forma cautelarísima la tramitación de la reforma impulsada por el Gobierno para desbloquear la renovación del citado tribunal que tiene el mandato caducado. En los textos, a los que tuvo acceso elDiario.es, los socialistas consideran que, en caso de ser admitida la petición de los populares, el Constitucional “vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes”.

Un pleno lleno de incertidumbre en el Constitucional

Los 11 magistrados que componen el pleno del Tribunal Constitucional están citados este lunes a las 10.00 de la mañana con un único punto del día: decidir sobre el recurso del PP y la reforma para desatascar su propia renovación. Después de la prórroga que se dieron el jueves pasado para estudiar la documentación con más reposo, los magistrados se reúnen con pocas garantías de qué tesis se impondrá.

El PP fue el primero en dirigirse al tribunal de garantías para cuestionar esta reforma. Aludían a las dos enmiendas admitidas a trámite por la Comisión de Justicia de la Cámara Baja que, en la práctica, modifican el sistema de mayorías para que el Poder Judicial pueda sortear el bloqueo de los vocales conservadores y renueven a los dos magistrados del Constitucional que les corresponden.

El partido de Alberto Núñez Feijóo cuestiona la forma del asunto –que esta reforma se tramite como una enmienda a un proyecto legislativo que no tiene nada que ver– y también pedía medidas cautelarísimas, que supondrían la paralización del proceso. Algo que el líder del PP buscaba explícitamente, según admitió el propio Feijóo.

El pasado jueves, el recurso llegó a la mesa de los magistrados pero no se debatió. Los cinco progresistas, en minoría frente a los seis conservadores, defendieron –y reiterarán en el pleno de este lunes– que las cautelarísimas no se deben aplicar, pero pidieron más tiempo para estudiar el caso a fondo. El pleno se movió al lunes y eso permitió que el Congreso, ese mismo día, pudiera votar las enmiendas.

Lo que ocurrirá este lunes es una incógnita incluso dentro del propio Tribunal Constitucional. El sector minoritario y progresista está seguro de poder defender con solidez su postura contraria a las medidas cautelarísimas que piden PP y Vox, pero el sector conservador no ha mostrado por ahora una postura unitaria.

El ponente del asunto, Enrique Arnaldo, apostó el pasado jueves por aceptar la petición de medidas urgentes. Con seis conservadores y cinco progresistas, el resultado del pleno pende de un hilo porque al margen de deliberar sobre las medidas urgentes, los magistrados también tendrán que decidir si dos de los miembros conservadores del pleno, Pedro González-Trevijano (el presidente del Constitucional) y Antonio Narváez, se apartan del caso como ha pedido Unidas Podemos.

La solicitud está basada en que ellos son los dos magistrados cuyos puestos se renovarían con esa reforma y que, por tanto, están directamente afectados. Pero tiene un efecto crucial: si decidieran apartarse, la mayoría cambiaría a favor de los progresistas, que sumarían cinco votos a favor frente a los cuatro conservadores.

La última maniobra de los conservadores

Por su parte, el CGPJ se reunirá un día después, el martes, también con un único punto en el orden del día: la propuesta de nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional. Es una sesión extraordinaria a la que los vocales llegan sin perspectiva de acuerdo y que se celebra a petición del bloque conservador, que después de más de tres meses de boicot a esos nombramientos pidió de urgencia un pleno para sortear la reforma legal que prepara el Gobierno para romper ese bloqueo.

Los consejeros elegidos a propuesta del PP, con el mandato caducado desde hace cuatro años, han pasado de negarse a proponer candidatos a hacerlo a toda velocidad para eludir la reforma que está en tramitación y que les haría perder su capacidad de veto, con la que pretenden evitar a toda costa que pueda llegar al Constitucional el magistrado elegido por los progresistas: el juez del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés. 

El cambio legal del Gobierno contempla que sean elegidos los dos magistrados que obtengan un mayor número de votos y que cada vocal sólo pueda votar a un candidato. Los conservadores consideran que este sistema garantiza que los magistrados de preferencia de cada bloque resulten elegidos, sin capacidad de que haya vetos cruzados. Y que, en consecuencia, los progresistas verían cumplido su objetivo de llevar a Bandrés al tribunal de garantías. 

Su única opción para evitarlo era hacer las votaciones con las actuales reglas del juego, aunque por ahora fuentes de ambos sectores sostienen que ningún candidato reúne los apoyos necesarios, tres quintos del pleno. Esto es, al menos 11 de sus 18 miembros. Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 10 conservadores y ocho progresistas, lo que ha dado margen hasta ahora a los conservadores para imponer su minoría de bloqueo y obstaculizarlos. 

Tras semanas cuestionando su candidatura en privado, el veto a Bandrés por parte del bloque conservador quedó patente este miércoles. El presidente interino del CGPJ había rechazado un día antes aceptar la petición de pleno extraordinario que habían realizado el viernes 9 de diciembre alegando un defecto formal porque no habían incluido los nombres de dos candidatos y sus currículums. Su nueva petición sí los incluyó. Y los elegidos fueron el presidente de la Sala Tercera del Supremo, César Tolosa, considerado conservador; y el también juez del Alto Tribunal Pablo Lucas, que fue el otro nombre barajado por los progresistas para ir al Constitucional. 

Sin embargo, en una votación interna de los progresistas la mayoría se decantó por Bandrés. Su candidatura fue respaldada por todo el grupo salvo por Mar Cabrejas, que se abstuvo. Además, se da la circunstancia de que Pablo Lucas es hermano de uno de los vocales, Enrique Lucas, elegido a propuesta del PNV y al que se suele colocar en el sector progresista, por lo que no participó en la votación interna. Fuentes de ambos bloques afirman que aunque Lucas se abstuviera de participar en la votación los votos no se rebajaría el quórum y los votos necesarios seguirían siendo 11.

En todo caso, con la actual correlación de fuerzas, los conservadores solo necesitarían uno o dos votos del grupo contrario para sacar adelante las designaciones, lo que despierta ciertos temores en el sector de vocales elegidos a propuesta del PSOE e IU. No obstante, voces de este grupo insisten en que “no hay riesgo de fugas” y creen que, en este momento, no hay un peligro real de que algún tránsfuga de su bloque pueda llevar al Constitucional a los dos candidatos que proponen los conservadores.