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El PP rechaza reformas “oportunistas” de la Ley del Indulto de 1870, que no es “ni opaca, ni injusta”
El Partido Popular ha rechazado en el Congreso de los Diputados tomar en consideración la proposición de ley formulada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para una reforma “radical” de la Ley del Indulto de 1870, que prohíba su concesión a los corruptos, obligue a motivarlo en el resto de casos y considere vinculante la opinión del tribunal sentenciador.
La coalición de izquierdas ha traído este miércoles a la sesión plenaria una iniciativa, que ha sido bien acogida por grupos como PSOE, UPyD, PNV, ERC, Compromís-Equo o BNG partidarios de dotar de mayor “transparencia” esta prerrogativa. CiU ha discrepado de las medidas concretas planteadas por la Izquierda Plural, aunque ha abogado por abrir un debate “sereno y profundo” sobre esta ley del siglo XIX.
La diputada del PP Pilar Cortés ha admitido que su grupo es consciente de que la normativa vigente es susceptible de ser revisada, sin embargo eso no significa que sea “opaca, arbitraria o injusta”. “Hay que huir del oportunismo político o de casos concretos en favor del interés general”, ha dicho.
La 'popular' ha puesto en cuestión que los grupos califiquen de “imperiosa” la necesidad de revisar esta norma cuando ninguno de ellos lo ha llevado en sus carteles electorales. Además, ha considerado “curioso” que los socialistas no hayan tenido “tiempo” durante sus gobiernos de cambiar un texto, que se remonta a 1870 aunque ha sido posteriormente modificada.
Con todo, Cortés ha reivindicado la medida del indulto como un instrumento “satisfactorio” frente a la aplicación “estricta” del derecho. En su opinión, algunos grupos están recurriendo a este debate bajo “criterios ideológicos y de oportunidad política” y es “llamativo” que lo planteen cuando gobierna el PP.
FALTA DE TRANSPARENCIA Y RAZONES ESPURIAS
El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, ha defendido su iniciativa y ha reclamado abrir un debate sobre una figura que se ha convertido en un auténtico “escándalo” y que, junto a un procedimiento y un Código Penal configurado para “los pobres”, constituye “una suerte de cuarta instancia de ricos, de primera clase”.
Llamazares ha llamado a reconsiderar la institución del indulto en un momento en que los ciudadanos ven con “estupor” y “estupefacción” cómo se indulta a “funcionarios públicos, responsables políticos o exgolpistas” y ha recordado la polémica generada en torno al conductor kamikaze y el banquero Alfredo Sáez.
Si bien ha reconocido su “utilidad” en ciertos delitos contra la salud pública, Llamazares ha advertido de que el porcentaje de los concedidos a los “delincuentes de cuello blanco” es cada vez mayor. “Acebes batió el record mundial con más de 1.400 indultos, pasando de la discrecionalidad a la total arbitrariedad”, ha añadido.
Por todo ello, ha exhortado al Gobierno de Mariano Rajoy a incluir la reforma de la Ley del Indulto en el paquete de medidas encaminadas a luchar contra la corrupción en favor de una regeneración democrática.
El portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia, ha justificado el sí de su grupo a la proposición de ley en la necesidad de dar una “señal” a la ciudadanía de que “de verdad queremos luchar contra la corrupción”. El PSOE, que ya presentó otra iniciativa similar para reformar la Ley del Indulto, ha reclamado que el Gobierno de cuentas cada seis meses a la Comisión de Justicia del Congreso de los indultos que concede.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha calificado de “imperiosa” la necesidad de reformar la Ley del Indulto de 1870 y ha dado su apoyo a la iniciativa de la coalición de izquierdas al considerar que esta norma requiere “un repaso a fondo”. Con independencia a cuál sea el número de indultos, Díez ha criticado que no estén “fundamentados, no sean públicos y no tengan control jurisdiccional”.
Desde el PNV, el diputado Emilio Olabarria ha censurado la “opacidad, la falta de motivación y las razones espurias y bastardas” que son manejadas en el actual y “arcaico” modelo. Además, ha aprovechado para criticar el indulto otorgado a los condenados por el GAL y ha criticado que “ni un solo responsable de esta trama” esté en prisión.
EL INDULTO, PARA LAS FILAS DEL PARTIDO
La diputada de CiU Montserrat Surroca ha discrepado de las medidas propuestas por la Izquierda Plural, aunque ha abogado por abordar una reforma del indulto con “mayor profundidad y consenso” sin salir al paso de casos concretos y que dote de una mayor transparencia a esta institución.
El diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví, ha apoyado un cambio en la normativa vigente ya que los partidos recurren al indulto para perdonar a quienes han sido condenados en sus propias filas. “Cada vez que hay un cambio de Gobierno, llega la fiesta del indulto para los condenados”, ha añadido.
La portavoz del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, ha dado su visto bueno a cambiar la Ley del Indulto, mientras que el diputado de ERC Joan Tardá ha abogado por su “abolición”. “Si tiene que existir queremos que se democratice para que esté en manos del Parlamento”, ha precisado.
