El Defensor del Pueblo inicia una investigación de la tragedia de Melilla tras la denuncia de varias asociaciones

La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que “ante la inmigración ilegal hay que ser muy contundentes en todos los ámbitos”. Así lo ha expresado en una entrevista con el diario El Mundo, en la que ha añadido que “detrás hay unas mafias que están jugando con las vidas de las personas, unas mafias absolutamente crueles y organizadas”. “La inmigración ilegal, como ocurre con la expansión del yihadismo y también con la influencia y la incidencia del cambio climático, es una valoración que hay que tener en cuenta”, ha comparado la ministra.

Robles ha defendido que “no podemos olvidar la situación que está viviendo África en este momento, no solamente con una hambruna tremenda sino sobre todo y, lo que es más importante, la expansión rusa en África, el desarrollo que se está incrementando, tremendamente, del integrismo, el terrorismo yihadista y la inmigración ilegal”.

Las fuerzas de izquierdas, incluido Podemos, reclaman una investigación independiente sobre la actuación policial en el salto que acabó con la vida de 37 personas. El PP y varios de los socios habituales de la coalición han reclamado la comparecencia del presidente en el Congreso, Pedro Sánchez, que ha evitado en todo momento pronunciarse sobre la vulneración de derechos humanos y se ha referido al salto como un “asalto violento”. Lo previsible es que los partidos fuercen esas explicaciones en el Parlamento, como sucedió a raíz del giro sobre el Sáhara y el posterior acuerdo con Marruecos, aunque el Gobierno puede dilatarla en el tiempo. 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha censurado este lunes al PP por plantear “dudas de la fortaleza democrática” al denunciar el “asalto institucional” que, según este partido, se está llevando a cabo en la empresa Indra y otras instituciones como el CIS o el INE.

“El PP con Feijóo parecía que iba a cambiar, a tratar de no contaminar a las instituciones públicas y no generar dudas, pero a día de hoy no ha dado ningún paso para renovar el Consejo General del Poder Judicial”, ha recordado.

Grande-Marlaska ha reaccionado de esta forma al ser preguntado, tras visitar el centro de mando policial para la cumbre de la OTAN, por las declaraciones del vicesecretario del PP, Esteban González Pons, quien ha denunciado el “asalto institucional” del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a Indra y el Instituto Nacional de Estadística (INE) tras perder las elecciones andaluzas.

“Ahora ya pone en tela de juicio el sistema y el proceso electoral”, ha censurado en referencia al PP Grande-Marlaska, que ha añadido que más que tristeza las declaraciones del dirigente del PP le parecen “preocupantes”. “Dudar de la firmeza y fortaleza democrática de nuestro país de un partido que quiere ser alternativa de gobierno me parece de una gravedad manifiesta”, ha añadido.

En concreto, González Pons ha explicado que “el CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo e Indra cuenta los votos”. El portavoz del PP ha dicho que confía “plenamente en los profesionales de estas tres instituciones”, aunque “no en la voluntad de Sánchez cuando busca controlar” esos órganos.

Informa Europa Press.

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El PNV ha pedido este lunes que se aclaren y, en su caso, se depuren responsabilidades por el fallecimiento de “varias decenas” de marroquíes el viernes pasado intentaban saltar la valla de Melilla, con el objetivo de que no vuelvan a repetirse hechos similares.

La senadora jeltzale Maribel Vaquero ha reclamado que se adopten medidas para que no se repitan hechos similares y ha abogado por “una Europa más humanitaria” para “que las fronteras no se conviertan en el trágico final de un viaje de terror”.

Vaquero ha realizado estas demandas en la comparecencia de la representante en España de ACNUR en la Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia, y en la Comisión Mixta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La representante del PNV ha recordado los muertos que se registraron tras el intento de saltar la valla de Melilla por parte de Subsaharianos, que las autoridades marroquíes han cifrado en 23, pero las organizaciones humanitarias elevan a 37.

Maribel Vaquero se ha sumado al llamamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados a la comunidad internacional a que se refuerce el acceso a vías alternativas seguras para evitar que los migrantes recurran a vías peligrosas, y reducir, de esta forma, el riesgo de que se repitan episodios como los del pasado viernes.

Informa Europa Press.

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro (Grupo Mixto), ha señalado este lunes que las imágenes vistas tras la muerte de decenas de subsaharianos en el lado marroquí de la valla de Melilla “son cruentas y dramáticas”, expresando al mismo tiempo que lamenta “profundamente las muertes”: “Es un drama humano lo que ha sucedido”.

En rueda de prensa, Eduardo de Castro ha subrayado, no obstante, que no pueden “contener a unas personas que vienen en algunos casos de forma muy violenta sin nada”, señalando que unos 50 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil resultaron heridos.

“Cualquier manifestación en España, la Policía antidisturbios actúa, pero como siempre con proporcionalidad”, como demostraría el hecho de que el suelo español no se produjo ningún fallecimiento, según ha defendido.

Eduardo De Castro ha explicado que “los migrantes huyen de una situación dramática de miseria, de persecuciones, de guerras y buscan una salida a esa situación, pero hay que dejar un mensaje claro: los asaltos masivos a la valla a la valla de Melilla no pueden ser la solución a esta situación dramática”. “Entre otras cosas -ha añadido- porque las fronteras tienen que estar guardadas y no pueden ser violentadas” .

La primera autoridad melillense ha admitido que la ciudad española del norte de África “tiene un problema”, porque “es frontera de Europa y por eso Europa tiene que mirar a su frontera sur”.

Con información de Europa Press.

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El consejo de Ministros ha acordado este lunes el nombramiento de José Fernández Albertos como director general de Ordenación de la Seguridad Social en sustitución de Borja Suárez.

Fernández Albertos es científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde septiembre de 2009 y en 2020 se incorporó como vocal Asesor al Gabinete del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Es licenciado en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard.

Antes de incorporarse al CSIC, fue profesor en el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals de 2007 a 2009, y ha impartido clases en varias universidades españolas y extranjeras.

Fernández Albertos también ha participado en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre la relación entre instituciones políticas domésticas, integración supranacional y políticas económicas y relacionadas con el estado del bienestar.

Borja Suárez, por su parte, se convierte en el nuevo secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha tachado este lunes de “insulto para las mujeres” la aprobación del proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que despatologiza a las personas trans al eliminar la exigencia de un informe médico para que estas puedan cambiar su nombre en el Registro Civil.

“En España las personas trans podían ya hacer un cambio de sexo, reconocido desde hace muchos años. Es la nueva agenda de la izquierda para confundir, enfrentar y generar una pérdida de identidad y es un insulto para las mujeres que tanto han luchado por sus derechos. ¿Qué va a pasar con el feminismo tradicional? Ya no existen ni mujeres ni hombres”, ha lamentado Monasterio en una entrevista con 'Okdiario TV'.

A su juicio, con la nueva normativa aprobada este lunes por el Consejo de Ministros la identidad “desaparece totalmente”. Es ahora cuando considera que “deberían estar en la calle todas las feministas del PSOE”. “Es una bofetada a toda esa lucha, es una barbaridad y va a generar muchísimos problemas”, ha vaticinado.

La líder de Vox en Madrid ha aprovechado también para volver a insistir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en que retire la Ley Trans de 2016. De hecho, ha avisado de que si llegaran a gobernar derogarían “cualquier ley que no respete una biología y que la voluntad esté por encima de la realidad biológica”.

Con información de Europa Press.

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La Fiscalía marroquí ha imputado a 32 personas de origen subsahariano detenidas el pasado viernes durante el intento de acceso a Melilla por parte de una multitud de migrantes. Les acusa de delitos de tráfico de seres humanos, secuestro de un agente marroquí para usarlo de rehén, incendio, violencia e injurias contra la policía.

Según informaron a Efe fuentes jurídicas, se trata de 31 personas mayores de edad y un menor, que han pasado este lunes a disposición del fiscal general del Tribunal de Apelación de Nador, localidad fronteriza con Melilla, que ahora tiene que decidir sobre su ingreso en prisión. También han comparecido otros 33 detenidos ante la Fiscalía del tribunal de primera instancia, a los que se imputan delitos menores.

A los 32 detenidos con delitos más graves se les atribuye “organizar y facilitar la entrada y salida clandestina de personas hacia y desde Marruecos de forma habitual” –lo que eleva el delito a la categoría de tráfico de personas–, así como el supuesto secuestro y retención de un agente de las fuerzas públicas para usarlo como rehén, provocar un incendio en el bosque donde se encontraban los migrantes e injurias y violencia contra los agentes marroquíes.

37 personas murieron este viernes en su intento de saltar la valla de Melilla, mientras que más de 70 resultaron heridas. Las fuerzas de seguridad practicaron devoluciones en caliente y la policía marroquí agredió a algunos de los migrantes

Credit Suisse ha sido condenado por el Tribunal Penal Federal de Suiza al pago de una multa de 1,9 millones de euros por las deficiencias detectadas en los mecanismos de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales en relación con las actividades desarrolladas entre 2007 y 2008 por una organización criminal búlgara.

En el caso de la entidad, el Tribunal encontró deficiencias tanto en lo que respecta a la gestión de las relaciones con la organización criminal, como en lo que respecta al seguimiento de la implementación de las normas AMLA (anti-lavado de dinero) por parte de la institución, el servicio legal y el departamento de cumplimiento.

“Estos fallos permitieron retirar los activos de la organización criminal”, ha indicado el Tribunal para justificar la multa impuesta a Credit Suisse.

Asimismo, ha justificado una reclamación de compensación por parte de Credit Suisse de más de 18 millones de euros, el monto de aquellos activos que no pudieron ser decomisados por deficiencias internas de Credit Suisse.

Por otro lado, ha condenado de forma condicional a una exempleada de Bank Credit Suisse a 20 meses de prisión y a pagar una multa por blanqueo de capitales cualificado al considerar que la extrabajadora, a cargo de las relaciones con los clientes de la organización criminal en cuestión, ejecutó órdenes de transferencia o las hizo ejecutar entre julio de 2007 y diciembre de 2008 por instrucciones del cliente, aunque existían sospechas sobre el origen delictivo de los fondos.

A través de estas órdenes, que en su mayoría se referían a transferencias internacionales, contribuyó a que la organización criminal pudiera evadir más de 18 millones de euros, señalan las autoridades helvéticas.

El Tribunal ha rebajado las sanciones debido a que las infracciones se cometieron hace mucho tiempo y sobreseyó el proceso respecto de alegaciones individuales, ya que el plazo de prescripción había expirado al momento de la sentencia.

Por otro lado, ha ordenado la confiscación de casi 12 millones de euros en activos mantenidos en las cuentas de la organización criminal en Credit Suisse.

Con información de Europa Press.

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pedido este lunes la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la “masacre de la valla de Melilla” de este fin de semana, donde “37 personas han perdido la vida”.

“Marlaska no puede seguir siendo ministro, cuando es responsable de la muerte de estas personas en nuestras fronteras”, ha sostenido Teresa Rodríguez en un comunicado al hilo de lo sucedido el pasado viernes tras un intento de salto a la valla de Melilla.

La también parlamentaria electa por la provincia de Cádiz en los comicios del pasado 19 de junio ha reclamado “una condena firme por parte del Gobierno” de Pedro Sánchez, al tiempo que ha criticado que “hasta ahora, su posición lamentable ha sido la de agradecer el trabajo de Marruecos”.

La portavoz de Adelante Andalucía ha sostenido que “haber externalizado nuestras fronteras nos está saliendo muy caro”, y ha criticado que “tenemos un Gobierno que está mirando para otro lado ante la violación de derechos humanos, que tiene muertos a sus espaldas y que ha traicionado al pueblo saharaui para esto”.

Con información de Europa Press.

Ya es oficial. La Comisión de Sanidad ha aprobado en la tarde de este lunes el dictamen por el que valida el documento de propuestas elaborado por la subcomisión al objeto de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal. El texto ha sido aprobado con los votos de PSOE, Podemos, PNV, Cs y PDECAT y el rechazo de PP y Vox.

En la práctica esto significa que el Gobierno tiene ahora seis meses para preparar las recomendaciones y guías tras el dictamen final y elaborar un programa de dispensación de cannabis medicinal que especifique quién podrá acceder a él, qué soluciones se permiten (fórmulas magistrales, medicamentos, preparados específicos) y dónde se dispensarán, entre otras.

Las asociaciones de pacientes se han felicitado por lo que parece el final de un camino que empezó hace casi una década. En estos años, España se ha convertido en una anomalía europea por no tener un programa de dispensación de cannabis medicinal. “Esperamos que el cannabis medicinal empiece a distribuirse a los pacientes en España antes de final de año”, valoran desde el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM). “Estamos atentos/as a lo siguientes pasos y mantener reuniones con los diferentes grupos parlamentarios con el objetivo de que la regulación sea una realidad y además lo más garantista y justa posible con aquellas personas que necesitan esta medicación para seguir con sus vidas. El dolor no espera”, han indicado.

Informa Daniel Sánchez Caballero.

· El Congreso da su primer visto bueno a la regulación del cannabis medicinal

ERC, EH Bildu, Junts, PDeCat, CUP, BNG, Compromís y Más País han registrado este lunes las solicitudes de comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, “para dar explicaciones en relación con las vulneraciones de derechos humanos por parte de las autoridades migratorias del pasado 24 de junio de 2022 en la frontera entre Nador y Melilla, donde al menos 37 personas fueron asesinadas y decenas de ellas víctimas de una grave actuación policial que causó decenas de heridos”.

Los firmantes consideran a Sánchez y a Marlaska como “responsables” de los hechos y señalan que la tragedia es una “consecuencia de las políticas migratorias de la Unión Europea y el nuevo acuerdo entre el gobierno de España y de Marruecos”. Con la iniciativa se oponen, además, a las declaraciones de Pedro Sánchez del pasado viernes, cuando el jefe del Ejecutivo cerró filas con la actuación del Ejército de Marruecos.

Escribe Iñigo Aduriz.

· Clamor a la izquierda del PSOE para que se investiguen las muertes en Melilla

El PP señala al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la muerte el pasado viernes de varias decenas de personas en el lado marroquí de la frontera de Melilla durante un intento de salto masivo de la valla que separa el país africano del territorio español. En una declaración institucional aprobada por el Comité de Dirección que preside Alberto Núñez Feijóo, el partido exige “al Gobierno central mayor previsión de las circunstancias que pueden producirse en la frontera”, apunta que “la concentración de migrantes vivida este fin de semana en Melilla demuestran que la seguridad y control migratorio no se han consolidado” y concluyen que “con una acción temprana, no se habría producido tal concentración de migrantes en la frontera ni se habrían atrevido las mafias a promover una nueva entrada masiva en territorio español”.

En el texto apenas se menciona a Marruecos. Dos veces aparece el país en la declaración. La primera, para “alentar a los gobiernos de España y Marruecos a colaborar en la previsión y las alertas tempranas para que esta situación no vuelva a repetirse”. La segunda, de forma indirecta al exigir que Sánchez explique “el estado de la política de cooperación con Marruecos en materia de seguridad”.

Pero ni una mención a la policía marroquí o al rey de Marruecos, Mohamed VI. El documento asegura que es “incomprensible y que el Gobierno central obliga a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a trabajar en condiciones precarias”, y apunta a “las mafias” por organizar un “asalto violento”. Exigimos al Gobierno mayor previsión de las circunstancias que pueden producirse en la frontera“, dice la declaración, que apunta otra vez a que el ”asalto masivo“ se produjo porque ”en el lado español de la frontera no había suficiente presencia y esa desprotección era conocida“.

El PP pide la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que dé explicaciones. “Qué estaría diciendo si fuera un presidente español”, ha asegurado este lunes el portavoz del PP, Esteban González Ponz, quien ha añadido inmediatamente: “No quiero hacer demagogia”. Minutos después, ha asegurado que “el Gobierno y la OTAN copian la frase del pacto de Estado propuesto por el PP”, al ser preguntado por la introducción en los documentos de la cumbre que la Alianza Atlántica celebra esta semana en Madrid que la organización defenderá “la soberanía e integridad territorial”.

Informa Aitor Riveiro.

· Los sudaneses que lograron saltar la valla de Melilla: “La policía marroquí nos ha pegado y ha matado a nuestros amigos”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha lamentado este lunes el fallecimiento de al menos 37 migrantes el pasado viernes en la lado marroquí de la valla de Melilla, pero ha recalcado que ningún país puede tolerar ataques violentos en sus fronteras.

En declaraciones a la prensa, Marlaska ha subrayado que el Gobierno de coalición viene trabajando desde hace cuatro años en el “complejo” tema de la inmigración y ha incidido en las críticas lanzadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las mafias que actúan en este ámbito.

Con información de Europa Press.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha pedido este lunes una “investigación independiente” para esclarecer lo ocurrido el pasado viernes en la valla de Melilla en la que, por el momento, y según distintas ONG, fallecieron 37 personas.“ Como demócratas y como personas estamos horrorizados. Hay que ayudar a las familias, a identificar los cadáveres, que se les dé una sepultura digna y que se produzca una investigación independiente para que esto no vuelva a pasar a las puertas de nuestra frontera”, ha asegurado Echenique en la Cámara Baja.

Sin entrar a valorar las palabras de Pedro Sánchez sobre la tragedia, Echenique ha asegurado que sí “está habiendo conversaciones entre el Ministerio de Derechos Sociales” que encabeza la líder de Podemos, Ione Belarra, con Exteriores e Interior. Y ha insistido en confesarse “en shock” después de haber visto las imágenes y vídeos del suceso. A su juicio, “es indispensable que se investigue hasta el fondo de la cuestión”. “Como demócratas y defensores de los derechos humanos y como personas, debemos hacer todo lo posible para que esto no vuelva a pasar”, ha remachado.

Lo cuenta Iñigo Aduriz.

Clamor a la izquierda del PSOE para que se investiguen las muertes en Melilla

La sala de gobierno del Tribunal Supremo se ha dirigido de nuevo al Consejo General del Poder Judicial para alertar, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, del peligro de colapso que corren varias de sus salas ante el bloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

La sala de gobierno que preside Carlos Lesmes se ha dirigido al Consejo, que también preside Lesmes, para que transmita a Congreso y Senado su “honda preocupación” porque la falta de renovación del organismo y la prohibición de realizar nombramientos crea una “situación que, de continuar, será insostenible”.

El mandato del actual Consejo General del Poder Judicial caducó a finales de 2018 y tres años y medio después el Partido Popular sigue sin negociar la renovación, bloqueando el nombramiento de nuevos vocales en este organismo. El Gobierno sacó adelante una reforma para que el CGPJ no pudiera seguir haciendo nombramientos en altas instancias judiciales mientras tuviera el mandato caducado.

Una situación que, a medida que se suceden las jubilaciones de magistrados, afecta a la capacidad de trabajo de las salas, especialmente la de lo contencioso-administrativo. “El paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas merma la capacidad del Tribunal Supremo de cumplir la función que la Constitución y las leyes le encomiendan y en no mucho tiempo supondrá dificultades extraordinarias para su funcionamiento”, explica en un nuevo comunicado.

Informa Alberto Pozas.

El grupo que lidera en el Ayuntamiento de Madrid Rita Maestre lleva mañana, martes, ante el Pleno municipal una moción de urgencia para advertir del peligro que supone para todas las mujeres la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que eliminó la protección federal del derecho al aborto establecida en 1973. La sentencia afecta a un total de 26 Estados con gobiernos republicanos que podrían legislar en contra del aborto en los próximos meses, afectando a 36 millones de mujeres.

Por este motivo, en su moción, Más Madrid alerta de que “debemos mantenernos vigilantes ante la amenaza que suponen las políticas de gobiernos fanáticos, ultraconservadores y de extrema derecha que, en cualquier momento, pueden poner en riesgo los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI+ o de la población migrante”. “Esta sentencia –recuerda el principal grupo de la oposición madrileño– es el resultado de las políticas fanáticas de un presidente que gobernó Estados Unidos, solo pensando en una parte del país: los hombres blancos ricos. Ya en su campaña, Donald Trump, prometió que nombraría magistrados del Supremo que revirtieran la doctrina sobre el aborto. Y así lo hizo”.

Por ello, en primer lugar piden que “el Ayuntamiento de Madrid muestre públicamente su solidaridad con las mujeres estadounidenses que se verán afectadas por esta sentencia y condene las consecuencias que se derivan para ellas”.

Además, en segundo lugar, y más importante, solicitan que “el Ayuntamiento de Madrid inste al Gobierno de España a que inicie una reforma constitucional para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres en nuestro principal texto legal”, con el fin de que no ocurra lo mismo que en Estados Unidos y en nuestro país se blinde ese derecho.

Escribe Carmen Moraga.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos revoca la histórica sentencia que garantizaba el derecho al aborto

Comienza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Comparece la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, acompañada de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y de la titular de Igualdad, Irene Montero.

El Ayuntamiento de Madrid ha cedido unos terrenos en el distrito de Arganzuela a una empresa privada para organizar Sportscamp 2022, un campamento que ha impulsado una asociación ultracatólica, según ha adelantado el diario Público este lunes. El campamento se va a celebrar entre el 26 de junio y el 1 de julio en el centro deportivo municipal La Fundi, ubicado en el distrito madrileño de Arganzuela, y sus organizadores segregarán a los asistentes por sexos.

Según la información de este diario, “de las 14.890 plazas de campamentos que ofrece el Ayuntamiento, 1.020 se han ofertado para Arganzuela para alrededor de 16.888 niñas y niños de entre 3 y 17 años viven en el distrito. Estos campamentos se celebrarán entre las fechas del 27 de junio al 2 de septiembre en los colegios Unamuno, Tomás Bretón y Legado Crespo. Un total de plazas que se repartieron por sorteo y que ya están totalmente cubiertas y con lista de espera”.

La convocatoria no se hizo pública para que pudieran concurrir otras asociaciones o entidades, porque, según el consistorio, se trata solo “de una solicitud de espacio, no de una iniciativa de la Junta de Distrito de Arganzuela”. 

Tanto Más Madrid como el PSOE han considerado esta cesión “a dedo” “una vergüenza” y critican que Almeida consientan que se prive a todos los niños madrileños de realizar actividades deportiva para favorecer a una entidad privada ultracatólica.

Informa Carmen Moraga.

El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra se ha mostrado crítico con el Gobierno por generar inestabilidad con la relación entre los dos socios. En una entrevista en Onda Cero, ha asegurado que la gente tiene la sensación de “un Gobierno contra su propio Gobierno”. “Hablo de una estabilidad más intangible, tenemos una Cumbre de la OTAN y tenemos manifestaciones del Gobierno contra su propio Gobierno. De esa estabilidad no tenemos nada”, ha asegurado.

Guerra también ha cuestionado el liderazgo de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Así, ha mencionado que se quedó “de piedra” tras visualizar un vídeo en el que la dirigente de Unidas Podemos habla de “la patria y la matria”. “¿Y esta persona quiere liderar algo en España. No, esta persona es un bluf?”, ha apuntado.

Con información de Europa Press.