El juez de Kitchen imputa al excomisario jefe de la UDEF por obstruir la investigación de la caja B del PP

El juez del caso Kitchen, Manuel García-Castellón, ha citado a declarar como investigado al comisario en excedencia José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF, la unidad de la que dependían los agentes que investigaron el caso Gürtel y siguen indagando en la caja B del PP, informan fuentes jurídicas. Olivera declarará el próximo 28 de junio a las 10:00 horas, un día ante que la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Olivera fue uno de los mandos señalados el pasado martes por el policía al cargo de la investigación, Manuel Morocho, por haber intentado obstruir su trabajo contra la corrupción del Partido Popular. Amigo de Villarejo, Olivera trabaja en la actualidad en la Real Federación Española de Fútbol.

Olivera fue jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desde su creación por el Gobierno de Zapatero hasta 2013, cuando con Mariano Rajoy ya en La Moncloa pasó a director del Centro de Investigación contra el Crimen Organizado (CICO), puesto que fue ampliando sus atribuciones hasta conseguir también la competencia de la coordinación antiterrorista (CITCO). 

El salto de un Gobierno a otro por parte de Olivera es uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de la Policía. El martes, Morocho puso en conocimiento del juez, según testigos presentes en su declaración, algunas de sus claves. El policía ha dicho que su jefe en la UDEF se guardó una copia de un informe secreto sobre la corrupción del PP en la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid) “por si lo necesitaba para negociar su posición”.

Con Olivera delante, Villarejo aparece en una grabación contando cómo ambos lograron que la Gürtel no salpicara a dirigentes del Partido Popular porque ellos sustrajeron unas cajas con documentación, según consta en el audio incorporado al sumario.

Morocho denunció también que otro informe sobre Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo y marido de la que después sería ministra de Sanidad Ana Mato, se concluyó en enero de 2011 pero que no fue entregado al juzgado hasta 2012 porque Olivera lo paró. 

El PP terminó ganando las elecciones y Olivera, que esperaba ser defenestrado, acabó como director del CICO. Según Morocho, la elección de Fernández Díaz resultó fundamental porque el comisario era “amigo personal del ministro por razones familiares”.

La salida de Olivera de la UDEF no lo apartó totalmente de la investigación. El comisario seguía llamando a su anterior subordinado, Morocho, para requerirle información. El policía que investigaba la caja B cree que utilizaba también a otros mandos suyos para obtener los detalles. 

Morocho relató cómo Olivera le ofreció un puesto en la Lisboa en junio de 2013, el mismo mes en que Bárcenas confesó la financiación irregular del PP, y que en medio de la conversación le sonó el móvil y el comisario le hizo ver que era el mismo Fernández Díaz interesándose por su respuesta. Ante la negativa de Morocho, Olivera siguió haciéndole ofertas para destinos bien remunerados en el extranjero que el entones inspector rechazó. Olivera no está imputado en el caso Villarejo ni siquiera ha sido llamado como testigo. 

En las agendas de Villarejo aparecen dos anotaciones sobre el ofrecimiento para apartar a Morocho de la investigación por las que se ha interesado el juez. “Aviso problemas ultimo inf MOROC” (30 de abril de 2014), “Hablar sobre Morocho transmitir presión” (31 de enero de 2014). Antes, el 16 de junio de 2013, en fechas próximas a la conversación relatada por Morocho, Villarejo escribe: “MOROCHO-LISBOA”.