Europa Press recurre el auto del juez por el que se incautó de un teléfono móvil y dos ordenadores a periodistas de Baleares
Europa Press ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Baleares contra el auto del juez instructor del caso Cursach, Miguel Florit, por el que la Policía Nacional se incautó del teléfono móvil de una periodista de esta agencia de noticias en Baleares y de dos ordenadores corporativos con el objetivo de descubrir una fuente periodística en el marco de esta investigación judicial.
De esta manera, la defensa de la agencia de noticias pide que se deje sin efecto la instrucción de Florit y acuerde “la inmediata devolución a sus propietarios” de los materiales decomisados y que se “elimine cualquier dato o copia que se haya extraído de los mismo”.
En el recurso interpuesto, se explica además que el auto que se entregó por parte de la autoridad durante la intervención en la agencia informativa “solo contiene la parte dispositiva del mismo” y que “carece de los antecedentes de hecho, los fundamentos de derecho ni el resto del contenido de dicho auto”. Esto implica que se produzca una vulneración grave “del derecho de defensa”, de la agencia de noticias y de la periodista, detallan.
Por esto, pide que se les debe notificar “el auto de manera íntegra tan pronto como sea posible” y que se reserva expresamente el derecho a recurrir “dicho auto íntegro una vez sea notificado”.
Vulneración de derechos fundamentales
En concreto, se expone que el auto del juez Florit vulnera “al menos cuatro derechos fundamentales”, entre ellos, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, dentro del cual se incluye expresamente el derecho al secreto profesional periodístico. Además, se considera que vulnera el derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho al secreto de las comunicaciones.
Por otra parte, el auto indica que “resultaría escandaloso que en un Estado social y democrático de derecho como es constitucionalmente el Estado español se negara a las representadas el derecho a personarse en unas actuaciones en las que se han producido tan flagrantes violaciones de derechos constitucionales”.
Respecto a la intervención para su posterior volcado y estudio del teléfono móvil de la periodista, el recurso señala que “no solo supone un brutal ataque al derecho a la información”, sino que “trasciende el caso concreto”, pues supone “un peligrosísimo precedente que, de no ser rectificado con contundencia”, puede suponer que, “en el futuro, el derecho a la información deje de ser lo que era y lo que la Constitución consagra”.
El escrito también explica que no se cuestiona que se deban investigar por los juzgados competentes “cuantos posibles delitos de descubrimiento de secretos se puedan producir”. “Lo que cuestionan las representadas es que, en la investigación de dichos delitos, se deban vulnerar derechos constitucionales”, indican.
Según se señala, “en el pasado reciente son múltiples los casos en los que se han producido filtraciones” que han aparecido en prensa de procedimientos penales, muchos de ellos declarados secretos, pero “en dichos casos –hasta el presente– la investigación se ha desarrollado sin violar derechos constitucionales”.
“Si se instaura la práctica de que cada vez que se publique en un medio de comunicación una filtración, se intervengan los teléfonos, ordenadores y documentos de trabajo del periodista o medio de comunicación de turno, vayámonos despidiendo del derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión consagrado en el artículo 20 de nuestra Carta Magna y acostumbrémonos a vivir en una sociedad menos libre, menos democrática y menos avanzada”, concluye el escrito.
