Los diferentes criterios con los que se recogen los datos impiden conocer la dimensión de la epidemia en España

Cada día el Gobierno hace públicos los datos que la noche anterior le han facilitado las comunidades autónomas. Sanidad requiere a estas administraciones que cada día entre las 20.00 y las 21.00 les remitan “de forma agregada” el número de casos confirmados, la cifra de hospitalizados, la de ingresados en UCI, los pacientes a los que han dado de alta y las altas registradas por defunción. La escasez de test rápidos altera la gestión para confirmar casos de coronavirus que no han necesitado ingreso, para ratificar que han superado la infección o los fallecimientos. Esta situación afecta a las cifras oficiales que se aportan ya que no todos los pacientes sospechosos con síntomas compatibles pasarán a contabilizarse como casos de COVID-19.

La transmisión diaria de estos datos por parte de cada autonomía se centraliza en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dependiente del Ministerio de Sanidad. El Gobierno pretende que la interlocución que se produce para recabar esta información arroje unas cifras “coordinadas, rigurosas y transparentes”. Algunas autonomías optan por hacer públicos sus cifras y otras, como la Comunidad de Madrid, no facilita información detallada sobre la recopilación y evolución de esta infección en su población.

La falta de pruebas justifica criterios diferentes

Esta autonomía también asumió un cambio de criterio en la realización de pruebas diagnósticas de COVID-19. Según publicó El País este viernes, el Gobierno regional decidió dejar de hacer las pruebas a los infectados que tengan “cuadros muy típicos”, como la neumonía bilateral. En estos casos el diagnóstico se limitará a los “criterios clínicos y radiológicos” y, por lo tanto, dejará de contar en las estadísticas de Sanidad como confirmado porque “será considerado caso posible”. Fernando Simón, director del CCAES, reconoció que esta modificación iba a generar “alguna complicación” en el seguimiento de la evolución sanitaria de la Comunidad.

La falta de test en esta autonomía tampoco ha permitido conocer cuántos ancianos han fallecido en residencias por coronavirus. El Gobierno regional informó que habían registrado 1.065 fallecimientos en lo que va de mes de marzo en estos recursos asistenciales, un 20% más de fallecimientos en comparación con el año anterior, pero aclararon que no podían determinar cuántos estaban contagiados. Por su parte, la Comunidad Valenciana ha optado por priorizar las pruebas en estos centros de atención a personas mayores, según aseguran fuentes oficiales: realizan test a trabajadores y residentes.

Desde el departamento de prensa de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública del Ejecutivo de Ximo Puig reseñan que uno de sus objetivos primordiales pasa por localizar al personal sanitario infectado. Como el uso del test se ha ido modificando conforme ha evolucionado la pandemia, reseñan que no utilizan estas pruebas para determinar si un caso se ha curado.

Los afectados pasan a esa categoría cuando han pasado “14 días sin que hayan tenido síntomas de coronavirus o 14 días después de que hayan salido del hospital”. En Castilla y León estos pacientes se registran de forma diferente, tiene que dar negativo en dos pruebas que se realizan con una diferencia de 24 horas. Andalucía tiene un procedimiento muy similar, también les realizan un examen clínico para confirmar que han superado la enfermedad. Desde Sanidad ya han insistido en que tratarán de implementar una metodología para evitar que haya diferencias en la recogida de datos.

En el recuento de casos positivos, hay algunas comunidades que aportan información sobre los casos que mantienen seguimiento domiciliario, como Andalucía o Canarias. En la primera comunidad, registran unos casos que se denominan “seguimiento activo”, casos confirmados que se encuentran en sus casas. Por su parte, en Castilla y León llegan a incluir en la página web autonómica en la que recogen la evolución de esta pandemia el número de pacientes con sospecha clínica de enfermedad.

“Es sabido que para el manejo de cualquier epidemia la calidad de los datos es fundamental para predicciones de futuro o para el manejo de los servicios sanitarios”, apunta Ildefonso Hernández Aguado, catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández y portavoz de Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), sobre la importancia de recabar una información de calidad. Asimismo, incide en que esta recolección es compleja si en “épocas tranquilas no se refuerza la epidemiología”, aunque considera que sus compañeros “están sacando una información bastante buena.

En Europa tampoco hay un criterio único

Por su parte, Nicolás González Casares, eurodiputado socialista, que está reivindicando en el Parlamento la homogeneización de los datos que recopilen los 28 sobre los infectados por COVID-19, insiste en que “sin buenos datos, no hay buena ciencia”. Este político aboga por un “protocolo de recogida de datos claro que permita estandarizar la información” para “realizar muestreos masivos y poder extrapolarlos”. Considera que de esta forma se podrá obtener un “dato real de la afectación de la enfermedad”.

Además de que el número de casos depende de cuántas pruebas esté haciendo cada país, muchos de los miembros de la UE tienen criterios dispares para contar incluso el número de muertes: en Francia hay una gran polémica porque no se cuenten los fallecimientos que se producen fuera de los hospitales. En Reino Unido solo se cuentan las muertes por esta infección desde el 5 de marzo, y en Alemania los datos llevan un notable retraso respecto de los que difunden instituciones internacionales como la Universidad Johns Hopkins.

Diferencias entre los pacientes ingresados

La falta de estandarización en la recogida de datos también se constata en las cifras de ingresados, en comunidades como Castilla y León o Valencia se separan los datos de pacientes que están en el hospital y los que están en la UCI. Por ejemplo, la Junta de Alfonso Fernando Fernández Mañueco no acumula en las cifras de ingresados los que se encuentran en unidades de críticos, según explica una portavoz de la Consejería de Sanidad. Sin embargo, en Andalucía los enfermos que están en UCI también están computados en el número de ingresos.

Por su parte, en la Comunidad de Madrid hay una tercera forma de contabilizar los datos: un paciente que ha pasado por una unidad de cuidados intensivos de un hospital autonómico, que haya bajado a planta y se esté recuperando en su casa tras recibir el alta, es contabilizado tres veces. Según informa El Confidencial, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aporta en todas las categorías datos acumulados. eldiario.es ha tratado de recabar información sobre la recogida de datos de esta región, sin haber recibido respuesta por el momento.

Como regula una orden ministerial, las autonomías deben remitir sus datos a Sanidad entre las 20.00 y las 21.00. Esto ha provocado algunos desfases a la hora de que las administraciones regionales aporten su información a los medios, en Castilla-La Mancha se produjo un decalaje para ajustarse a las cifras aportadas por el ministerio a mediodía y en Navarra también han pasado de actualizar los datos a las 13.00 a aportar los mismos que se dan desde el Gobierno central. Andalucía trató de desmarcarse la semana pasada del mando único y cerrar el conteo a las 9.00. Finalmente, terminaron rectificando 24 horas después al reconocer que estas cifras “habrían dejado de ser homologables al del resto de comunidades autónomas”.