La Junta de Andalucía pospone el deslinde que dejaba en manos privadas tres cuartas partes de la Vereda de Salteras
La Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha resuelto retrasar seis meses el procedimiento de deslinde de la vía pecuaria Vereda de Salteras a su paso por el término municipal de Guillena atendiendo a las alegaciones de los agentes sociales.
La propuesta de deslinde que realizó el Gobierno andaluz suponía dejar tres cuartas partes del trazado de la Vereda de Salteras en manos privadas, e incluía un error: la modificación del trazado original para superponerlo al emplazamiento de la antigua línea del ferrocarril de Minas de Cala a San Juan de Aznalfarache, donde la Junta de Andalucía no tiene competencias, ni la titularidad de los terrenos.
En una resolución fechada el pasado 22 de septiembre, la Consejería ha dispuesto frenar la propuesta de deslinde que realizó la Delegación Territorial en Sevilla “vistas las alegaciones presentadas durante el trámite de exposición y audiencia pública”.
El Gobierno andaluz sostiene que “resulta necesario realizar modificaciones sustanciales respecto al trazado inicialmente propuesto” para habilitar “la opción de alegar sobre la base de un deslinde cierto”.
Sobre una parcela del Estado
Agentes sociales diversos que van desde clubes deportivos o asociaciones locales, aunados en la asociación caminera Asedeca -integrada en la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos en Andalucía, la asociación Andalus para la supervivencia de la Naturaleza y el Medio Ambiente, o Ecologistas en Acción- alegaron el proceso de deslinde propuesto para la Vereda de Salteras tras detectar irregularidades y errores que debían enmendarse.
Así, las entidades expusieron que si prosperaba la propuesta de la Junta de Andalucía se acometería una reducción de hasta el 73% de los terrenos que históricamente ocupa la vía pecuaria Vereda de Salteras, así como la modificación de su trazado para llevarlo a 200 metros del original y superponerlo al del antiguo tren minero de Cala. Una parcela, la del ferrocarril, que es de titularidad del Estado, y que el deslinde había obviado, pese a suponer una modificación de trazado no informada.
Vías pecuarias, vías de dominio público
La propia administración expuso que el trazado intervenido se encontraba en un 70% usurpado. En las alegaciones, las organizaciones expusieron que la medida favorecía “a los intereses de las fincas usurpadoras de las vías pecuarias, que son bienes de dominio público inalienables, imprescriptibles e inembargables conforme a la Constitución Española”.
Al mismo tiempo, reclamaron que la reducción del trazado se proponía sin considerar los usos ligados a las vías pecuarias: para el tránsito ganadero y agrícola, turístico-recreativo, y también como enlace de espacios protegidos generadores de biodiversidad y corredores de fauna y flora salvaje entre el Guadiamar y Doñana. Por ello, defendieron que se preserven los terrenos de dominio público y se ponga fin a las usurpaciones de terceros, devolviéndoles la función que legalmente tiene encomendada la vía pecuaria Vereda de Salteras en su integridad.
Ahora, en la respuesta a estas alegaciones firmada por Juan Ramón Pérez Valenzuela, director general de Política Forestal y Biodiversidad, pasa en primera instancia por la ampliación en seis meses del plazo fijado para dictar una resolución respecto al deslinde de esta vía pecuaria en virtud del artículo 21.4 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.
La Consejería ha informado también a los colectivos que alegaron que en este plazo se podrá “rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos”, así como “ordenar la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido”.
Con todo, la administración andaluza ha resuelto retrotraer el procedimiento de deslinde al acto de operaciones materiales en los tramos sobre los que pretendía intervenir para atender a las alegaciones formuladas en el trámite de exposición pública.
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