Trabajadores municipales de Bormujos lamentan verse “de invitados” en la causa judicial contra la exalcaldesa del PP

“Ahora mismo estamos de invitados en esto, porque no sabemos ni nada ni podemos hacer nada. Nos hemos enterado por la prensa”. Quien habla es José Luis Saldaña, presidente del comité de empresa del Ayuntamiento de Bormujos, donde trabajan unos 260 empleados públicos que confían en el archivo de una causa judicial que les sitúa como partícipes a título lucrativo de una presunta malversación de caudales de la que acusa, nada menos, que la Fiscalía de Sevilla y su propio ayuntamiento.

Saldaña es uno de los cinco representantes del CSIF. Le pillamos reunido este viernes con los representantes de CCOO (dos miembros) y USO (un miembro), con la ausencia por enfermedad de la persona designada por UGT y la presencia del SAT, que no tiene representación. “Sorprendidos” con el tema judicial en que se han visto “inmersos” en las últimas semanas y que motivó una reunión de los dirigentes municipales con lo trabajadores en una asamblea, tal y como dijo en el pleno el concejal Luis Paniagua y la propia alcaldesa, Lola Romero, ambos del PP.

“No creíamos que fuese una cosa de juicios y que nos metiesen por medio”

“Aquí hay mucha casuística. Hay gente que cobró esa productividad, gente que no. No fue una cosa generalizada”, asegura el máximo representante de los empleados públicos de Bormujos. Cabe recordar que tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento han pedido al juzgado una indemnización de casi 170.000 euros por parte de Ana Hermoso (ex alcaldesa del PP) y que los funcionarios respondan también “como partícipes a título lucrativo” tras la denuncia del PSOE. El caso se archivó en 2019 pero el Ayuntamiento de la localidad sevillana, que ejerce la acusación particular, consiguió el año pasado que la Audiencia Provincia lo reabriera.

“Cuando nos llamaron desde el Ayuntamiento, no creíamos que fuese una cosa de juicios y que nos metiesen por medio”, recuerda. En aquel encuentro les dieron a entender que el Ayuntamiento “seguramente” se tendría que adherir a la posición de la Fiscalía, que “se trataba de un tema antiguo que les había cogido por sorpresa”, les dijeron a los trabajadores.

“Nadie nos ha vuelto a decir nada oficialmente. Tampoco vamos a contratar un abogado si todavía no hay nada. Entendemos que el asunto no tendría que haber llegado a tanto, pero confiamos en que el jueza archive el caso”, comenta el presidente del comité de empresa, que insiste en que se encuentran “de invitados” en esta causa judicial en la que el Ayuntamiento de Bormujos ha formulado escrito de acusación, indirectamente también en su contra.

La paga extra

Según la Fiscalía, Ana Hermoso actuó con la “clara intención” de eludir aquellas medidas para la estabilidad presupuestaria en España, “ordenó” al departamento de personal del Ayuntamiento de Bormujos que informáticamente se creara en aplicación de nóminas un subcomplemento de productividad a través del cual se abonara a cada empleado municipal entre julio y diciembre de 2012 una sexta parte de lo que es hubiera correspondido por la paga extraordinaria suprimida. Siempre, de acuerdo al relato del fiscal, en su escrito de 26 de septiembre de 2023, Hermoso dictó siete resoluciones “para encubrir esos pagos fraccionados” de la paga extra de Navidad.

Todo ello supuso un desembolso de 169.678,66 euros, cantidad coincidente con el importe total de la paga extra eliminada y en la que la exalcaldesa deberá indemnizar ahora al Ayuntamiento y de la que deberán responder también de forma solidaria los empleados municipales a quienes se hubiere pagado las cantidades como productividad no justificada como partícipes a título lucrativo, según las peticiones del fiscal.

La Fiscalía recuerda que, a finales de 2014, la Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobó el abono al funcionariado de cantidades en concepto de recuperación de los importes dejados de percibir. Tanto Hermoso como su sucesor dictaron las resoluciones para la efectiva aplicación de la normativa estatal y se desembolsó un total de 119.162,86 euros, por lo que “se produjo un doble ingreso por los empleados públicos en la parte cuya devolución se acordó”. Fue una “huida hacia adelante para no dejar al descubierto lo actuado con anterioridad”, según lo dicho textualmente por la Audiencia de Sevilla.

Hermoso declaró en sede judicial en febrero de 2018 por este caso y negó que abonara de forma encubierta la paga extra, apuntando que las cuantías de más en sus nóminas eran “complementos de productividad legales”.