Pornografía infantil e internet: el reto mayúsculo de atajar un fenómeno criminal clandestino y cada vez más sofisticado

A finales del mes pasado, dos hombres de 24 y 50 años fueron detenidos por la Guardia Civil en Madrid y Jaén acusados de corromper a niños de ocho y nueve años a través del popular videojuego Fortnite. Los presuntos pederastas pedían a los menores que les enviaran fotografías de ellos desnudos a cambio de regalos virtuales del propio juego. Es sólo una de las últimas operaciones difundidas por las fuerzas policiales, pero la hemeroteca recoge un goteo de detenidos por toda la geografía por extorsionar a menores y tener o difundir pornografía infantil a través de la red. Y esos son solo los casos que se detectan, pues el gran reto en la lucha contra esta lacra es precisamente hacer aflorar un fenómeno clandestino y cada vez más sofisticado, sostienen los expertos. 

En el caso citado, la voz de alarma surgió del entorno de las víctimas. Los padres de los menores alertaron de que sus hijos estaban manteniendo contacto con un adulto. Sin embargo, muchas de estas conductas nunca llegan a denunciarse. “Particularmente, las de elaboración o distribución de material ilícito porque las víctimas —habitualmente menores de muy corta edad— ni tan siquiera son conscientes de la agresión sufrida”, afirma Elvira Tejada, fiscal de Sala Coordinadora en materia de Criminalidad Informática. Así, lo habitual es que las investigaciones, cuando las hay, se inicien de oficio, ya sea a través del ciberpatrullaje o a partir de avisos de ciudadanos, de cuerpos policiales de otros países o de organismos internacionales. 

Precisamente con el objetivo de sacar a la luz más casos, la nueva ley de infancia —aprobada esta semana— regula de forma específica el deber de cualquier persona física o jurídica de comunicar las autoridades —y, si puede haber delito, a la policía— la existencia de contenidos en internet que constituyan una forma de violencia o abuso sobre los menores a y obliga a las Administraciones Públicas a establecer “canales accesibles y seguros” para ello. La medida llega en plena resaca del incremento de contenido pedófilo en internet como consecuencia del confinamiento de la pasada primavera y la incógnita de cuánto de ese material sigue vagando en la red. 

Según datos del Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil citados por la Fiscalía, los reportes sobre supuesta distribución de material ilícito del National Center for Missing & Exploited Children [una ONG de EEUU a la que están obligadas a dar información las tecnológicas] se incrementaron diariamente en un 449% tras la declaración del estado de alarma y alcanzaron un 730% en el periodo más rígido de confinamiento. Además, la Policía Nacional registró entre el 15 de marzo y el 30 de abril de 2020 un total de 1.732 avisos o denuncias ciudadanas por detección online de material pedófilo, un 352% más respecto a los registrados en el mismo periodo de 2019.

Jorge Flores, especialista en informática y director de la asociación para el uso seguro de internet PantallasAmigas, defiende que “cualquier esfuerzo” es importante para tratar de descubrir este tipo de delitos. A su juicio, el mandato de comunicar cualquier situación de violencia que recoge la nueva ley de infancia es positivo desde dos puntos de vista. “Por un lado, aquellas personas que se topan con material de este tipo se sienten avaladas por esa obligación; y, por otro, ayudará a que más casos dudosos —por ejemplo, de jóvenes que no se sabe si son o no mayores de edad— sean filtrados por aquellas personas que están capacitadas para ello”, sostiene.

La penalista Sara Carou, profesora del Grado de Criminología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), se muestra menos optimista. Recuerda que el deber de denunciar delitos existe desde hace muchos años en la legislación española —la nueva ley se refiere a cualquier contenido que suponga una forma de violencia, sea o no delictivo— y considera “mucho más importante” generar “campañas informativas eficaces para que la ciudadanía sea consciente de la gravedad del problema de la distribución en internet de material pedófilo y generar una conciencia social” al respecto. La llamada ‘ley Rodhes’ también establece que las administraciones públicas desarrollarán campañas de educación, sensibilización y difusión sobre el uso responsable de la red así como de los riesgos de un uso inadecuado. 

Medios complejos

La opacidad que ofrece internet, sumada a la búsqueda incesante de herramientas para permanecer en el anonimato, hacen que estos delincuentes sean especialmente escurridizos. De hecho, los expertos reconocen que, aunque haya quien de la voz de alarma, muchos de esos avisos ni siquiera pueden llegar a materializarse en investigaciones concretas. “En muchas ocasiones se debe a la falta de información suficiente, en otras a la carencia de recursos personales y materiales adecuados para abordar una actividad criminal en continua expansión y que se lleva a efecto por medios de comunicación cada vez más complejos y sofisticados y protegidos con sistemas de encriptación muy difíciles de quebrar”, sostiene la fiscal Elvira Tejada. 

El tráfico de contenidos pedófilos se realiza habitualmente en foros ocultos en la dark web [la internet profunda a la que no se puede acceder a través de buscadores convencionales como Google], mediante sistemas de almacenamiento de archivos en la nube, a través de redes de intercambio P2P o de aplicaciones como Telegram o WhatsApp. También se ha detectado de forma más reciente el uso de los canales de comunicación de videojuegos online como vía para contactar con menores. “Es sencillo. El pedófilo pesca donde puede, donde hay menores y se puede comunicar con ellos. Los videojuegos son un entorno lúdico y distendido donde tampoco es extraño que participen personas de diferentes edades, pero hay que tener las mismas precauciones que en las redes sociales”, afirma Flores. 

“Las oportunidades criminales aumentan exponencialmente en el ciberespacio”, añade Carou, que afirma que la eliminación de las fronteras físicas y cronológicas, el aumento constante de las posibilidades conectivas entre personas y el pretendido anonimato del que gozan los internautas son el perfecto caldo de cultivo para la comisión de delitos. Y advierte: “Los pedófilos de todo el mundo han hecho de internet el mejor medio de comunicación y ensalzamiento de sus execrables prácticas. Antes el contacto entre víctima y agresor se producía en un espacio físico concreto, susceptible de ser detectado por terceros, ahora los pedófilos tienen acceso a los menores desde sus propias casas a través de internet”. 

En 2019, de cuando son los últimos datos publicados por la Fiscalía General del Estado, se iniciaron en España 1.214 procedimientos judiciales por delitos contra la libertad sexual de menores en internet, un 10% del total de ciberdelitos. No obstante, el Ministerio Público advierte de que estas cifras no reflejan en absoluto el volumen de los delitos de esta clase cometidos en la red sino, únicamente, las investigaciones en curso. De ahí que “el número de expedientes se mantenga de una forma estable frente a la evolución real de estas manifestaciones criminales”, dice la Fiscalía en su última memoria.

Las cifras reflejan una tendencia al alza especialmente significativa en las investigaciones sobre el llamado child grooming, un fenómeno delictivo que la Policía Nacional define como el conjunto de estrategias que un adulto desarrolla para ganarse la confianza de un menor a través de internet con el fin de obtener concesiones de índole sexual. Las investigaciones sobre este tipo de acoso—que está en el Código Penal desde 2010— han incrementado un 130% desde 2015, con un total de 225 en el último ejercicio del que hay datos. 

Flores explica que el child grooming puede ser un fin en sí mismo, en el que el depredador sexual busca con esa víctima algún tipo de satisfacción mediante el envío de imágenes o vídeos; pero también puede llegar a buscar un encuentro físico. “Los pedófilos y pederastas consolidados satisfacen su trastorno consumiendo este tipo de imágenes. A veces las buscan directamente utilizando a menores y otras intercambiando o metiéndose en redes en las que, como prueba de entrada, tienen que aportar imágenes”, explica este experto. 

Ante este desafío, la fiscal de Criminalidad Informática considera que es necesaria “una respuesta más contundente del Estado de Derecho que fomente tanto las denuncias como la investigación eficaz de estos hechos”. Con ese objetivo, a su juicio, habrían de combinarse, por un lado, medidas de sensibilización social; y por otro, la dotación a operadores jurídicos [jueces, fiscales, abogados…] y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de una formación más específica en esta materia, y de los medios personales y materiales necesarios para mejorar su capacidad y eficiencia en la investigación. 

También Carou, jurista especializada en especializada en Derecho penal y penitenciario, defiende que un factor relevante para atajar este tipo de criminalidad es dotar de medios humanos y técnicos suficientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Fiscalía y a los jueces. “Son mucho más importantes las acciones concretas que las declaraciones vacías de contenido incluidas en normas legales”, sostiene. Y apunta también a la “rigidez” de la tipificación de las conductas y los medios de investigación pensados para un mundo offline como una de las causas de la ineficacia del sistema penal español en la contención de este fenómeno criminal. “Por desgracia, los recursos son limitados y las investigaciones se acaban centrado en los casos más evidentes. Sin duda hay una gran carencia en ese sentido”, sentencia Flores.