La guerra contra las drogas es “ineficaz” y genera más violencia y discriminación
El próximo 19 se iniciará una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre drogas. Ante esa reunión, un equipo de expertos ha publicado un informe en la revista The Lancet en el que aseguran que la criminalización y las medidas prohibicionistas no solo han demostrado su ineficacia, sino que han provocado la propagación de enfermedades y el aumento de la violencia y la discriminación.
“Estas políticas son innecesarias y suponen un desperdicio de recursos públicos”, explica a eldiario.es Joanne Csete, profesora de la Universidad de Columbia y líder de la comisión que ha redactado el informe. Según esta experta en salud pública y derechos humanos, “muchas administraciones quieren dar una imagen de ser duras con el crimen y por eso siguen defendiendo las políticas de criminalización, a pesar de que las pruebas demuestran de forma clara el daño que provocan y su nula eficacia”.
Políticas que “carecen de base científica”
La anterior sesión de la UNGASS sobre drogas se produjo en 1998, y en ella se establecieron las bases de la conocida como guerra contra las drogas, basada en las políticas de control cuyo objetivo era prohibir el consumo, la posesión, la producción y el tráfico. Sin embargo, según denuncian los autores del informe, elaborado por una comisión formada por 26 expertos mundiales sobre drogas, salud y derechos humanos, estas políticas “carecen de base científica”.
Los investigadores destacan que los esfuerzos para reprimir el consumo de drogas han contribuido a la propagación de varias enfermedades infecciosas. Según Csete, “los datos demuestran claramente que las políticas represivas contribuyen en gran medida a aumentar el riesgo de VIH relacionado con las inyecciones”, ya que “muchas de las leyes sobre drogas prohíben la posesión de material de inyección, así que las personas que se inyectan drogas terminan compartiendo dicho material”.
Además, el problema de la propagación de enfermedades empeora en las cárceles de todo el mundo, ya que un porcentaje elevado de la población carcelaria está en prisión por delitos menores relacionados con las drogas y su consumo en el interior provoca que se propaguen enfermedades como el sida o la hepatitis C. En este aspecto, el informe destaca positivamente el caso de España, donde los casos de infección por VIH se han reducido prácticamente a cero en poco más de una década, gracias a los programas de intercambio de jeringuillas y a los tratamientos con metadona.
Más violencia y discriminación racial y de género
La prohibición de las drogas también ha generado una economía paralela dirigida por redes criminales, que recurren a la violencia para proteger sus mercados, pero el informe asegura que la policía y las fuerzas militares o paramilitares que persiguen estas redes “también contribuyen a la violencia y la inseguridad en las comunidades afectadas por el tráfico de drogas”. Y destacan el caso de México, “un ejemplo de cómo la guerra contra las drogas ha provocado un extraordinario nivel de homicidios y de violencia sexual”, asegura Csete.
Las pruebas presentadas también muestran cómo las leyes se han aplicado de forma discriminatoria contra las minorías en varios países. El informe destaca el caso de EEUU, en el que “los hombres afroamericanos tienen cinco veces más probabilidades que los blancos de ser encarcelados por drogas, aunque no existe una diferencia significativa en las tasas de consumo de drogas entre estas poblaciones”.
Igualmente, el documento señala que existe “una mayor proporción de mujeres detenidas en todo el mundo por cuestiones relacionadas con las drogas, pese a que las mujeres que participan en los mercados de drogas están a menudo en el escalafón más bajo”.
Por último, los investigadores también ponen de relieve las “prácticas agresivas y perjudiciales” contra los agricultores que cultivan coca, marihuana o amapola y hacen especial hincapié en la destrucción forzosa de cultivos a través de fumigación con herbicidas a gran escala, lo que causa problemas de salud y daños al medio ambiente en las comunidades afectadas, además de obligar a los agricultores a abandonar sus tierras.
Tratar vs criminalizar
Los autores del estudio consideran que se debe dar prioridad a las políticas públicas basadas en lo que se conoce como reducción de daños. Este tipo de estrategias se centran en el reconocimiento de que hay personas que consumen drogas y que no van a dejar de hacerlo, con lo que se deben emplear medios para tratar de minimizar los riesgos, algo que ya se hace para regular otras actividades que pueden resultar lesivas, como las políticas seguridad alimentaria, la regulación del tabaco y el alcohol o la leyes de seguridad en el deporte.
“La idea de que todas las drogas son peligrosas y son una especie de mal en sí mismas ha provocado que las que son potencialmente peligrosas no sean tratadas de la misma forma que el tabaco y el alcohol, para las que los objetivos se centran es reducir los daños y no en la criminalización”, asegura el informe.
Basándose en los resultados del estudio, los investigadores ofrecen 11 recomendaciones entre las que destaca una petición de “despenalización de delitos menores, como el consumo, la posesión o la venta a pequeña escala”, además del “fortalecimiento de medidas sociales y sanitarias en lugar de sanciones penales”.
Csete reconoce que pese a las “contundentes” conclusiones del estudio, “hay varios países en los que es poco probable que se abandonen las políticas de tolerancia cero”, pero insiste en que “es hora de modificar las políticas globales y para ello es importante que se haga una evaluación objetiva de las experiencias de los países que están adoptando políticas más pragmáticas”.
