El 20 de abril decae la obligación de llevar mascarilla en interiores, pero la recomendación es seguir usándola

El 20 de abril caerá la obligación de llevar mascarilla en espacios interiores en España. El anuncio, muy esperado por la población ante la generación de expectativas por parte del Gobierno y el hartazgo de dos años con el cubrebocas, sin embargo, tiene algunos matices. La mascarilla no va a desaparecer de un día para otro de nuestra vida. O no debería, según las recomendaciones de los expertos.

Por un lado, están las excepciones a la norma. Es decir, los lugares donde la obligación no decae porque se considera que el riesgo es elevado. Serán los centros sanitarios, las residencias de mayores y el transporte público. Pero, al margen de estos ámbitos donde “es absolutamente imprescindible” mantenerla, en palabras de la ministra Carolina Darias, se recomienda un “uso responsable” para la población general en prácticamente todos los espacios interiores donde haya socialización, salvo en los colegios, además de para las personas vulnerables.

Esto abarca comercios, cines, teatros, salas de conciertos, museos, bares, restaurantes o locales de ocio nocturno... y también celebraciones privadas en entornos familiares o de amigos, sobre todo si hay alguien de riesgo, según el último documento de la Ponencia de Alertas, formado por técnicos del Ministerio y de las comunidades. La ministra ha recordado que también deben usarla los casos positivos leves y asintomáticos, que desde el 28 de marzo ya no tienen obligación de guardar aislamiento.

El epidemiólogo Salvador Peiró, investigador de Fisabio, ve muy adecuado mantener estas recomendaciones “porque la transmisión es alta”. Pero discrepa en otro aspecto: “Estamos teniendo un soniquete de fin de pandemia, quitando medidas como locos, y eso hace descargar toda la responsabilidad en la gente sin campañas para que se adhieran a esas recomendaciones”. “Que haya tantas recomendaciones tiene que ver con el vértigo y con ciertas prisas para suprimir la mascarilla en interiores a nivel político”, interpreta Javier Segura, vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP), quien habría esperado unas semanas después de las vacaciones para decretar el fin de la obligación y pide claridad a las instituciones en los mensajes.

“La decisión ha sido sopesada, buscando el consenso, desde la gradualidad y la prudencia”, defendió la ministra Darias en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, en la que aludió a la alta inmunidad de la población –ya sea por vacunas o por infecciones–, a la menor gravedad de la variante ómicron y a la estabilización de los datos. “Había quienes querían correr más o menos y nos hemos puesto de acuerdo en ir todos de la mano”, añadió en un reconocimiento implícito de las presiones de varias comunidades para hacer decaer cuanto antes la medida, para después confirmar que el “uso recomendable depende de cada uno” y solo el real decreto regulador recogerá los espacios donde sea obligatorio.

Hasta el último momento ha habido dudas sobre cuándo y cómo proceder a la retirada de las mascarillas, una noticia que el Gobierno sabía que era icónica en la gestión y demandada por la población. Primero, en la fecha: Sanidad exploró tomar la decisión antes de Semana Santa pero los técnicos mostraron su disconformidad. Finalmente el Ministerio ha decidido comunicarlo esta semana aunque el asunto no estaba en el orden del día y no pasó previamente por el filtro de la Comisión de Salud Pública, que agrupa a los directores generales de las comunidades, algo que ha sido afeado por Euskadi. Segundo, en la letra pequeña. Los centros de trabajo han concentrado una parte de las discusiones. Los técnicos finalmente han optado en la última propuesta por dejarlo a valoración de los servicios de prevención de riesgos y recomendar usarla si hay menos de metro y medio de distancia entre los empleados y no puede garantizarse la ventilación.

La Sociedad Española de Epidemiología considera que, pese a que se ha esperado a después de las vacaciones, todavía no hay los suficientes elementos para evaluar “de forma completa” qué efectos ha tenido en la transmisión el fin de los aislamientos, en vigor desde hace una semana y media. Dos decisiones tan seguidas no terminan de convencer a los epidemiólogos, que no ven mucho sentido a anunciar ahora algo que se pondrá en marcha el 19 de abril.

“El anuncio en una fecha determinada, sin que sepamos a priori cómo estará la situación en ese momento del futuro próximo, no puede ser una medida basada en la evidencia de la situación epidemiológica de ese momento, sino en otras cuestiones. Esos otros aspectos también deben ser contemplados, sin duda, pero requieren ser explicitados al tomar la decisión para que sea comprendida por la ciudadanía”, manifiesta la SEE en un comunicado.

Proteger a los vulnerables, el gran reto

La ministra salía al paso de las críticas este miércoles. “Nada es exacto. Hemos tenido pareceres en un sentido y otro, pero hemos ido de la mano de la evidencia y de las personas que nos asesoran”, justificaba, tras confirmar que los datos disponibles muestran un escenario estable con “tendencia a la baja” en algunos indicadores, como los ingresos hospitalarios. La cifra de pacientes en UCI está a niveles de noviembre, según los últimos datos.

Los especialistas en salud pública consultados vislumbran la protección a los vulnerables como el mayor reto –incluso “debilidad”, según Segura– de la nueva forma de convivir con el virus. “¿En qué espacios no va a haber mayores de 60? Pensemos, por ejemplo, en un cine. Hay que hacer una buena campaña para que se adhiera la población al uso y así habrá menos hospitalizados”, indica Peiró. “El problema y la dificultad es que no vivimos en compartimentos estancos. El criterio para proteger a los vulnerables se piensa solo desde el ámbito vulnerable, por ejemplo si vives en una residencia”, añade el vicepresidente de AMASAP. La nueva estrategia de gestión explicita entre sus páginas que dar pasos hacia la normalización implica aceptar un “cierto nivel de transmisión” y “gestionar riesgos”, evaluando “qué niveles residuales son aceptables para la sociedad”.

La SEE incluso es partidaria de mantener la mascarilla en interiores en “determinadas situaciones”. “La nueva estrategia de vigilancia se fundamenta en la necesidad de centrar la protección en las personas vulnerables y, para que eso sea efectivo, es imprescindible que se mantengan algunas medidas en los ámbitos donde residen, viven y trabajan estas personas. Parte de su éxito radica en que quienes no son vulnerables protejan a quienes sí lo son con su comportamiento y el cumplimiento de esas mínimas medidas”, aseguran en el comunicado.