El Gobierno ha abierto el melón de la negociación con Junts sobre la senda de estabilidad que el Consejo de Ministros decidió paralizar in extremis y ahora el resto de socios en el Congreso pide igualdad de trato. Tanto las conversaciones sobre esa senda como las que se emprenderán también para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado pondrán a prueba una vez más los permanentes equilibrios parlamentarios que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ve obligado a llevar a cabo durante toda la legislatura. Y que son especialmente delicados en el caso de la competición interna en el seno del independentismo catalán.
“Si se van a sentar con Junts también tendrán que sentarse con nosotros para conseguir nuestros votos”, apuntan fuentes de ERC, que miran con recelo los permanentes guiños del Gobierno a Carles Puigdemont desde la reunión en Suiza del pasado viernes. El portavoz en el Congreso de los republicanos, Gabriel Rufián, fue claro este miércoles en los pasillos de la Cámara al ser preguntado por esa negociación. “Que entienda el PSOE que si la abre para uno, la abre para todos. Y seguramente no tengamos los mismos intereses que la derecha catalana, pero lo intentaremos”, dijo.
Ante este escenario, Sánchez, desde Nueva York, aseguraba que esperará hasta que se celebren los congresos de Junts y ERC para tratar de aprobar los nuevos Presupuestos. “No hacemos política sobre el vacío, nosotros, evidentemente tendremos, como se ha hecho en otras ocasiones, que esperar no al congreso, a los congresos de los socios parlamentarios que tenemos”, indicó.
Una vez tragado el sapo de retirar la tramitación parlamentaria para darle tiempo a Junts, los socialistas intentan mandar un mensaje de sosiego entre sus aliados y aseguran ahora que están dispuestos a sentarse con todo el mundo. “De la senda hablaremos con todo el mundo, como hacemos con todos y cada uno de los puntos de las cosas que llegan a este Congreso. Este Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista, es el del diálogo permanente. Si no, no hubiéramos sacado adelante nada”, dijo el portavoz del PSOE, Patxi López, como respuesta a las palabras de Gabriel Rufián.
Desde las propias filas socialistas hay quien admite como un error haber planificado tramitar por segunda vez exactamente la misma senda de estabilidad que ya fue tumbada en julio. Y creen que existe el margen económico suficiente para sentarse a negociar con los diferentes grupos y ofrecer una flexibilidad fiscal al alza al conjunto de los territorios.
Fuentes del ministerio de Hacienda calculan que cada décima de incremento en ese margen de fiscalidad equivale a unos 1.500 millones de euros extra para las Comunidades y alertan de que un margen mayor para las autonomías siempre irá en detrimento bien de los ayuntamientos, bien del propio Estado. Desde el departamento de María Jesús Montero también se admite la revisión del INE al PIB nominal “supone una ayuda”, porque a mayor Producto Interior Bruto, mayor margen fiscal.
Esas mismas fuentes advierten que la senda que ahora se ha paralizado ya alcanzaba cotas “muy generosas” para las Comunidades, pero asumen que la negociación con el independentismo catalán supondrá revisarla al alza. Las conversaciones entre el ministerio de Hacienda y Junts ya han comenzado.
Mientras, el fuego cruzado en el seno del independentismo catalán sigue su curso. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, reprochó este miércoles a ERC y PSC que los hayan “dejado solos” defendiendo los intereses de Catalunya con los objetivos de déficit que plantea el Gobierno. “Nos gustaría no estar haciendo esta lucha solos. Pregunto al presidente Illa dónde está. Lo que estamos haciendo nosotros con siete votos es para defender Catalunya y el primero que tendría que estar al frente es el presidente de Catalunya”, dijo en una entrevista en la cadena SER.
Gestos del Gobierno a Puigdemont
En paralelo, el Gobierno sigue con su política de distensión con Junts desde la reunión del pasado viernes en Suiza entre la cúpula del PSOE y la de los independentistas catalanes. Este miércoles, después de la sesión de control, fuentes del ministerio de Defensa llegaron a abrir la puerta a una demanda especialmente sensible: la desclasificación de documentos secretos del CNI sobre los atentados terroristas de las Ramblas en Barcelona.
La desclasificación de informes del CNI sobre los atentados era una de las exigencias de Junts en la negociación con los socialistas para la aprobación de la senda de estabilidad presupuestaria. Este jueves se reanudan en el Congreso los trabajos de esa comisión de investigación de los ataques de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 para intentar consensuar su plan de trabajo y los comparecientes.
Junts ya había puesto sobre la mesa la retirada del secreto de los documentos del CNI en su propuesta de hace medio año sobre el plan de trabajo de la comisión. La medida fue rechazada por el PSOE, que entonces consideró que, como máximo, algún miembro del CNI podía llegar a declarar, pero en la comisión de secretos oficiales.
Pero ese gesto hacia Junts desde el ministerio de Defensa no ha sido el único que se ha producido en las últimas horas en el seno del Ejecutivo. Desde el ministerio de Exteriores se ha dado a conocer una carta enviada por José Manuel Albares a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la que le reclama abordar “personalmente” un “nuevo impulso” al uso del catalán, el euskera y el gallego en la institución.
Este es un asunto prioritario para mi país y un elemento esencial de la identidad española“, dice el ministro en la misiva enviada a la maltesa en la que recuerda que más de 20 millones de personas viven en territorios en los que está reconocida la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. ”El uso de las lenguas de parte importante de la ciudadanía española y europea en el Parlamento Europeo resulta de gran importancia“, afirma Albares en una carta enviada el pasado 18 de septiembre, la víspera de que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se reuniera con Carles Puigdemont para intentar reconducir la relación con Junts.
En el Gobierno están convencidos de que la situación con Junts no es la de hace una semana y que esta política de gestos ayuda a la distensión. Y creen que, aunque la negociación será compleja, existe margen de acuerdo para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado que sirvan de sostén a la legislatura.