La reforma de la malversación genera discrepancias entre los socios del Gobierno

La posible reforma del delito de malversación en el Código Penal ha generado discrepancias en la mayoría progresista del Congreso que sí apoya derogar la sedición. Varios socios parlamentarios del Ejecutivo como Compromís, e incluso Podemos, muestran abiertamente sus recelos por ajustar un tipo penal especialmente sensible por sus connotaciones políticas desde el punto de vista de la corrupción. Y por eso avisan a Pedro Sánchez pero también a ERC, que reivindica la reforma, de que no están dispuestos a votar a favor de cualquier texto.

Las diferencias existen incluso en el seno del propio socio de coalición del PSOE. El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, evitó respaldar esa reforma y alertó este martes de que se trata de “un tema delicado” que en su partido se disponen a analizar “con mucho cuidado” en cuanto exista una propuesta escrita. “Así como la derogación del delito de sedición es algo claramente positivo, el agravamiento del de desórdenes públicos merece ser estudiado y una supuesta reforma del delito de malversación tiene aristas, como no se le escapa a nadie”, planteó en rueda de prensa. 

El día antes, el presidente de su propio grupo parlamentario y compañero de la dirección del partido, Jaume Asens, sí había defendido rotundamente la reforma de la malversación en la que, según ERC, trabajan el grupo republicano y el PSOE. El también diputado de En Comú Podem definió ese tipo penal como un “cajón de sastre” impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy “para perseguir al independentismo”. “El actual Código Penal no diferencia cuando hay lucro personal de cuando no lo hay, y para nosotros hay una distinción clara”, defendió Asens. “Entiendo que esa es la opinión de En Comú Podem o su opinión personal”, apuntó Echenique. 

Pero los recelos con ajustar el tipo penal de la malversación, que amenaza con penas de cárcel y de inhabilitación a decenas de cargos independentistas que están a la espera de juicio, no acaban en Unidas Podemos. Otro socio parlamentario del Ejecutivo, Compromís, se muestra abiertamente contrario a la reforma. “El tema de la malversación no lo tenemos tan claro porque no está tan claro que se pueda diferenciar el asunto del lucro personal”, dijo Joan Baldoví en el Congreso.

El portavoz valenciano, candidato de Compromís a las próximas elecciones autonómicas y azote de la corrupción del PP durante sus mandatos en la Generalitat, subrayó que, en su opinión, “todos son caudales públicos al fin y al cabo”, y puso el ejemplo de los defraudadores como posibles beneficiarios de la reforma. “Cuando uno se lleva dinero público y lo mete en paraísos fiscales, si no se descubre el dinero habrá complicaciones para demostrar que se ha enriquecido. Es algo que puede plantear muchos problemas y hay que abordarlo con cautela y precaución para que no se acaben beneficiando presuntos defraudadores de dinero público de una reforma que, en principio, a nosotros nos plantea algún problema”, concluyó. 

El resto de socios de legislatura de Pedro Sánchez prefieren mantener la cautela hasta no tener más detalles del planteamiento que saldrá de las conversaciones entre el PSOE y ERC, aunque ninguno defiende la reforma con entusiasmo al margen de los propios republicanos y del PDeCAT. “Hay que ser capaz de desligar un instrumento útil contra la corrupción de un uso punitivo que en ocasiones se ha utilizado para intentar resolver con el Código Penal cuestiones que son de naturaleza política”, se limitó a contestar el portavoz de Más País, Íñigo Errejón. Los aliados vascos tampoco se han pronunciado en público hasta el momento. En el PNV solo apuntan, por ahora, que “resulta difícil” pronunciarse sobre una reforma que aún no se ha detallado y de la que ni siquiera saben “las implicaciones jurídicas que pueda tener”. Una postura similar a la de EH Bildu. 

Una reforma “quirúrgica”

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, admite que el caso concreto de la malversación tiene implicaciones respecto a la corrupción política. “Entendemos las contradicciones”, respondió este martes tras defender que “no tiene sentido que sin haber enriquecimiento personal o estructura de corrupción se condene por malversación a Oriol Junqueras”. Rufián explicó que de lo que trata la propuesta de Esquerra es de que “no se utilice el Código Penal como un castigo ideológico”. Y por eso pidió “ser quirúrgico en la articulación de las enmiendas” para que esa reforma “vaya ligada a lo que significa la sedición”. “No somos sospechosos de querer blanquear ninguna corruptela”, concluyó. 

Aunque en ERC consideran un paso adelante la derogación del delito de sedición acordada con el Gobierno, los de Pere Aragonés están especialmente interesados en que salga adelante la reforma de la malversación, un tipo penal por el que están acusados decenas de cargos públicos independentistas que se enfrentan a posibles condenas de inhabilitación e incluso de cárcel por su participación en el procés. 

Los republicanos tienen claro que la reforma no debe beneficiar en ningún caso a las tramas de corrupción política. Fuentes de la negociación señalan a elDiario.es que precisamente por eso ahora se trata de “hilar muy fino” en la redacción del texto, con algunas ideas que están ya sobre la mesa. Una de ellas es que se rebajen las condenas de malversación asociadas al delito de desórdenes públicos agravados (el nuevo tipo que sustituye a la sedición), en la línea de lo apuntado públicamente por Gabriel Rufián. La otra, que la constatación de que no exista lucro personal pueda servir de atenuante como sirve ya la devolución de lo malversado. 

Desde el Gobierno oficialmente se resisten a admitir que existan negociaciones en marcha con ERC y aseguran que ya han cumplido con su compromiso de reformar el Código Penal en torno al delito de sedición. No obstante, no cierran la puerta a incluir la malversación en la tramitación parlamentaria, para lo que se comprometen “a estudiar todas las enmiendas”.