Lo esencial para cerrar el día

El dueño del portal moncloa.com, Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, y el director de Relaciones Institucionales del grupo al que pertenece la publicación, Ricardo Ducazal, han quedado en libertad esta tarde tras declarar como investigados en el caso Villarejo. El juez Manuel García Castellón había citado a ambos como imputados por un delito de extorsión. Escribe Pedro Águeda.

Sus declaraciones se han producido en el marco de una nueva pieza secreta del caso Villarejo que investiga si ambos han utilizado las grabaciones y documentos del archivo del comisario encarcelado para chantajear a personas y sociedades que aparecen en ellos o son aludidas por los mismos, informan fuentes jurídicas. La Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado la adopción de medidas cautelares contra ellos al término del interrogatorio.

moncloa.com es una web que al poco de arrancar comenzó a publicar audio inéditos del comisario Villarejo. En ocasiones, otra copia de esas grabaciones estaba ya en poder de la Audiencia Nacional, por las incautaciones a Villarejo cuando fue detenido y se había abierto una pieza separada para investigarlas. En otras, el portal se adelantaba a la investigación judicial. La última tanda de publicaciones exclusivas, que moncloa.com viene publicando junto a elconfidencial.com, se refiere a los trabajos presuntamente encargados por Iberdrola para perjudicar a sus rivales.

Suárez ha declarado durante más de una hora y ha respondido a las preguntas de los fiscales y el juez excepto las referentes al origen del material publicado, según las fuentes consultadas. La declaración de Ducazal ha durado poco más de diez minutos, añaden.

Alejandro Suárez es propietario del Grupo Merca2 y además de moncloa.com edita la revista Merca2. La Audiencia Nacional ha requerido en varias ocasiones al portal la documentación en su poder procedente del comisario Villarejo. El pasado octubre, el juez García Castellón ordenó que se le entregara el material referente a la relación de los comisarios Villarejo y José Luis Olivera -exjefe de la UDEF- con María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. El magistrado, según informó el propio moncloa.com, pretende ahondar en un posible sabotaje de los aludidos a las investigaciones de corrupción contra el PP Gürtel y Brugal.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha calificado de “demoledora” la sentencia de la Audiencia de Sevilla por el caso de los ERE que condena a seis años de cárcel al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y a nueve años de inhabilitación a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves. Informa Europa Press.

“Aunque tarde, la Justicia va poniendo a cada uno en su sitio”, ha afirmado, en Twitter, el jefe del Ejecutivo cántabro y líder del PRC, partido que gobierna la comunidad en coalición con el PSOE.

En su publicación en esta red social, Revilla señala que la sentencia es “demoledora” contra la “excúpula” del Partido Socialista andaluz y recuerda que la resolución judicial dicta cárcel e inhabilitación para la mayoría de imputados. “Malversaron cientos de millones de euros”, destaca.

¿Se puede? Se puede. Lo hacen en Alemania. Allí, como aquí, la extrema derecha también es la tercera fuerza política del Parlamento. Pero allí, a diferencia de aquí, hay consenso entre conservadores y socialdemócratas. Ni un paso atrás. El acuerdo es para condenarlos al ostracismo, nunca para abrazarlos, auparlos o darles más visibilidad que la que les otorga su representación parlamentaria. La derecha clásica es la más interesada en ello. Escribe Esther Palomera.

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El propietario de los portales informativos Merca2 y Moncloa.com, Alejandro Fernández, está prestando declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción desde las 16.30 horas investigado por un presunto delito de extorsión en relación al contenido que manejan del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo. Informa Europa Press.

Según informan fuentes jurídicas, Fernández está siendo investigado en la macrocausa Tándem por la sospecha de que haya utilizado los audios y documentos de Villarejo que obran en su poder y que periódicamente difunde en moncloa.com para extorsionar a terceros que pudieran verse afectados por sus contenidos.

Además de Fernández, presta declaración en esta jornada Ricardo Ducazcal, director de relaciones institucionales del Grupo Merca2, investigado por el mismo presunto delito de extorsión.

La investigación se sigue en una de las piezas separadas de la causa, que ya cuenta con 18 líneas de distintas de las que cerca de la mitad permanecen aún bajo secreto, como estas diligencias que se siguen en relación al uso que moncloa.com habría dado al material que maneja de fuente desconocida y que forma parte del acervo de decenas de terabytes con audios y documentos intervenidos a Villarejo a su detención en noviembre de 2017.

El PSOE ha sufrido dos muertes políticas en un año: el 2 de diciembre de 2018 perdió la Junta de Andalucía tras casi cuatro décadas en el poder, y este martes ha perdido la legitimidad moral sobre 20 años de gobiernos socialistas, impugnados de golpe por la durísima condena del “gran fraude” de los ERE. Escribe Daniel Cela.

A las 12.58 horas, el servicio de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) envió un correo electrónico a los periodistas que durante un año han cubierto el juicio de la pieza política de los ERE, el mayor caso de corrupción que ha salpicado al Gobierno andaluz y al partido que estuvo al mando de la comunidad durante 37 años: el PSOE. Media hora antes, los 21 acusados, ex altos cargos de la Junta, habían entrado en la Sala de Plenos de la Audiencia Provincial de Sevilla junto a sus abogados y procuradores para recibir en mano el fallo. En la habitación contigua, los periodistas aguardaban ansiosos en la sala de deliberaciones del jurado popular. Un corresponsal de Financial Times había pedido una copia de la sentencia.

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Los procesados que han resultado condenados en el juicio de la llamada pieza política del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos de la Junta de Andalucía dispondrán de un plazo de cinco días para comunicar el posible recurso de casación al Tribunal Supremo (TS) que quieran interponer contra el fallo notificado este martes. Informa Europa Press.

Así se desprende del fallo de la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que se ha dado a conocer este martes y por la que han resultado condenados, entre otros, los expresidentes socialistas del Gobierno andaluz Manuel Chaves -a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación- y José Antonio Griñán, a una pena total de seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial.

En total, 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía enjuiciados en esta causa han resultado condenados, mientras que sólo dos --el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río-- han sido absueltos de todos los delitos que le imputaba la Fiscalía Anticorrupción.

La sentencia, consultada por Europa Press, especifica que “no es firme” y contra la misma “podrán interponer recurso de casación, que deberá prepararse en el plazo de cinco días, a contar desde la última notificación”, que se ha producido este martes.

La defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado un recurso de súplica al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra la decisión pronunciada por el magistrado presidente del órgano, Jesús María Barrientos, de rechazar la presentación de cuestiones prejudiciales al final del juicio al mandatario catalán por presunta desobediencia. Escribe Oriol Solé.

En el escrito de recurso, los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal han alegado que los magistrados del TSJC acordaron el rechazo a las cuestiones prejudiciales prescindiendo “total y absolutamente de las normas de procedimiento causando efectiva indefensión”.

En el juicio, Barrientos indicó a Boye que había hecho un planteamiento “extemporáneo” de las cuestiones prejudiciales y que las debió realizar en el trámite de las conclusiones definitivas, no al terminar su informe, para permitir al resto de partes formular sus alegaciones.

El abogado había pedido al TSJC que planteara cinco cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), referidas a la imparcialidad de los miembros del tribunal que deben dictar sentencia sobre Torra y a la posibilidad de condenarle a una inhabilitación que afecte a su derecho a ser elegido para ejercer cargos europeos.

Además, han indicado que el argumento que expresó el presidente del TSJC durante el juicio fue un “mero pretexto con la única pretensión de vulnerar los derechos” de Torra, ya que, según la defensa, el momento procesal oportuno para el planteamiento de la cuestión prejudicial es una vez concluso el proceso, antes de dictar sentencia, de acuerdo con un Informe del Consejo General del Poder Judicial de 27 de junio de 2014.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha indicado este martes que su partido no busca el apoyo de Ciudadanos al futuro Gobierno de Pedro Sánchez, sino que “no bloqueen, que es distinto”. Informa Europa Press.

En rueda de prensa en la sede del PSOE en Ferraz, a Ábalos se le ha preguntado por qué el día después de las elecciones avanzó que los socialistas iban a buscar el voto a favor de Ciudadanos en la investidura para no depender de los independentistas y luego en su primera ronda de contactos con los partidos incluyó a ERC, pero no a la formación 'naranja'.

“¿Yo dije exactamente eso?”, ha contestado en una primera reacción a la pregunta el también ministro de Fomento, que ha pretendido explicar que lo que quiso decir fue que intentarían que Ciudadanos cumpliera su compromiso electoral de no bloquear. “No estamos planteando que apoyen, sino que no bloqueen que es distinto. Que no bloqueen la situación política, si quieren utilizar el término apoyo será porque apoyen la gobernabildiad, que es justamente no bloquear”, ha argumentado.

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital Cuca Sánchez Álvarez ha explicado que su formación no estará en una mesa sobre menores no acompañados si en ella está Vox para, a continuación, alertar del recorte presupuestario municipal de hasta 70.000 euros en la subvención del programa de Cruz Roja de mediación y atención a estos niños y niñas del centro de Hortaleza. Informa Europa Press.

La edil ha llevado a la comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social unas declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en las que criminalizaba a estos menores tachándoles de delincuentes. Lo ha hecho para instar al delegado del ramo, Pepe Aniorte, a “hablar claro” y que se posicionase sobre ese discurso racista. “¿Está con los niños y niñas migrantes o con quien los criminaliza”, le ha preguntado.

Aniorte, quien ha cargado contra la carga estigmatizante que conlleva la palabra 'menas', cree que “lo que menos necesita Vox es más publicidad”. Haciendo una declaración personal, el delegado ve “con preocupación” y rechaza las declaraciones de Abascal, igual que el uso de la expresión 'menas' porque “el prejuicio racial y xenófobo no cabe en Madrid, una ciudad históricamente abierta e intercultural”.

La dirección de Pedro Sánchez marca distancias con Manuel Chaves y José Antonio Griñán tras la condena por el caso de los ERE. Mientras la federación andaluza ha mantenido la “defensa de la honorabilidad de los expresidentes” Ferraz se ha limitado dejar claro que los hechos no afectan al actual organigrama del partido. “Es un caso que no afecta ni al Gobierno ni a la actual dirección”, se ha encargado de dejar claro José Luis Ábalos, que ha recordado que cuando se produjeron los hechos juzgados, el presidente en funciones era “concejal en la oposición del Ayuntamiento de Madrid”. “Lo que nos puede imputar es haber actuado en depurar las responsabilidades políticas en su caso”, ha dicho el secretario de Organización. Escribe Irene Castro.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que la sentencia del caso ERE, que condena a seis años y dos días de cárcel a José Antonio Griñán y nueve de inhabilitación a Manuel Chaves, entre otros, ha demostrado que “Ciudadanos fue el freno a la corrupción del PSOE”.

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Este año, la tradicional misa por la muerte de Franco y de Primo de Rivera que se celebra cada 20 de noviembre en Madrid también se mudará a El Pardo. Según la recopilación de convocatorias que ha hecho la Fundación Nacional Francisco Franco, la Parroquia de la Inmaculada Concepción acogerá el oficio este 20N, a escasos dos kilómetros del cementerio de Mingorrubio, adonde el pasado 24 de octubre fueron trasladados los restos del dictador tras ser exhumados del Valle de los Caídos. Escribe Marta Borraz.

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Un agente de la Guardia Urbana de Barcelona se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados por presuntamente haber agredido a un ciclista después de un incidente de tráfico cuando el policía, fuera de servicio, se dirigía al trabajo. Una vez trasladado el joven a comisaría de la Rambla, que estaba justo al lado, el acusado le habría propinado varios golpes en la cabeza y la cara, al tiempo que le amenazaba diciéndole “te reviento” y “lo pagarás”. Escribe Pau Rodríguez.

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El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha negado que Pedro Sánchez tenga responsabilidades en el caso de los ERE, del cual se ha conocido hoy la sentencia, puesto que “el señor Sánchez en esa época lo más que pudo ser es concejal en la oposición del Ayuntamiento de Madrid”.

Ábalos ha celebrado la resolución del caso al decir que “afortunadamente ya hay una sentencia y ha zanjado: ”La corrupción, venga de donde venga, lo importante es no banalizarla“ en referencia a las peticiones procedentes de los partidos de la derecha, que han aprovechado la sentencia para responsabilizar directamente al presidente en funciones y pedir su cabeza.

La tarea en el Govern de Lluís Salvadó fue desplegar la Hacienda catalana pero nunca rebasando el marco competencial autonómica. Y en ningún caso participó en la organización o preparación del referéndum. Así lo ha sostenido el exsecretario de Hacienda del Govern y estrecho colaborador de Oriol Junqueras en una declaración como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que se ha alargado tres horas. Escribe Oriol Solé.

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Desde su cuenta personal de Twitter, el líder de los populares, Pablo Casado, ha exigido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que asuma sus “responsabilidades” por la sentencia del caso de los ERE: “Sánchez llegó al poder censurando injustamente a un gobierno honesto. Ahora debe ser coherente y asumir responsabilidades por el mayor caso de corrupción de la historia de España, que ha condenado a dos expresidentes del PSOE y de la Federación que le aupó a la Secretaría General”. Lo cuenta Iñigo Aduriz.

Adelante Andalucía ha asegurado que la sentencia del caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares conocida este martes supone “una enmienda a la totalidad a la forma de gestión poco transparente, manijera y torticera de gobierno socialistas con mayoría absoluta en Andalucía, que han hecho y deshecho a su antojo, en este caso en un tema tan sensible como eran las políticas de ayuda a empresas en crisis”.

Toni Valero, el coordinador general de IU Andalucía y portavoz de la confluencia, ha asegurado que con esta sentencia se cierra “una historia de latrocinio” y un caso “vergonzante para la historia de Andalucía”.

Las peticiones que este martes ha hecho Amnistía Internacional (AI) respecto a los presos independentistas serán asumidas por el Govern como exigencias en una eventual mesa de negociación con el Gobierno central. Así lo ha explicado el conseller Damià Calvet, quien ha valorado el informe de la organización internacional como “muy importante”. “A mi me daría vergüenza estar hoy en la piel del Gobierno español, cuando una organización tan prestigiosa como AI hace este informe tan contundente”, ha asegurado Calvet. Escribe Arturo Puente.

El PSOE andaluz defiende la “honorabilidad” de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán tras la sentencia del Caso de los ERE fraudulentos que condena al primero por prevaricación a nueve años de inhabilitación y al segundo le agrega malversación por lo que falla seis años de prisión. En una comparecencia sin preguntas, el secretario de Organización, Juan Cornejo, ha recordado que los exdirigentes procesados ya “asumieron las responsabilidades políticas” al ser apartados. La dirección de Pedro Sánchez guarda por ahora silencio. Escribe Irene Castro.

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