IU y PSOE exigen cambios para que las ILP puedan ser defendidas en el pleno por sus promotores
¿Se imaginan a Ada Colau defendiendo la Iniciativa Legislativa Popular antidesahucios ante el pleno del Congreso?. Difícil, si. Sobre todo teniendo en cuenta que incluso fue expulsada de la tribuna de invitados el día en el que se debatió la ILP presentada por la PAH con el aval de un millón y media de firmas ciudadanas. Pero si la propuesta de IU y del PSOE sale adelante en la Comisión de Reglamento del Congreso, los promotores de las ILP podrían defenderlas en el futuro. Esta iniciativa será uno de los puntos a discutir en el debate que por enésima vez se abre este miércoles en el Congreso para reformar su Reglamento, la gran asignatura pendiente de la Cámara baja desde hace más de treinta años.
La idea principal es hacer más ágiles los debates, regular mejor la actividad de sus señorías acercando su trabajo a una ciudadanía cada vez más alejada de la clase política, e impulsar una mayor transparencia a su funcionamento. Todo un reto que, tal y como están ahora las cosas, parece difícil de alcanzar teniendo en cuenta el precedente de que no ha habido legislatura en la que la reforma no se haya intentado, con el mismo final: el fracaso absoluto.
Bien es verdad que el que más cerca estuvo del consenso fue el anterior presidente, el socialista Manuel Marín. Sin embargo, la exigencia de los nacionalistas sobre el uso de las lenguas, como han conseguido en el Senado, frustró el acuerdo. La reivindicación sigue encima de la mesa, pero en el Congreso, hoy por hoy, insistir en hablar en las lenguas cooficiales supone la expulsión del pleno, como les ocurrió la semana pasada a los diputados de ERC. Aquel día, el presidente de la Cámara, Jesús Posada, invitó a los republicanos a que lo plantearan en la Comisión de Reglamento. Y así lo harán aunque saben que volverá a correr la misma suerte. No obstante, esta vez el hecho de que rechacen su petición no significará el desmarque del acuerdo final al que pueda llegarse en otros aspectos y que realmente son muchos.
El más destacado, la Izquierda Plural y el PSOE quieren que los representantes de los colectivos que promuevan Iniciativas Legislativas Populares (ILP) tengan la posibilidad de defenderlas ellos mismos en los plenos. Esta propuesta es contemplada por el PP con bastante reticencia, según reconocieron fuentes populares a eldiario.es. Lo que no ven mal es la posibilidad de rebajar el número de firmas necesarias–ahora son 500.000- para que la iniciativa sea admitida a trámite por la Mesa del Congreso, como proponen también varios grupos parlamentarios. ERC, en concreto, sugiere que ese límite de firmas se equipare con el número de votos del diputado que menos apoyos individuales haya logrado en las elecciones generales.
Por su parte, IU pide, entre otras muchas cosas, la ampliación de las competencias de la Comisión de Peticiones “para que deje de ser un mero buzón de reclamaciones y tenga capacidad para permitir la explicación directa en la propia comisión de las peticiones presentadas por personas, colectivos o instituciones”.
Otro de los puntos a estudiar por la Comisión de Reglamento es la regulación de los lobbys, grupos de presión que representan a empresas privadas y que se empeñan en influir en las decisiones que toma el Parlamento para ‘favorecer’ sus intereses. Los portavoces están dispuestos a dotar de una mayor transparencia a ese opaco mundo que en más de una ocasiones ha provocado casos de corrupción política y escándalos.
Al hilo de esto, sus señorías aseguran también estar dispuestas a poner en práctica las resoluciones que se aprobaron en el último debate sobre el estado de la Nación contra la corrupción y en materia de transparencia que debería incluir un Estatuto del Cargo Público para dar publicidad a sus declaraciones tributarias, de actividades y de bienes. Sin embargo, en este punto empiezan mal. Un informe jurídico al que ha tenido acceso eldiario.es pone de manifiesto las trabas que pone el Congreso a la transparencia de los diputados.
Otras de las propuestas a discutir será la creación de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, pendiente de crearse desde la pasada legislatura, así como la eliminación de tantas trabas a la hora de plantear preguntas al Gobierno – como está ocurriendo con las que afectan a la Casa Real o al caso Bárcenas - , o la agilización de plazos para presentar iniciativas sobre temas de actualidad para tratar que no queden ‘viejos’.
En definitiva, “modernizar” y “dotar de mayor dinamismo” la institución para que el Parlamento “responda a los tiempos del siglo XXI”, según coinciden varios de portavoces de la Cámara. Un objetivo para el que Posada les pidió el otro día “grandeza de ánimo”, aunque todos saben que es el PP el que con su mayoría absoluta debe demostrar su predisposición a cambiar las reglas del juego en la Cámara.
