Los atestados de Interior desmontan las tesis de Feijóo y Rajoy sobre “el terrorismo incendiario” en Galicia
Un mes después de la oleada de incendios que arrasó decenas de miles de hectáreas en Galicia y causó cuatro muertes no existe un solo atestado de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que respalde las tesis sobre el “terrorismo incendiario” defendidas entonces por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ni tampoco la “acción coordinada” a la que aludió durante su visita a Galicia el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para explicar aquellos fuegos.
Durante aquel fin de semana negro en el que las llamas pusieron en vilo no solo a Galicia, también a Portugal y a la zona más occidental de Asturias, ambos dirigentes insistieron en que lo que ocurría en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense obedecía a una acción criminal concertada, de la que hoy no existe ningún indicio.
Recién aterrizado en Ourense, desde la localidad de Pazos de Borbén, el presidente del Gobierno aseguró: “Lo que vivimos aquí no se produce por casualidad, ha sido provocado, son más de 125 incendios a la vez. Tras guardar el minuto de silencio por las víctimas mortales, Rajoy se dirigió a las fuerzas y cuerpos de seguridad: ”Hagan el mayor esfuerzo posible para detener a las personas responsables“.
A su lado, Feijóo repitió -como había hecho durante todo el fin de semana en el que también Portugal y Asturias sufrieron esa crisis incendiaria- que los fuegos de su comunidad eran obra de “terroristas”.
Cuando ambos dirigentes hicieron esas declaraciones no había ninguna investigación en marcha que avalase la tesis de que tramas organizadas estuviesen tras los fuegos, que causaron cuatro muertes aquel domingo 15 de octubre. Y treinta días después las cosas no han cambiado, por más que el Gobierno gallego haya invertido 77.000 euros de dinero público en pagar anuncios en medios de comunicación para alentar la teoría del terrorismo.
Los atestados del Ministerio del Interior de aquellos fuegos en los que intervino algún cuerpo policial en poder de eldiario.es apuntan a distintas imprudencias graves en las quemas de rastrojos en un contexto de grave riesgo y también señalan a un hombre con problemas mentales como sospechoso de prender un pequeño fuego en Lugo. Pero nada más. Ni rastro de acciones coordinadas ni de artefactos incendiarios. Ni mucho menos de bandas organizadas.
En la media docena de incendios que han dado lugar a detenciones o interrogatorios, los perfiles de los sospechosos repiten el mismo patrón de las últimas décadas en Galicia: imputados por imprudencias o por fuegos intencionados sin ninguna relación entre sí desvinculados de intereses económicos o políticos.
El único detenido que sigue en prisión de la oleada de fuegos de aquel domingo 15 de octubre es un M.A.M.N., de 55 años, al que se le descontroló una quema en una finca familiar, pero su arresto guarda relación con la respuesta violenta que dio a los agentes en el cuartel.
El episodio está por escrito en las diligencias 2017-4567-50 de la Guardia Civil. A este funcionario de 55 años se le imputa un fuego iniciado a las 13:40 del domingo 15 de octubre en el paraje de Barrucadas, término municipal de Os Blancos (Ourense), y que arrasó una hectárea de terreno entre superficie arbolada y monte raso hasta las 18 horas. Escribe la Guardia Civil en su atestado: “Practicadas gestiones en la finca en la que se inició el fuego corresponde con el polígono 502, parcela 654 de Os Blancos siendo titular de la misma la supuesta esposa del autor. Este hecho añadido a que este individuo no trató de apagar el fuego, no avisó a nadie, trató de esconderse, el estado de nerviosismo en el que se encontraba, así como su conducta posterior podría indicar como móvil de los supuestos hechos que se le plantara fuego con el fin de limpiar la maleza de la finca y eliminación de matorral”.
El parte de intervención de la Comandancia de la Guardia Civil en Ourense le atribuye un fuego de una hectárea y dentro de las motivaciones apunta “intencionadas” y especifica “limpieza monte”. Además está imputado por los delitos de atentado a la autoridad y desobediencia grave por un altercado posterior que tuvo en el cuartel de la Guardia Civil adonde acudió con un palo de grandes dimensiones y un perro al que le pedía atacar a los agentes. Una vez dentro, la emprendió a cabezazos contra el mobiliario y acabó siendo trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. Luego fue a parar a la cárcel donde sigue.
El segundo parte de arresto de los incendios del 15 de octubre es una mujer de 73 años, M.L.C.C., vecina de Mos, en la provincia de Pontevedra. De este fuego de apenas dos hectáreas que puso en riesgo tres viviendas del nucleo municipal (dos de ellas habitadas), se ocupó la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Vigo. En sus diligencias 1449/17 los investigadores apuntan que dos testigos sitúan el inicio del fuego en la parte trasera de la vivienda de esta mujer. Y que pese a ser alertada por los vecinos del fuego, les negó la manguera para que pudieran apagarlo “y se desentendió totalmente de la situación”.
Detenida por prender fuego a dos metros de casa
Según el relato policial, M. L. prendió restos de maleza a escasos 2,5 metros de su vivienda familiar en la que convivía con su marido y un hijo, ambos con problemas de movilidad derivados de graves enfermedades. Lo hizo durante la mañana del domingo en que el viento soplaba con una fuerza de 90 kilómetros por hora. En el interrogatorio policial, la mujer contó que había acudido tres veces ese año al Ayuntamiento de Mos para intentar que se limpiase la franja de seguridad de su casa. Durante su declaración se autoinculpó de ese incendio y de otros dos anteriores (en 2013 y 2016) originados en la misma zona y también producto de haber utilizado el fuego para las tareas de desbroce.
Cuando los policías le preguntaron por qué no prestó la manguera a sus vecinos, la imputada alegó que el agua es de la traída y que no puede gastar mucho.
El tercer “investigado no detenido”, así aparece en los ficheros policiales, por los incendios de aquel fin de semana de octubre es un vecino de Lugo de 33 años con antecedentes de enfermedades mentales. Lo descubrió una compañera de trabajo escondido tras una señal de tráfico a las 3:27 de la madrugada del 16 de octubre, muy cerca del lugar donde empezaba a arder un neumático en una zona boscosa. Cuando la chica lo llamó por su nombre, él echó a correr por el monte y la siguiente llamada fue a la Policía Nacional. El hombre que vestía un chándal manchado de tierra explicó que él mismo había intentado apagar el fuego, que estaba preocupado por que nadie se había ocupado del incendio y que hasta había llamado al 112 para avisar. Enseñó en su móvil fotos del incendio -que no fue a más- y se desvinculó de los hechos. En el atestado 10602/17 continúa como sospechoso.
La Comandancia de la Guardia Civil de Ourense da por esclarecido otro fuego ocurrido en la zona de Castrelo do Val después de que J.A.C.P., de 86 años, un vecino del lugar, admitiese otros dos fuegos ocurridos el 30 y 31 de octubre. Todos ocasionados por el mismo motivo: “limpieza de matorrales”.
A J.P.M. de 72 años y vecino de Cualedro (Ourense) la Guardia Civil le imputa otro fuego el mismo mes en Os Muiños (dentro de la misma provincia). La investigación concluyó con una conclusión que le suena mucho a los agentes que llevan veinte años investigando en el monte: “el objeto era la limpieza de la finca de su pertenencia y el abandono del lugar”.
Nada diferente de lo que se han encontrado durante los últimos 20 años las fuerzas de seguridad en Galicia a la hora de investigar fuegos cuando concurren circunstancias climáticas adversas: más de 30 grados de temperatura, vientos superiores a 30 kilómetros por hora y humedad por debajo del 30%.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha declinado la invitación de eldiario.es para referirse a expedientes concretos a la espera de la investigación que ha abierto sobre la oleada del tercer fin de semana de octubre. El responsable de medioambiente del ministerio público en la comunidad, Álvaro García Ortiz, ha repetido en todos los medios de comunicación que no hay ningún dato que apunte al crimen organizado.
En los cuerpos policiales que se ocupan de la investigación de los fuegos en Galicia ha cundido mucho malestar por las declaraciones políticas que atribuyen los incendios en Galicia a un problema de orden público. Sostienen que es hacer recaer sobre ellos una responsabilidad que no les corresponde: la de ordenar el monte y combatir problemas estructurales del mundo rural. Los agentes están acostumbrados a escuchar historias de motoristas encapuchados y de artefactos incendiarios desde hace treinta años. Sus atestados no registran nada parecido. Desde hace tres décadas.
