Las leyes para reducir la factura de la luz llevan meses congeladas en el Congreso mientras se disparan los precios

El Gobierno ha dado en los últimos días pasos importantes para abaratar los precios de la luz y tratar de contener la inflación: a la espera de que la Comisión Europea se pronuncie sobre la propuesta de España y Portugal de limitar a 30 euros el precio del gas que utilizan las centrales de ciclo combinado, el plan de choque para paliar los efectos de la guerra en Ucrania incluye entre otras medidas un refuerzo del control de los denominados beneficios caídos del cielo de las compañías y una importante rebaja de los cargos de la factura.

Sin embargo, dos iniciativas remitidas a las Cortes mucho antes de la invasión rusa y que también persiguen abaratar el recibo eléctrico están a expensas de su aprobación en el Congreso, donde permanecen congeladas desde hace varios meses.

La situación se ha calentado en las calles en las últimas semanas con las movilizaciones de varios sectores, como el de los transportistas, que ha ocasionado algunos problemas de abastecimiento. Antes del Consejo Europeo que dio luz verde a la denominada “excepción ibérica”, desde Moncloa recordaban que ya se habían implementado medidas para paliar los efectos del encarecimiento del mercado mayorista, como la rebaja del IVA de la luz, el recorte del impuesto a la electricidad o la suspensión del impuesto de producción eléctrica, cuyo coste durante un año supondrá entre 10.000 y 12.000 millones de euros, según los cálculos gubernamentales.

Moncloa también asegura que ha metido mano a esas empresas a través de la ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico con la que pretende atajar los conocidos como “beneficios caídos del cielo”. Con esa iniciativa, que aún no está en vigor, el Gobierno preveía un abaratamiento de la factura del 5% cuando se planteó.

Sin embargo esa norma, que salió del Consejo de Ministros en agosto, está paralizada en el Congreso. El plazo para la presentación de enmiendas acabó en octubre y, desde entonces, está a la espera del informe del Ministerio de Transición Ecológica. Las tres grandes compañías eléctricas han obtenido su mejor resultado desde 2014 tras el incremento del precio de la luz. El ala socialista del Gobierno decidió sacarlo como proyecto de ley –y no como decreto ley, cuyo efecto legal es inmediato aunque el Parlamento deba convalidarlo en el plazo de un mes– para blindarse jurídicamente ante una posible ofensiva de las empresas en los tribunales.

En una situación similar está la ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que contempla sacar de la tarifa eléctrica gradualmente (en cinco años) el coste de las primas a las renovables más antiguas (7.000 millones de euros) y cargarla al conjunto de comercializadoras de energía. El resultado sería que bajaría la luz, pero subirían los carburantes y el gas, que ya están disparados y han obligado al Ejecutivo a lanzar un potente paquete de subvenciones públicas a los carburantes.

Esa ley se aprobó en junio y cuatro meses después finalizó el plazo para presentar enmiendas al texto. La ponencia, que es el trámite en el que se elabora el proyecto final, está en stand by.

Fuentes de los dos grupos que forman parte del Gobierno reconocen que están a la espera de que el departamento que dirige Teresa Ribera les haga llegar el informe sobre las enmiendas presentadas por el resto de grupos al proyecto para, a partir de esa base, negociar. “Las leyes se hacen con el consenso de los grupos que sustentamos al Ejecutivo y el correspondiente ministerio. Llevamos tiempo esperando a que nos den la valoración de las enmiendas”, dice una de las fuentes consultadas. “Se está trabajando en ambos casos para tramitarlas”, es la respuesta oficial del PSOE.

La dilación en la aprobación de esas normas choca con la premura en el caso de la ley de residuos, que se aprobó dos semanas antes que la del fondo de sostenibilidad. “Esa tenía 750 enmiendas y la tuvimos en un mes”, dice un miembro de la comisión sobre el plazo que pasó desde que el ministerio emitió su informe y la votación. Esa norma ha pasado ya por el Senado y se aprobará definitivamente en el Congreso próximamente. Fuentes socialistas apuntan a que inicialmente tenían la previsión de ir rápido con las otras dos, pero que al formar parte de los compromisos adquiridos con Bruselas cambiaron de plan y aceleraron la de los residuos.

“No hemos tenido más noticias”, señalan desde uno de los grupos que normalmente apoyan al Gobierno, que necesita tan solo sumar a dos grupos parlamentarios en la Comisión de Transición Ecológica para que esas leyes salgan adelante, ya que PSOE y Unidas Podemos tienen 17 representantes de los 19 que necesitan para la mayoría.