La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, ha urgido a reformar el Código Penal para que sea obligatorio retirar la custodia de los hijos a padres condenados por maltrato, porque “nunca serán buenos padres”.
En una entrevista con Efe, Carmona ha reclamado “estabilidad política” para que los grupos parlamentarios aprueben esa reforma legal, acordada en el pacto de Estado de Violencia de Género, que evite nuevos asesinatos de niños por parte de sus padres, como el del Beniel (Murcia), que había quebrantado una orden de alejamiento contra la madre que le había denunciado por acoso.
“Un maltratador nunca puede ser un buen padre en ningún caso y en condenas firmes por violencia de género debe ser obligatorio la imposición de la pena de suspensión de régimen de visitas o de la patria potestad respecto de los hijos para que no sigan sufriendo esa violencia”, ha asegurado la responsable del observatorio que evalúa las decisiones judiciales.
Para la jurista, desde el momento en que un mujer presenta una denuncia debe valorarse el riesgo no solo de la mujer sino también de su entorno, como los niños, por parte de unidades forenses, “para que el juez pueda tener todas las herramientas posibles para valorar ese riesgo y adoptar las medidas” de protección.
Ha recordado que los jueces, con la actual legislación, pueden acordar medidas como el alejamiento respecto de los hijos, la privación de la patria potestad, la salida del domicilio del agresor, la prohibición de comunicación o la suspensión del régimen de visitas, entre otras.
“La ley de Enjuiciamiento Criminal ya establece que los jueces tienen la obligación de valorar el riesgo de los menores cuando ya están expuestos a la violencia, tienen que cerciorarse del estado de los niños y establecer medidas tanto penales como civiles para proteger a esos niños, pero hacen falta más herramientas, sin duda”, ha opinado.
Por ello, la responsable del observatorio ha propuesto que se “de un paso más” con la reforma del Código Penal, entre otras modificaciones, para que “esas medidas sean preceptivas, es decir, obligatorias en determinadas ocasiones”.
Para la jurista, en casos -como este último asesinato-, en el que el padre denunciado incumple una orden judicial, en los juzgados se debe elevar la apreciación del riesgo que viven las personas en ese contexto de violencia de género.
“Cuando se produce un quebrantamiento de una pena o de una medida de prohibición de acercamiento o de alejamiento, ese quebrantamiento denota no solo que ese maltratador maltrate a la mujer sino que desprecia las resoluciones judiciales y no las acata ni obedece y por tanto el nivel de riesgo que corre la mujer es más alto”, ha opinado.
Por ello, desde el Observatorio -explica- han propuesto que esos incumplimientos “tengan algún tipo de consecuencias, como agravar la medida cautelar, los metros del alejamiento o la utilización de las pulseras de seguimiento de las órdenes de protección, que suelen funcionar bien y evitar delitos graves”.
“En los casos en los que ha habido una denuncia previa, no nos podemos permitir ese tipo de asesinatos que se producen para vengarse de la mujer, por eso estamos consternados con el asesinato de este niño de 10 años, porque los menores son los más vulnerables y necesitados de protección”, ha añadido.
Carmona señala que desde el Observatorio van a seguir haciendo propuestas que mejoren la protección de los menores que viven en esos contextos de violencia, como la prohibición de que los niños vayan a visitar a los padres a la prisión cuando estén cumpliendo condena.
Por Ana Rodrigo