La asociación ha denunciado que el Gobierno español “no sólo ha mentido y facilitado informaciones confusas” sino que además tampoco ha adoptado las medidas requeridas por la juez Servini e Interpol Argentina.
Recuerdan que la magistrada que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires ordenó el pasado 30 de octubre la inmediata detención preventiva con fines de extradición de 20 personas imputadas por genocidio y crímenes de lesa humanidad, aunque una de ellas el ex ministro Antonio Barrera de Irimo falleció el pasado septiembre.
Sin embargo, ha destacado que el Gobierno español ha ofrecido informaciones “confusas y desconcertantes”, sin ejecutar “las órdenes de detención con fines de extradición que han sido cursadas vía Interpol-Argentina”. De esta forma, las víctimas le han acusado de incumplir “gravemente” la obligación de poner a disposición judicial a los acusados, de conformidad con los artículos 8 de la Ley de Extradición Pasiva española y 24 del Tratado Bilateral de Extradición Argentina-España.
El artículo 8 de la ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva, establece que una vez cursada y recibida la orden de detención preventiva, por parte de las autoridades competentes se debe proceder a la detención de los reclamados, poniéndolos a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional de guardia en un plazo no superior a 24 horas. “Nada tiene que hacer la Fiscalía de la Audiencia Nacional en esta etapa del procedimiento”, ha dejado claro.
Estas disposiciones, aplicables a quienes son perseguidos por la comisión de cualquier tipo de delito, coinciden con lo establecido en el artículo 24 del Tratado bilateral de Extradición y Asistencia Jurídica en materia penal suscrito en 1987 entre España y Argentina. “Cuánto más deben ser escrupulosamente respetadas cuando, como en este caso, se deben a aplicar a responsables de crímenes contra la humanidad. Y sin embargo, como se ha visto, están siendo flagrantemente vulneradas”, ha concluido.
EL GOBIERNO RECUERDA ANTE LA ONU A OTRAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL
Por otra parte, el Gobierno ha negado ante la ONU que los jueces españoles se limiten a archivar sin más las demandas de las víctimas del franquismo que solicitan noticias sobre el paradero de los familiares ya que ofrecen la vía de lo Contencioso-Administrativa.
En una respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, destaca que la reconciliación se encontró en España “a costa de renunciar a la justicia penal” y defiende la Ley de Amnistía de 1977, apuntando que el propio PCE propuso una amnistía general para ambos bandos.
Así figura en la respuesta de la embajadora Representante Permanente de España ante la Oficina de Naciones Unidas Ana Menéndez al Relator Especial sobre el derecho a la verdad, justicia y reparación, Pablo de Greiff, a quien acusa de “olvidar” a una parte “significativa” de víctimas de la Guerra Civil que considera que el “mayor triunfo” ha sido la consolidación de la democracia.