Un juez llama a declarar a sor Aurora, galardonada varias veces por el PP, tras la querella de un posible niño robado
Las irregularidades en inclusas donde daban a luz mujeres solteras vuelven a salpicar a las monjas. Tras la muerte de sor María, imputada por el presunto robo de bebés en clínicas madrileñas y que falleció antes de que el juicio concluyera, ahora un tribunal llama a Aurora Gallego Losada. Es sor Aurora, exdirectora de la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia, que ha sido citada como querellada en un procedimiento penal en el que tendrá que ir acompañada por su abogado.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 19 de la ciudad ha citado a la monja, junto a la actual directora y al abogado de la institución, tras admitir a trámite la querella que ha puesto contra ellos Enrique J. Vila, adoptado en la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia. A su vez, Vila es el abogado del caso de los niños robados en su rama madrileña, así que se representará a sí mismo.
Sospecha que él también es un niño robado y lleva 20 años intentando que sor Aurora abra los registros y facilite el nombre de su madre, algo que se tendría que haber hecho porque así lo ordenó un auto judicial de la Audiencia Provincial. Sin embargo, sor Aurora dice no tener ese registro. Algo que no acaba de cuadrar, ya que el testimonio de madres que pasaron por allí recoge que sí daban el nombre y la Casa Cuna de Barcelona, que es la matriz, los tenía y los hizo públicos.
Además, en el acto judicial, que se celebrará el próximo 26 de mayo, el magistrado ha llamado a declarar a un familiar adoptivo de Vila, que dará testimonio de que los padres pagaron por él un millón de pesetas de las de 1965, un indicio de que Vila podría ser uno de los miles de bebés robados en España desde el franquismo hasta bien entrada la transición.
Aunque el querellante denuncia coacciones, detención ilegal, falsedad en documentación pública, alteración de la paternidad, falso testimonio y estafa procesal, el juzgado ha admitido la querella solo por un delito contra la integridad moral. El magistrado entiende que la Casa Cuna ha podido causar un daño psicológico a Vila al poner trabas en la búsqueda de sus orígenes. Sin embargo, la propia querella recoge que se podría ampliar la imputación si durante las declaraciones observa indicios de algún otro delito. La monja tendrá que responder tanto a las preguntas del juez como a las del propio Enrique Vila, como abogado de sí mismo.
La Casa Cuna de Valencia se fundó en 1935 y, según declara en sus estatutos, es una residencia para 22 madres y sus hijos. También es centro de día para adolescentes embarazadas. “Ofrece apoyo y acogida”.
Sor Aurora llegó a esa sede 1965 y la dirigió en los años 80 hasta hace menos de un año, cuando se la sustituyó por otra monja que también aparece ahora como querellada. La institución, acusada por algunos adoptados de ser parte de la red de compra de niños robados, fue demandada en 2012 por 21 niños nacidos allí que querían conocer el nombre de sus madres biológicas.
La Casa Cuna de Valencia la dirigen las Siervas de la Pasión. En su sede de Vigo, investigada por la venta de niños, una de las religiosas admitió haber recibido 47.000 pesetas por hacer gestiones. De momento, la sede valenciana ha recibido denuncias y acusaciones, pero no se le ha abierto proceso judicial por la trama de niños robados.
Sor Aurora es una reconocida religiosa de Valencia que se prodiga poco pero que ha recibido honores de la administración pública a propuesta siempre del Partido Popular. Su labor al frente de la Casa Cuna que ahora se pone en entredicho tuvo sus frutos con otro reconocimiento impulsado por la Generalitat Valenciana: Premio Mujer Trabajadora de les Corts Valencianes en 2002 por “su lucha personal y destacado trabajo en defensa de la vida de los más débiles y necesitados”.
En 2011, el pleno del Ayuntamiento, gobernado por Rita Barberá, acordó distinguirla como Hija Adoptiva de la ciudad. Compromís votó en contra y el PSPV e Izquierda Unida se abstuvieron. Tras recibir la distinción, y preguntada por la posible relación de la institución con la trama mafiosa de robo de bebés, la monja, en una de sus escasas declaraciones públicas, señaló que las adopciones se hicieron “tal como la ley lo ha requerido”.
No solo ella, también la institución que dirigía, fue galardonada en 2002 con el Premio Valenciano a la Solidaridad y el Voluntariado por «su desinteresada tarea en su proyecto de apoyo familiar y social para mujeres e hijos que no tienen recursos». Una proposición no de ley del pasado mes de febrero pretendía quitarle los reconocimientos, pero la mayoría absoluta del PP tumbó la propuesta.
El Arzobispado de Valencia ha declinado hacer declaraciones sobre la querella admitida a trámite contra sor Aurora.
