El Supremo y la Audiencia Nacional se distancian en la causa por rebelión

Dos querellas para una misma causa. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, elaboró dos escritos para iniciar la causa por rebelión, sedición y malversación de fondos contra los responsables del proceso independentista. El Supremo y la Audiencia Nacional, dos tribunales cuyas sedes están separadas por apenas 100 metros, admitieron a trámite las querellas, pero desde el primer momento se han distanciado en la manera de abordar la causa.

El Supremo se ocupa de investigar a los seis miembros de la Mesa del Parlament acusados de “demoler” la Constitución para tramitar las normas que sirvieron de sustento para la organización del referéndum. Su condición de aforados, como miembros de la Diputación Permanente del Parlament, y que sus delitos justifica, según Maza, que sea este tribunal quien asuma esta parte de la causa.

Cinco magistrados decidieron el pasado martes iniciar la investigación contra los seis miembros de la Mesa. En el auto, los jueces deslizaron dudas sobre la causa general por rebelión que les proponía Maza, y apuntaron a que los querellados podían haber cometido tan solo un delito de conspiración, castigado con menos años de cárcel. El auto se limitaba a señalar que había indicios de delito.

Sin dudas en la Audiencia Nacional

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tomó la decisión el mismo día, pero su auto fue muy distinto, por el que iniciaba la investigación contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y 12 exconsellers del Govern cesado. En escrito asumía las acusaciones de la Fiscalía y señalaba que la argumentación de Maza para sustentar el delito de rebelión era “seria, racional y lógica”. No planteaba ninguna duda sobre las acusaciones de la querella.

De hecho, Lamela acordó unir la causa por rebelión a la que ya instruía por sedición contra el ya exmajor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y los líderes de ANC y Òmnium. La jueza de la Audiencia Nacional creaba así la gran causa contra el proceso independentista. Admitidas las denuncias, los dos tribunales concedieron, eso sí, en la fecha para citar a los investigados: el jueves 2 de noviembre.

La premura de la citación generó las primeras quejar de los querellados, que alegaron falta de tiempo para preparar su defensa. Con ese argumento se presentaron los miembros de la Mesa en el Tribunal Supremo, ante el juez que instruye el caso, Pablo Llarena. Este aceptó posponer las declaraciones una semana -sin oposición de la Fiscalía- y dar más tiempo a los abogados para preparar la defensa. Lamela, a quien se le presentaron los mismos argumentos, no aceptó.

“La jueza no quiso aceptar el escrito”

El abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha explicado que un día antes de las declaraciones presentó un escrito en el que pedía a la jueza Lamela que esperara a empezar las declaraciones hasta que hubiera regresado del Supremo, tribunal al que tenía que acudir primero (Van den Eynde también es el abogado de Carme Forcadell) por ser el Supremo una instancia preferente a la Audiencia Nacional.

“La jueza no quiso aceptar el escrito y no me esperó”, ha asegurado Van den Eynde, que ha criticado a Lamela por “montar una ficción” en el auto en el que mandó a prisión a Junqueras y los exconsellers, donde la magistrada indicó que las defensas permitieron que se iniciaran las comparecencias sin solicitar su suspensión.

Se refiere a los dos párrafos que dedica la jueza a esta controversia. Según Lamela, los escritos pidiendo el aplazamiento le llegaron cuando ya había iniciado las declaraciones, y ninguno de los abogados lo pidió oralmente antes de comenzar el interrogatorio. Añade que podrán volver a declarar cuando ya se hayan estudiado la causa, obviando que hasta entonces permanecerán en prisión. “Considero que ninguna indefensión se ha ocasionado a ninguno de los investigados”, escribe la jueza en el auto, anticipándose a posibles recursos.

Amenaza de prisión para la Mesa

Porque el hecho de no haber pospuesto las declaraciones puede motivar que los abogados alegan indefensión de sus clientes para tumbar la causa. El Supremo ya se ha vacunado contra eso, citando a sus investigados para el jueves 9 de noviembre. Tras una semana para preparar el juicio, los seis miembros de la Mesa, encabezados por Forcadell, acudirán a declarar con la amenaza de la prisión provisional dictada contra el Govern.

Contra ellos se esgrimen los mismos delitos -rebelión, sedición y malversación- pero cuentan con un argumento a su favor que ha pesado en la decisión de Lamela: todos se presentarán a declarar. Ya lo hicieron en la primera citación y lo harán en la segunda.

Según el auto, una de las razones para dictar prisión provisional contra Junqueras y siete exconsellers es que su alto poder adquisitivo de los acusados les permite “abandonar el territorio español y subsistir en el extranjero”. “Algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido”, añade en referencia a Puigdemont y los exconsellers que están en Bruselas.

Una vía para recurrir la prisión incondicional

Entre los querellados en el Supremo no hay ningún fugado, pero el horizonte de prisión, que pesa en el riesgo de fuga, es el mismo: hasta 50 años por rebelión, sedición y malversación. La Fiscalía primero, y el juez después, tendrán que valorar si les imponen la misma medida que a los miembros del Govern, o si el alto tribunal toma una decisión menos dura y vuelve a distanciarse de la Audiencia Nacional.

Los fiscales de la Audiencia Nacional -Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira- y los del Supremo -Consuelo Madrigal y Fidel Cadena- han mantenido varias reuniones para coordinarse de cara a la causa.

En caso de que los fiscales del Supremo opten por pedir tan solo una fianza para los miembros de la Mesa, se abrirá la vía para que los miembros del Govern enviados a prisión reclamen el mismo trato. Y en ese caso será difícil justificar que se imponga prisión incondicional a unos, y con fianza a otros, si están acusados de los mismos delitos, aseguran fuentes de la Fiscalía General del Estado.