Nacionalistas vascos y catalanes tienen la llave del adelanto electoral y Moncloa lo reconoce
Nacionalistas catalanes y vascos tienen en su mano la llave de un posible adelanto electoral. De la estabilidad en Catalunya depende, en buena medida, las posibilidades de Pedro Sánchez para mantenerse en el cargo sin hacer una nueva llamada a las urnas. El propio presidente reconoció esta semana desde EE.UU que “si se prioriza el conflicto”, la legislatura habrá terminado.
El PSOE ha iniciado una campaña para poner en marcha su plan económico y presentar unos presupuestos propios al Congreso. Esa decisión, que incluye un recurso al Constitucional frente a los obstáculos parlamentarios de PP y Ciudadanos, tiene por objetivo facilitar las intenciones de Sánchez de agotar su mandato antes de convocar otras elecciones. El Gobierno admite que solo la deriva del conflicto catalán puede torcer sus planes.
Moncloa trabaja para evitar llegar al punto de disolución, con constantes mensajes de empatía hacia el mundo independentista. Si el plan no funciona y Sánchez se ve obligado a convocar los comicios tendrá que consultarlo con el otro polo nacionalista, el PNV. Los acuerdos que propiciaron el apoyo de los nacionalistas vascos a la moción de censura incluían una exigencia clara: el presidente debería hablar con ellos antes de plantear unas elecciones. El PNV se mostró entonces interesado en que el nuevo Gobierno debería aguantar lo máximo posible.
La Constitución asegura que solo el presidente del Gobierno dispone de la prerrogativa para disolver el Parlamento y convocar elecciones. Pese a ello, el Gobierno reconoce la existencia de razones ajenas al jefe del ejecutivo que podrían alterar los planes iniciales de mantenerse en el cargo hasta 2020.
Fuentes del Gobierno se muestran optimistas con respecto a la evolución del conflicto catalán: “Las cosas en Cataluña están mejorando”, asegura uno de los ministros de Sánchez. En el entorno independentista también perciben cambios pero hay desconfianza sobre la voluntad del Gobierno. “Si solo se van a quedar en declaraciones para la galería, no sirve de nada”, afirma una dirigente próxima a Carles Puigdemont.
A las puertas del primer aniversario del 1-O, las declaraciones públicas del entorno socialista han apoyado la idea de que los políticos catalanes presos deberían estar en libertad condicional. Incluso el ministro de Exteriores, uno de los más duros con el mundo independentista se ha pasado al bando de la empatía. “Yo preferiría que estas personas estuvieran en libertad condicional”, aseguró Josep Borrel el 11 de septiembre. Cinco días después, la ministra Meritxell Batet insistía en la idea: “Sería mejor que no hubiera presos porque sería más fácil ese diálogo”. Las declaraciones en el mismo sentido se han sucedido en los últimos días de septiembre con la delegada del Gobierno, Teresa Canillera mostrándose partidaria de indultar a los presos, si finalmente son condenados.
El pasado 23 de septiembre, Pedro Sánchez tomaba las riendas de ese discurso conciliador y abogaba por “dejar a un lado” la vía judicial y “empezar a hablar de política”. En este contexto, el presidente del Gobierno ha deslizado su idea de permitir un referéndum asociado a una reforma estatutaria.
Mientras se suceden las declaraciones, el mundo independentista espera un gesto judicial, como una revisión de la posición de la Fiscalía sobre los graves delitos que se le imputan a los principales líderes del 1-O. En el Gobierno desmienten su intención de usar su jerarquía sobre el ministerio fiscal para cambiar las tornas del juicio en el Tribunal Supremo.
En el seno del Gobierno también hay quien duda sobre algunas consecuencias de la estrategia conciliadora con los políticos presos. En el Consejo de Ministros son conscientes de que las declaraciones de ministras y presidente no han sentado bien en la sala del Supremo encargada de juzgar los hechos del 1-O. “Cada vez que decimos que los vamos a indultar corremos el riesgo de estar animando a los jueces a reaccionar con sentencias más duras”, asegura un miembro del Ejecutivo.
Sin avanzar en la definición concreta del nuevo tono del Gobierno con Catalunya, nadie espera grandes cambios por el momento. El equipo de Sánchez tiene ahora la mirada puesta en la celebración del aniversario del 1-O. “Si esa jornada transcurre con cierta calma, podremos decir que las cosas están cambiando”. Se trata de apuntalar la idea de “desencallar el conflicto” a la que el PSOE se ha entregado sin ofrecer ningún calendario ni objetivos concretos.
Mientras se trabaja en todo ello, el presidente necesita cada uno de los votos que los nacionalistas catalanes le prestaron para suceder a Rajoy. Por el momento, en el Congreso nadie ha puesto en cuestión la permanencia de esos apoyos pero un cambio de relaciones puede hacer saltar por los aires ese equilibrio y forzar el adelanto electoral que el Gobierno del PSOE quiere evitar a toda costa.
