Familias con víctimas en el Valle de Cuelgamuros acuden al Defensor del Pueblo por el retraso de las exhumaciones

Los familiares de las víctimas de la guerra y la dictadura enterradas en el Valle de Cuelgamuros han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por el retraso en las exhumaciones prometidas por el Gobierno. El escrito, adelantado por la Cadena Ser, está firmado por siete descendientes de represaliados, que llevan décadas esperando para recuperar a sus seres queridos, y denuncian el incumplimiento de la sentencia que reconoció hace ya siete años a los hermanos Lapeña, y por extensión al resto de víctimas, el derecho a ser exhumados del mausoleo franquista.

Las exhumaciones ya llegan tarde para buena parte de los familiares y muchos de ellos no llegarán a ver salir los restos. Precisamente, Manuel Lapeña, hijo y sobrino de fusilados, falleció en 2021, a los 97 años, sin ver cumplido el empeño al que dedicó toda su vida, a pesar de que contaba con el auto judicial que se lo reconocía. La queja, presentada por el abogado Eduardo Ranz, denuncia que pese a que este fallo, emitido en 2016, es firme, “en estos años no se ha dado cumplimiento al mismo”, lo que supone “la vulneración del artículo 118 de la Constitución” que reconoce la obligación de cumplir las sentencias.

Las víctimas, que cuentan cada una de ellas con el aval de Patrimonio Nacional, califican en el escrito de “sangrante” que en el mismo lugar en el que ellas están buscando reparación desde hace tanto tiempo, se haya exhumado ya a Franco y “a otro icono de la dictadura”, el fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera, que salió el pasado abril. “Ambos con posterioridad al proceso judicial seguido por las familias, quienes no estuvieron acompañadas en momento alguno por órganos gubernativos, siendo su proceso realizado de forma privada o particular”, reza la queja.

Los familiares solicitan al Defensor del Pueblo “dar cumplimiento al auto de manera inmediata” y ser informados “periódicamente” de los avances que se produzcan, ya que denuncian no poder “conocer una fecha para recuperar a sus olvidados y cumplir con el estado de derecho”. El Gobierno ha transmitido en varias ocasiones su intención de comenzar los trabajos, pero las exhumaciones han sido desde hace años un laberinto plagado de obstáculos y promesas sin cumplir. El último fue el conflicto judicial iniciado por asociaciones franquistas que mantuvo paralizada la licencia hasta que el Tribunal Supremo le otorgó plena vigencia.

Pero, además, las familias muestran su malestar ante el Defensor del Pueblo que la página web lanzada recientemente por el Ministerio de la Presidencia para resignificar el Valle de Cuelgamuros no hace mención alguna en su cronología a la sentencia de 2016. “Es el único proceso judicial que parte de las víctimas, por lo que el mensaje que recibimos es la completa ausencia de reconocimiento o enfoque sobre quienes solo buscan recuperar a sus olvidados y han estado muy solos en todos estos años”, explican en la queja.

Denuncian también el uso en la página web sin consentimiento de la imagen de tres de los familiares, Silvia Navarro, Francisco Cansado y Rosa Gil, a los que “no se les ha pedido permiso”, lo cual “supone una vulneración de derechos constitucionales”, explican, y “una prueba más del nulo enfoque sobre las víctimas”.