El Ministerio de Hacienda informó en septiembre de 2018 a la Audiencia Nacional que Juan Carlos I nunca ha declarado tener cuentas bancarias en el extranjero. El entonces juez del caso Villarejo, Diego García Egea, solicitó a la Agencia Tributaria esa información en el marco de la pieza 5 de la causa, la que investiga unas grabaciones entre el policía encarcelado y Corinna Larsen en las que esta atribuye distintos hechos delictivos al rey emérito, entre ellos fraude fiscal. Cuando recibió la contestación, el juez archivó la citada pieza, denominada Carol.
La existencia del informe de la Agencia Tributaria queda revelada en el auto del actual juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, por el que hoy ha ordenado la reapertura de esa pieza separada, archivada entonces por ausencia de indicios sólidos y porque otros que constaban contra el emérito quedaban sepultados por la inviolabilidad que protege a Juan Carlos I en todo lo anterior a su abdicación en 2014.
El 4 de septiembre de 2018 (en el auto aparece 2019, pero debe tratarse de una errata), el juez De Egea libró oficio a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria (AEAT) “al objeto de recabar determinada información sobre el rey emérito”. Al día siguiente, 5 de septiembre de 2018, se produjo la respuesta de Hacienda, “en donde se señala que el rey emérito no ha presentado declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720)”, recoge el auto de este lunes. “Tampoco hay constancia de que el Rey emérito posea cuentas corrientes en el extranjero”, escribe el actual instructor del caso Villarejo.
García-Castellón, en su auto de apertura, se detiene en recordar la postura de la Fiscalía Anticorrupción en ese momento: “Por lo que se refiere a la cuestión de las cuentas bancarias, entiende el Ministerio Público en su informe que los datos son notoriamente insuficientes para avanzar en la tramitación de esta pieza, pues aluden a una posible cuestión fiscal que no es susceptible de mayores indagaciones”.
En una nota difundida por Anticorrupción en aquel momento, la Fiscalía decía algunas cosas más sobre las alusiones que Larsen hacía acerca de Álvaro de Orléans, el primo del rey del que entonces se desconocía que estaba al frente de la fundación Zagatka, de la que Juan Carlos I y Felipe VI eran beneficiarios. “Los datos son notoriamente insuficientes para avanzar en la tramitación de esta pieza, pues aluden a una posible cuestión fiscal que no es susceptible de mayores indagaciones, pues el hipotético requerimiento de información a las autoridades suizas –se desconoce incluso la ciudad o ciudades concretas- no permitiría ir más allá de lo que se conoce en el ámbito de la cooperación internacional como una ”fishing expedition“ (término utilizado para las investigaciones prospectivas, algo así como ”ir de pesca“)”.
“Todo ello”, matizaba Anticorrupción, “sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo en sede administrativa la Agencia Tributaria”. ¿Y se produjo esa investigación administrativa de la Agencia Tributaria? Un portavoz de la misma, consultado por elDiario.es, responde que el organismo público nunca facilita información sobre personas concretas.
En el plano judicial, y aunque no aparece en el auto de este lunes de García-Castellón, su antecesor debió de dar por bueno el criterio de la Fiscalía al respecto si bien ni siquiera aludió a este informe de Hacienda en el auto por el que archivó la pieza sobre Corinna Larsen, a la que llamaba en su escrito “amiga” del rey.
Como quiera que la pieza se mantuvo bajo secreto y luego fue archivada provisionalmente, el informe de Hacienda nunca trascendió. Cinco meses después, un diario suizo reveló la investigación de la Fiscalía de ese país acerca del ingreso en cuentas bancarias de Ginebra de 65 millones de euros a nombre de la fundación Lucum, creada por los gestores del rey para esconder la supuesta “donación” de Arabia Saudí.
A raíz de esa investigación en Suiza y la información enviada a España, la Fiscalía del Tribunal Supremo asumió el pasado 8 de junio la investigación contra el rey emérito por el supuesto cobro de las comisiones del AVE a La Meca. Los fiscales se centran en investigar si Juan Carlos de Borbón cometió blanqueo de capitales y delito fiscal, según fuentes jurídicas.
La Fiscalía explicó que la investigación trata de “delimitar o descartar” la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad a que el rey emérito abdicase en junio de 2014, “momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad” que la Constitución da al jefe del Estado. En concreto, qué hizo con ese dinero después de esa fecha y si se lo ocultó a Hacienda.