Pasar calor está prohibido por decreto, excepto si eres alumno o profesor
Si entras en la clase de Cruz Díez, en un instituto de Madrid, hay un ventilador funcionando a todas horas. La profesora imparte inglés en un centro de Fuenlabrada donde los termómetros avisan de que las aulas alcanzan hasta los 35 grados. El instituto no dispone, como la mayoría de los centros educativos públicos de España, de ninguna climatización para combatir el calor. “Estamos de exámenes finales y es imposible rendir. Ni los estudiantes ni yo”, dice la docente.
La Comunidad de Madrid ha activado antes que nunca el plan de vigilancia de calor. Es la primera vez que lo hace sin haber llegado aún el verano. Las altas temperaturas en esta región y en todas las de la mitad sur de España están dificultando mucho continuar con normalidad con las clases. La Consejería de Educación se ha limitado a enviar una circular a los centros con recomendaciones generales y ninguna medida concreta, mientras el responsable de Sanidad sugiere como solución que los niños y niñas hagan abanicos de papel.
En Andalucía, algunas familias se han movilizado en los patios para pedir una solución y varias AMPAS de Sevilla iniciaron el viernes una movilización con el lema 'Queremos estudiar en aulas, no en saunas (#AulasSiSaunasNo). En un conservatorio de Jaén, los profesores movieron a los estudiantes al pasillo a hacer un examen porque dentro del aula el calor era insoportable, como ha denunciado con una foto el AMPA del centro de música Ramón Garay.
La respuesta de la exconsejera andaluza de Educación (hubo cambio de Gobierno el pasado 8 de junio) es que el aire acondicionado “no es una solución” y que “no es aconsejable” que exista en espacios con niños y niñas. Alegó en una respuesta a una pregunta parlamentaria del PP que los centros escolares no sufren el período de “mayor radiación térmica”, ya que cierran en verano, por lo que “no es necesario” instalar equipos de refrigeración. El consejero de Sanidad de Madrid mantiene una postura similar a no poner aire acondicionado porque “podría irritar los ojos”.
En municipios como Córdoba, sin embargo, la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), se ha comprometido a instalar climatización en un plazo de dos años en todos los colegios que aún no la tengan.
Asociaciones de padres, sindicatos y profesores reclaman como medida de urgencia que se acorten o se suspendan las clases en los días de pico de calor. Comisiones Obreras lo ha pedido en Madrid acreditando que menores de varios centros han sufrido golpes de calor y lipotimias. El Liceo Francés de Madrid, un colegio privado, sí ha suspendido las clases de la tarde.
“De manera urgente es la única solución que hay. Entiendo que es una ola de calor y puede ser puntual y hay que tomar medidas excepcionales. Me gustaría que estuvieran en nuestro lugar. Son condiciones en las que no solo no se puede trabajar, es que no se puede ni estar”, denuncia Cruz Díez, que asegura que varios alumnos se han ido a casa “malos” en estos días.
Un decreto que no se cumple
La solución no convence a la Comunidad de Madrid y tampoco a la Junta de Extremadura, que ha descartado tomar medidas porque la situación es “excepcional”. A principios del curso pasado, la Comunitat Valenciana estableció un protocolo de actuación para los centros, cuyas clases podían suspenderse si se superaban los 30 grados en el interior y así lo autorizaba Protección Civil.
El real decreto aplicable a nivel nacional que fija las “disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo” –como es el caso de un colegio– establece como límite máximo la temperatura de 27 grados en los “locales donde se realicen trabajos sedentarios”, un tope que se está sobrepasando sin consecuencias en los centros escolares. Además de centro de trabajo, es un lugar con menores, vulnerables a los cambios de temperatura.
“Los profesores somos trabajadores también, y los chicos y las chicas lo sufren. Es difícil mandarlos a casa porque prima la conciliación sobre las condiciones laborales de los profesores y el bienestar y la salud de los estudiantes”, se queja Carlos Cabanillas, docente en un instituto de Badajoz. Algunos de sus compañeros, cuentan, llevan pulverizadores a clase para que los alumnos y alumnas puedan refrescarse. Lo mismo hace Natalia, maestra de Infantil, en un colegio del sur de Madrid con su clase de tres años.
Los menores, un grupo de riesgo
Los niños y niñas están dentro de la población de riesgo ante las olas de calor, como queda recogido en el protocolo del Ministerio de Sanidad: “Existen características fisiológicas específicas, la mayoría de ellas relacionadas con la composición de agua corporal, el patrón de sudor y la producción de calor metabólico, que ponen a los niños en una desventaja termorreguladora en comparación con los adultos”. “Es una población de riesgo en situación de riesgo y nadie hace nada”, subraya Cruz Díez.
Un informe de Unicef de abril de 2017 advierte de que los planes de prevención del Ministerio y las comunidades autónomas frente a las altas temperaturas “generalmente no han sido evaluados”. “Además, resulta fundamental teniendo en cuenta las evidencias existentes en torno a los riesgos del cambio climático en los niños y niñas, incorporar la perspectiva de los derechos de infancia en estas políticas y planes de acción”, dice el documento.
“A nadie se le ocurre que haya un hospital sin aire, o una oficina de correos, o un juzgado, pero no pasa lo mismo con los centros educativos. Es un error de concepto concebirnos como guarderías. Si hay un problema de conciliación habrá que arreglarlo, pero no podemos permitir que los niños y niñas se pongan enfermos”, reflexiona Díez a raíz del desacuerdo mostrado por de la FAPA Giner de los Ríos –que agrupa a madres y padres de la escuela pública de Madrid– de tomar como solución el cierre de los centros.
Está previsto que la ola de calor persista al menos hasta el domingo, según la Agencia Estatal de Meteorología.
