La Laponia española queda entre Cuenca y Guadalajara

En La Cerollera, un municipio de la provincia de Teruel, corretean por las calles siete niños. De los 104 habitantes censados en el pueblo a principios de 2013, casi la mitad supera los 60 años y sólo el 17% tiene menos de 30. Pero su alcalde, Antonio Arrufat, está de enhorabuena. La población del municipio ha crecido de 87 a 112 personas desde 1997 hasta hoy. Aquel fue un año de éxitos: recuperaron la escuela que habían perdido por no llegar a la ratio mínima.

Problemas como este, tan alejados de la realidad del mundo urbano, aparecen en el día a día de miles de municipios rurales de España azotados por el fenómeno de la despoblación. En la última década del siglo XX, 22 provincias españolas perdieron población rural –entendiendo como rural la de aquellas localidades con menos de 10.000 habitantes–.

Los demógrafos analizan un escenario complejo, con manchas de despoblación distribuidas por buena parte del territorio rural de la Península. Un panorama que augura poco futuro a municipios con la población muy envejecida y masculinizada, mal conectados, con servicios escasos y sin atractivo turístico ni económico, más allá de lo agrario. No hay reposición, y la crisis, el más importante revulsivo para la inmigración, ya está haciendo el resto.

La mitad de estas zonas demográficamente deprimidas consiguieron remontar en su censo en los primeros 2000. “La inmigración contribuyó de forma determinante en la inversión de la tendencia, pero desde 2008 regresamos a la casilla de salida, las perspectivas demográficas son muy sombrías”, admite Vicente Pinilla, catedrático en Historia Económica de la Universidad de Zaragoza y uno de los autores del estudio 'Reducing Depopulation in Rural Spain: The Impact of Immigration'.

Un millón menos de personas

Pero lo inevitable encuentra en ocasiones un oasis de esperanza, la de algunos habitantes de los pueblos convertidos en alcaldes, alcaldesas o concejales, que sin ningún tipo de remuneración pelean porque su situación se cuele en las agendas políticas extramuros de su propio ayuntamiento.

Jesús Alba es herrero de profesión, pero también alcalde del municipio de Checa, una localidad de 240 habitantes situada en el corazón de los Montes Universales (la zona más fría y despoblada de España). Hace unas semanas viajó a Madrid para participar como ponente en el 'Estudio sobre despoblación en el mundo rural', una comisión impulsada por el socialista Antonio Arrufat, también presidente de la Diputación de Teruel, con el respaldo unánime de todos los grupos del Senado. Por esta comisión han pasado ya más de 18 personas del mundo académico, empresarial y político; un muelle que rebota al escenario nacional una preocupación muy recurrente en las zonas a las que Alba califica como “biológicamente muertas”. Entre ellas, su municipio.

A acentuar esta inquietud también han contribuido los últimos datos de Proyección de la Población de España en el periodo 2014-2064, difundida hace unos días por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que prevé una pérdida de población –ya es tendencia desde 2012– de un millón de habitantes en los próximos 15 años. El horizonte para la próxima mitad de siglo es aún peor: el número de mayores de 65 años, que hoy representan el 18,2% de la población, será casi el 40%. En lo más inmediato, el próximo año podría ser el primero, según las proyecciones del INE, en el que el número de defunciones supere al de nacimientos.

La caída de población en general, sin embargo, no parece extrañar demasiado a los expertos. “No es descabellado en el contexto de un país en desarrollo. Se calcula que a partir de 2040 todos los continentes excepto África van a perder población. Estamos en los límites del gen expansivo”, advierte Pinilla, uno de los autores del estudio. Según el INE, las únicas comunidades que ganarán habitantes en los próximos 50 años serán Madrid, Canarias, Baleares, Murcia y Andalucía. Para los territorios rurales, que acumulan un historial de despoblación de décadas –con la salvedad de la ilusión migratoria de los primeros 2000–, estas previsiones pueden ser letales.

Una de las zonas más golpeadas por la pérdida de habitantes es el área que el catedrático de Prehistoria Francisco Burillo ha denominado la Serranía Celtibérica, un territorio montañoso que aglutina 1.632 municipios de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, la Comunidad Valenciana y La Rioja en una extensión de 63.098,69 km, equivalente a dos veces Bélgica. Es un desierto demográfico: más del 76% de las localidades son remotas –distan más de 45 minutos en coche de la ciudad más cercana–, el 40% de los municipios superan en media de edad los 50 años y la densidad media de población es de 7,98 habitantes por km. Hay 503.566 censados, mientras que sólo unos pocos kilómetros al norte, Zaragoza concentra en un espacio infinitamente más reducido 701.887.

“Laponia y la Serranía Celtibérica son los dos únicos territorios de la Unión Europea que registran densidades inferiores a 8 habitantes por km. La diferencia es que aquí la situación pinta mucho más fea. Allí, la despoblación responde a una coyuntura que es estructural, debido a las condiciones climatológicas, entre otras cuestiones. Los habitantes se han aclimatado, se concentran en la zona de los fiordos y el crecimiento es sostenido”, explica Burillo, promotor del proyecto Serranía Celtibérica desde el campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza.

La zona más despoblada de Europa

El experto matiza que no es lo mismo falta de población que desestructuración del territorio. Y eso es precisamente lo que marca la diferencia entre una zona y otra. “En la Serranía, hay una ausencia de estructura total y absoluta. No tenemos malla urbana –sólo hay cinco núcleos que superan los 5.000 habitantes– y los índices de envejecimiento son aterradores”, señala.

En el área más despoblada de esta zona, los Montes Universales (con municipios pertenecientes a Teruel, Cuenca y Guadalajara), la densidad es inferior a la del territorio con menos población de Laponia (Lappi): 0,98 habitantes por km. A lo que hay que sumar las casi nulas expectativas de reposición: sólo el 7,33% de los 5.489 habitantes de la zona –censados son 5.753, aunque las encuestas puerta a puerta reducen esta cifra– tienen menos de 15 años y el 32,05% superan los 65.

En Checa, el instituto más cercano está a 40 kilómetros, la distancia que los chicos y chicas tienen que recorrer todos los días para continuar con la educación secundaria. Pero el momento más crítico es otro.“Cuando cumplen los 18, muchos dejan de vivir aquí para ir a la universidad. Se mudan a Teruel, a Cuenca o a Guadalajara, y en la mayoría de los casos ya no vuelven”, relata Jesús Alba. Con todo, es optimista y defiende como un dogma la necesidad de explotar todas las posibilidades que ofrecen los recursos naturales y patrimoniales. Ahí, dice, está el verdadero motor de desarrollo que puede revertir la tendencia.

Un empujón fundamental para lograrlo son los fondos europeos contra la despoblación, los recursos del Fondo Social Europeo o los que considera la Estrategia Europea para el Mundo Rural, además de otro tipo de instrumentos financieros complementarios. El requisito para que una población pueda ser receptora es que tenga un máximo de 12,5 habitantes por km, una condición que sí cumplen Teruel, Cuenca y Soria, provincias que han obtenido ya algunas ayudas. Pero Guadajara, aún con muchas zonas al borde de la despoblación, supera esta densidad máxima por la concentración de población en el Corredor del Henares. “Podemos quedar en el abandono absoluto”, denuncia el alcalde de Checa.

“El mundo rural no es una postal”

“El primer paso para lograr frenar la despoblación es asentar a los habitantes y para ello es fundamental lograr una oferta de trabajo atractivo, que mantenga vinculada esa población al territorio, e involucrar en ello a todos los agentes sociales”, indica Concha Tormo, técnico de Gestión de Desarrollo Local del municipio de Castielfabib (Valencia). Ella cambió su empleo como mediadora internacional por este otro, con la consiguiente factura: vivir en una pedanía de 10 habitantes como Arroyo Cerezo, dentro del mismo término municipal, donde sólo se cuentan tres personas en edad laboral.

Le apasiona su trabajo, una ocupación que le permite trabajar en un terreno que despliega antes sus ojos todas sus posibilidades y handicaps. La localidad está situada en la comarca del Rincón de Ademuz, un enclave de la Comunidad Valenciana formado por siete municipios que suman 1.200 habitantes. En el Ayuntamiento de Castielfabib hay tres personas y muchos retos por delante. “El mundo rural tiene unas capacidades que desconocemos o despreciamos y el mismo derecho a tener los mismos servicios que la población urbana. Si no hay comunicación e infraestructura, la gente se va”, reivindica Tormo.

En su pedanía, dice orgullosa, tienen farolas de led de última generación. “Somos rurales, pero no prehistóricos. Es cierto que hay soledad, pero también más relación humana. Tampoco es todo tranquilidad, pajaritos y ver la vida pasar. No es una postal”, defiende. Arroyo Cerezo cuenta con servicios mínimos como un médico tres veces por semana, un panadero que pasa dos días, el frutero una vez, los congelados... “Yo estoy encantada porque puedo desplazarme en coche. Es más complicado para la gente mayor, con las casas mal adaptadas, servicios médicos limitados... Y para las familias con niños. Cuando los tienes, la cosa cambia. Tienes más necesidades inmediatas y este tipo de poblaciones no resultan operativas”, reconoce.

Sólo hay una tienda en la aldea. La mantiene una señora muy mayor. “No tiene edad de trabajar, ni tampoco necesidad, pero sí ese espíritu de prestar un servicio al pueblo, de estar cuando necesitamos un brick de leche”. Tormo pone en valor su labor y su valentía de permanecer. “Sin este tipo de gente, que se ha quedado contra todo pronóstico en los núcleos rurales, todos estos lugares estarían muertos”. El problema llegará cuando ellos y ellas falten. Entonces, ¿quién evitará que caigan?