El Gobierno prepara multas de hasta 30.000 euros para los que paralicen un desahucio
El Gobierno pretende imponer multas de hasta 30.000 euros a quien participe en la paralización de un desahucio. Esta es una de las nuevas formas de protesta ciudadana que pasará a estar tipificada en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, siempre que los trámites pendientes antes de su aprobación no lo impidan.
El borrador que presenta este viernes Jorge Fernández Díaz en el Consejo de Ministros considera falta grave los “actos de obstrucción” a un funcionario o autoridad en la ejecución de una resolución judicial o administrativa. Fuentes de Interior confirman que en este supuesto se incluye la resistencia a que una comisión del juzgado ejecute un desahucio con ayuda de las Fuerzas de Seguridad.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cifra en 825 los desahucios paralizados hasta ahora. A partir del próximo verano, fecha a partir de la cual podría estar en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, todos aquellos que sigan participando en esas acciones de desobediencia civil podrán ser sancionados con multas de entre 1.001 y 30.000 euros.
Las mismas fuentes insisten que la nueva ley castigará aquellas conductas que no revisten la gravedad de delito, para las que está reservado el Código Penal. Se da la circunstancia de que el artículo 544 del Código Penal ya castiga a aquellos que “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.
Sin embargo, fuentes de la PAH aseguran que los jueces se han resistido hasta ahora a aplicar este artículo y que a lo que deben enfrentarse los activistas es a las denuncias de los policías por supuestos atentados a la autoridad o resistencia.
Interior ha evitado incluir los “escraches” como infracción tipificada. Las citadas fuentes del Ministerio aseguran que las infracciones que pueden cometer los participantes en una de estas acciones están dispersadas en distintos artículos del hasta ahora borrador de la ley. Entre ellas, participar en protestas que no han sido comunicadas a la Delegación del Gobierno, lo que constituye una falta leve, castigada con multas de entre 100 y 1.000 euros. Si durante la misma, la Policía considera que alguien ha alterado la seguridad ciudadana, la multa podría ir de 1.001 a 30.000 euros.
Además, la nueva Ley facultará a la Policía para que ubique un cordón de seguridad donde y cuando considere necesario. Esta prerrogativa hará en la práctica que los participantes en el “escrache” no puedan acercarse al objetivo de su protesta.
Protestas ecologistas
Según las explicaciones ofrecidas el viernes por el departamento de Fernández Díaz, algunas protestas ecologistas escaparán, en principio, a las sanciones muy graves. En este apartado, castigado con hasta 600.000 euros de multa, entran las protestas que afecten a “infraestructuras críticas” que describe la Ley 8/2011, pero “siempre que lleven aparejado un riesgo para las personas o un perjuicio para su funcionamiento”.
Será, por contra, una infracción grave, escalar un edificio de un organismo o institución pública sin permiso. Las infracciones graves se castigarán con multas de hasta 30.000. Por tanto, sobrevolar una central nuclear con una avioneta que muestre una pancarta no debería ser una falta muy grave porque no parece que ponga en peligro a las personas que allí trabajan o a la propia instalación. De otro lado, el despliegue de la última pancarta de Greenpeace en el Congreso de los Diputados sí supone una falta grave. La Audiencia Nacional archivó el caso por la citada acción.
Un portavoz del Ministerio aseguró este viernes que la “casuística” resolverá las posibles ambigüedades del texto, es decir, se dejará a la consideración de la Policía, responsable último de la infracción al tratarse de una infracción administrativa. El recurso a los tribunales de lo contencioso-administrativo es objeto de las tasas impuestas en la última reforma del Ministerio de Justicia.
