Unos 150 coches protestan contra la ley Celáa en Cartagena con el apoyo de PP y Vox

Unos 150 coches han protestado este domingo en manifestación por las calles de Cartagena contra la nueva ley educativa convocados por la Plataforma Mas Plurales con el apoyo del PP y Vox, que suscriben las críticas en lo que toca a la educación privada concertada y especial y a la elección de centro.

En el recorrido entre la plaza Baden Powell y la de España, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y de Alumnos de la Región de Murcia, Alberto González-Costea, ha afirmado a Efe que otro de los aspectos de la ley a los que se les está prestando menos atención es que “permite el fracaso escolar, aprobar sin límite de suspensos”.

“Estoy seguro de que muchísimos padres de la educación pública no quieren que pase por ahí la de un futuro, de una generación, de un país, y de que fomentará que nadie se esfuerce y entre los alumnos, una desidia y una dejadez que no creo que sean positivas para nadie”, ha asegurado.

Sin embargo, la ley señala que los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir será excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de primaria y secundaria.

Ha opinado que hoy los padres eligen voluntariamente para sus hijos centros de educación especial que esta ley “va a hacer que en unos años desaparezcan, lo que es muy grave” y les preocupa.

La LOMLOE establece que en diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para la atención del alumnado con discapacidad y que las administraciones públicas prestarán apoyo a los de educación especial para el que la requiere muy especializada.

No obstante, la principal crítica de los manifestantes se centra en que “ataca principalmente a los concertados y a los religiosos y no beneficia a ninguna familia ni a quienes vayan a tener hijos” una ley contra la que expresan su “total rechazo” que está “hecha a destiempo, en plena pandemia y sin ningún consenso con la sociedad ni la comunidad educativa para un ataque gravísimo a la educación”.

“Con esta ley, es el Estado el que decide el centro al que deben ir nuestros hijos, lo que vulnera el derecho constitucional a la libre elección de cada familia. Ya dijo en enero la ministra de Educación, Isabel Celáa, que no podemos pensar de ninguna modo que los hijos no son de los padres, lo que demuestra que el Estado quiere apropiarse de ellos”, según sus palabras.

La ley Celaá elimina la demanda social para la oferta concertada y establece que las administraciones regularán la admisión de alumnos en públicos y privados concertados para garantizar el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales.

En esa regulación se dispondrán medidas para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza y en todo caso se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.