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PP y Ciudadanos tumban la enmienda con la que el PSOE trata de sortear el veto del Senado a los presupuestos

La presidenta del Congreso, Ana Pastor.

Irene Castro / Aitor Riveiro

PP y Ciudadanos ganan la primera batalla en la guerra por la aprobación de los Presupuestos Generales de 2019. La mayoría conservadora en la Mesa del Congreso se ha impuesto en una votación en la que han decidido por cinco votos frente a los cuatro de PSOE y Unidos Podemos retirar la enmienda con la que los socialistas pretendían eliminar el veto del Senado a la senda del déficit y que es imprescindible para que puedan aumentar la capacidad de gasto para el próximo año. 

Los socialistas recurrieron a un atajo legal para modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que da al Senado capacidad de veto ante la negativa de PP y Ciudadanos a tramitar por la vía de urgencia la proposición de ley que habían registrado el PSOE y sus aliados parlamentarios. La treta de los de Pedro Sánchez fue introducir una enmienda a otra ley orgánica que estaba en tramitación en la Comisión de Justicia para acelerar el cambio legislativo que pactaron Sánchez y Pablo Iglesias como condición básica para sacar adelante las cuentas de 2019.

PP y Ciudadanos se oponen a esa vía parlamentaria con el argumento de que ya hay admitida a trámite una proposición de ley con ese mismo objetivo. La Mesa de la Comisión de Justicia, donde PSOE y ERC tienen mayoría, permitió que siguiera adelante la tramitación con esa enmienda. Sin embargo, en una reunión que se ha prolongado durante más de dos horas, la Mesa que preside Ana Pastor lo ha rechazado. 

PSOE y Unidos Podemos sostienen que el criterio de la Mesa del Congreso no se puede imponer al de la Comisión de Justicia. Ese argumento lo utilizó el PP en el pasado. Pero ahora los posicionamientos han cambiado. PP y Ciudadanos están convencidos de que se puede eliminar la enmienda y que la tramitación siga por la vía de la proposición de ley que fue admitida a trámite el jueves. 

Los socialistas han reclamado un informe de los letrados del Congreso sobre el procedimiento. Unidos Podemos lo ha apoyado. Sin embargo, PP y Ciudadanos lo han rechazado. La derecha parlamentaria sostiene que el PSOE podría haber seguido adelante con la enmienda que introdujo a última hora en la Ley Orgánica del Poder Judicial presentada para dotar de formación en violencia machista a jueces y fiscales si no hubieran presentado una proposición de ley con la que perseguían el objetivo de modificar la ley de estabilidad. 

La izquierda parlamentaria está dispuesta a dar la batalla. El PSOE considera la posición de los conservadores de “arbitraria, inaudita e inaceptable” y solicitará su reconsideración. Además, sostiene que va en contra del criterio que la Mesa ha manejado en otras ocasiones.

Unidos Podemos, que ha puesto como exigencia la modificación de la Ley de Estabilidad para la aprobación de los PGE del año que viene, ha anunciado que estudiarán recurrir al Tribunal Constitucional lo que consideran una “decisión sumarísima” del organismo que preside Ana Pastor. En su opinión, no existe respaldo reglamentario para que la Mesa del Congreso enmiende una decisión ya adoptada por la Mesa de la Comisión de Justicia. Según han explicado Gloria Elizo (Podemos) y Marcelo Expósito (En Comú) a la salida de la reunión “no hay procedimiento legal para una doble instancia”.

La queja del grupo confederal va incluso más allá: “Hay una irregularidad parlamentaria –ha señalado Elizo–. Convocar hoy la Mesa ha sido muy sorprendente”, ha añadido. Pastor ha convocado al máximo órgano de Gobierno con un único punto del orden del día que era abordar el recurso del PP contra la decisión de la Comisión de Justicia de aceptar la enmienda de los socialistas. 

El Gobierno ha admitido que las maniobras de la oposición pueden dilatar la aprobación de los presupuestos. Los conservadores subrayan que ahora la pelota está sobre su tejado y que tendrá que seguir por la tramitación ordinaria de la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria. Esa vía se prolongaría al menos tres meses. 

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