Brutalidad policial, punta del iceberg del racismo en Portugal

Lisboa, 20 dic (EFE).- Portugal registra unos índices “muy perturbadores” de brutalidad y violencia policial, denuncia en una entrevista a Efe la especialista en derechos humanos Miriam Ekiudoko, miembro de un Grupo de Trabajo de la ONU centrado en el racismo.

Eukidoko, que forma parte del equipo de Naciones Unidas que visitó este mes varias ciudades portuguesas para analizar la situación de los afrodescendientes por invitación del Ministerio luso de Exteriores, considera que en el país hay un “negacionismo generalizado sobre la existencia del racismo”.

El problema, opina, se agrava por la falta de datos desagregados por raza en los indicadores socioeconómicos, una visión distorsionada del colonialismo, techos de cristal para los colectivos afrodescendientes y discriminación al acceder a los servicios de salud o educativos.

A su juicio, esta situación es resultado de políticas y actuaciones insuficientes que provocan que no haya una “adecuada visibilidad” de la comunidad afrodescendiente en el país.

DISCRIMINACIÓN SIN CIFRAS

Ekiudoko explica que, sin datos raciales desagregados, no se puede ver la dimensión de la brutalidad policial, la presencia de afrodescendientes en las cárceles, su acceso al mercado laboral o la tasa de abandono escolar, lo que dificulta la adopción de políticas adecuadas.

Durante su visita a Portugal, el equipo comprobó que no se fomenta la educación superior entre los afrodescendientes, por lo que no acceden a empleos valorizados, y que no se aplica el marco legal luso incluso en casos de discursos racistas.

Esta comunidad sufre discriminación “diariamente”, continúa, y son muchos los afroportugueses “a los que no se les considera verdaderos portugueses”, lo que dificulta su integración.

UN RACISMO CAMBIANTE

¿Ha cambiado la forma en la que se muestra el racismo? Para Ekiudoko, la respuesta es sí.

“Un factor alarmante es que los partidos de derecha están ganando más popularidad en muchos países, entre los que se incluye Portugal, porque por primera vez un partido radical de derecha llegó al Parlamento”, explica la especialista.

Este fenómeno político “tiene influencia” en los discursos de odio y en cómo se anima a los ciudadanos a manifestar actitudes racistas abiertamente.

Una de las zonas más castigadas por el problema es Cova da Moura, una “zona urbana sensible” en la localidad de Amadora con alta concentración de caboverdianos.

El equipo de Naciones Unidas visitó el barrio y Ekiudoko explica que los menores con quienes conversó denuncian que han sufrido racismo “en varias ocasiones” y que les han llevado a comisaría “sin razones reales”.

También constató que los vecinos sufren discriminación por vivir en el barrio, les cuesta más ser contratados o son tratados peor en ocasiones por los servicios de salud cuando indican su dirección.

ES NECESARIA ACCIÓN MEDIDA Y URGENTE

Aunque el informe no será presentado hasta dentro de casi un año ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el equipo ha avanzado algunas recomendaciones, entre ellas reclaman la publicación de cifras desagregadas, que se aplique la ley y “que los funcionarios abracen la lucha contra el racismo y la discriminación como un elemento fundamental de su trabajo”.

“Damos la bienvenida a que el Gobierno esté listo para afrontar el tema del racismo y hay un plan nacional de acción”, alega Ekiudoko, pero matiza que se debe traducir en “acción real implementada, medida y monitorizada”.

Tampoco se puede ignorar la necesidad de reflexionar sobre el pasado colonial de Portugal y redescubrir el aporte de la comunidad africana y afrodescendiente al desarrollo del país.

La experta considera que el homicidio de George Floyd en 2020 a manos de la policía en Estados Unidos fue un punto de inflexión en la lucha contra el racismo y confía en que el problema se resolverá gradualmente aunque no puede llevar décadas “porque hablamos de las vidas de las personas y no solo de la calidad de vida”.

El racismo en Portugal afecta también a otros colectivos, como ha ocurrido en Odemira (sur), donde 7 agentes de la Guardia Nacional Republicana han sido acusados por la Fiscalía de torturar y humillar a inmigrantes.

Tres de esos agentes son reincidentes.