Mariano Rajoy ha esperado 18 días desde la entrada en vigor para formalizar ante el Tribunal Constitucional el recurso que impugna el euro por receta en la Comunidad de Madrid. El alto Tribunal tampoco tiene tanta prisa como los enfermos madrileños, y esperará al menos hasta el pleno de la semana que viene (sólo se reúne cada 15 días) para ordenar la paralización inmediata del tasazo.
Todo estos formalismos, unidos a la escasa premura con la que ha actuado el Ejecutivo de Rajoy y al empeño recaudatorio de Ignacio González, implican que los madrileños que necesiten medicamentos prescritos por médicos de la Seguridad Social llevan 22 días pagando una tasa amenazada de inconstitucionalidad desde el día de su entrada en vigor. El tasazo será legal al menos siete días más.
El Tribunal Constitucional no tiene mucho que pensar para suspender la aplicación en Madrid de la misma tasa que el pasado 15 de diciembre impugnó en Cataluña. Los argumentos del Gobierno son los mismos y la respuesta del Estado de derecho debe ser idéntica.
El Gobierno central, que ya tenía redactado el recurso contra el euro catalán, tampoco tiene mucha disculpa para haber esperado hasta el pasado viernes para impugnar el euro madrileño. Es cierto que hasta el jueves no tuvo el preceptivo informe del Consejo de Estado para apoyar su recurso... pero es que no lo había solicitado hasta el lunes anterior. Los madrileños llevaban dos semanas pagando.
Ignacio González sabe desde el 1 de enero que su nuevo impuesto a la enfermedad tiene un recorrido muy escaso, pero eso no le ha llevado a renunciar a aplicarlo o a suspenderlo. Ha preferido seguir recaudando hasta que el Constitucional le obligue a dejar de hacerlo. En las casi tres semanas que lleva cobrándose en las farmacias de la Comunidad, el Gobierno de González ha ingresado cerca de 5 millones de euros por recetas.
No consta que ni Ignacio González ni Artur Mas vayan a devolver a los madrileños y catalanes el dinero recaudado por este concepto.