“Mi hermano fue un bebé robado y voy a seguir buscándole hasta que se haga justicia”

Su voz al otro lado del teléfono suena tenaz y pausada. Cada palabra de Flor Díaz Carasco es un dardo que agrieta el muro de impunidad y silencio que sigue rodeando a los miles de casos de bebés robados en España. Ella se ha negado a olvidar a pesar de que esa es la única respuesta que le da el Estado. “Dicen que miremos para otro lado y así se cerrarán las heridas, pero no se pueden cerrar sin curar”, sentencia.

Su voz busca verdad, justicia y reparación, pero lleva diez años en el primer escalón. Todavía la única evidencia siguen siendo las cifras globales –se calcula que entre 100.000 y 200.000 bebés fueron robados durante el franquismo y bien entrada la Transición– y los documentos que ha ido recopilando tras las trabas impuestas por las mismas instituciones que, según la ONU y la Comisión Europea, deben colaborar.

Aunque Flor sabe que su pelea es la de David contra Goliat porque la mayor parte de los procedimientos judiciales por estos casos en España se han archivado, continúa intentándolo. “Mi hermano fue un bebé robado y voy a seguir buscándole hasta que se haga justicia”, dice. No se le olvida una fecha: el 5 de noviembre de 1967 su madre daba a luz a un niño en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz).

“Le dijeron que había nacido muerto, pero no le dejaron ver el supuesto cadáver a pesar de que insistió”, relata Flor, que entonces tenía cinco años. “Mi abuela paterna afirmaba que no se iría de allí hasta que no se lo enseñaran y finalmente le mostraron el cadáver de un bebé con el que se hace una fotografía. Era mucho más grande que un recién nacido”, cuenta. 

No está registrado en el cementerio

A pesar de que su madre, que siempre cambiaba de tema cuando le preguntaban, había extendido un manto de silencio sobre su parto y su hijo, cuando ella murió en 2006 las sospechas comenzaron a cristalizar. “Quisimos enterrar a mi madre con los huesos de mi hermano y en el cementerio nos dijeron que allí no constaba ningún enterramiento a su nombre”, recuerda.

“Nosotros le dijimos al responsable que era imposible, pero nos aseguró que todo lo que entraba se registraba: 'entonces tu hermano nunca ha estado aquí', nos espetó”. Fue entonces cuando ella y sus hermanos comenzaron a investigar y a recordar aquellas respuestas de su madre cuando le pedían ir al cementerio. “Nos decía que allí no había nada, como si ella supiera o intuyera algo”, explica.

La búsqueda de la verdad pasó también por el Archivo municipal de La Línea de la Concepción, donde le facilitaron la hoja de ingreso y parto de su madre, a la que ha tenido acceso eldiario.es. A esa hoja se agarra Flor, que ahora vive en Irún (Gipuzkoa) para afirmar que la única certeza “es que mi hermano nació, pero no hay constancia de que muriera”. 

Lo dice porque lo que no ha logrado encontrar es el legajo de abortos, un documento que acredita el fallecimiento de un bebé que vive menos de 24 horas fuera del vientre materno. Flor ha acudido sin éxito al Registro Civil de La Línea de la Concepción, donde le han asegurado que no ha podido ser localizado el legajo de 1967, año en que nació su hermano.

Dejar de ser invisible

Su historia ha viajado hasta Argentina y ha llegado a oídos de la jueza María Servini, que ha iniciado la única causa que investiga los crímenes franquistas, entre ellos los casos de bebés robados. A Flor se le cerraron las puertas judiciales en España y por ello se adhirió a esta querella y en 2013 declaró ante Servini por videollamada desde la embajada argentina en España.

“Fue lo más importante, que te escuchen, dejar de ser invisibles, porque aquí es como si no hubiera pasado nada”, denuncia. La suya es una de las historias protagonistas de la campaña #Justiciapornavidad, que ha iniciado Amnistía Internacional para pedir al Gobierno que deje de poner trabas a la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura.

España regatea cada instrucción que llega desde Argentina, ha impedido la extradicción de algunos imputados e incluso la Fiscalía ha dado orden a las fiscalías provinciales de oponerse a declaraciones de cargos franquistas y víctimas que pide Servini. Una causa en la que está imputado el ginecólogo que atendió a la madre de Flor, según la hoja de parto del hospital: Abelardo García Balaguer.

“Nosotros somos víctimas de crímenes de Estado y por eso es éste el que debería buscar a nuestros familiares, no podemos ser las propias víctimas”, critica la mujer, que insiste en que España “está negando justicia y derechos humanos”. A Flor la esperanza se le escapa de la boca. Con voz firme y palabras que son dardos dice que va a seguir luchando.

“Y yo espero ver justicia”, concluye. Sostiene que lo hará por su padre, que vive en La Línea de la Concepción. “Ya que con mi madre no pude hacer justicia, por lo menos hacerla con él y que le pidan perdón por lo que le han hecho”.