El Gobierno incumple a partir de hoy la ley que obliga a adaptar edificios y servicios a cualquier discapacidad

Puede ser un escalón, pero también una web no adaptada o un cartel demasiado pequeño. Pueden manifestarse en forma de señal de aseo público indescifrable, de menú incomprensible o de que un mostrador gigante no permita a un conserje ver a una persona muy baja. Las barreras a la accesibilidad son muchas y en ocasiones no se ven, sobre todo con los ojos de una persona sin discapacidad alguna. Pero están ahí.

Para avanzar en la igualdad, y siguiendo los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que España ha ratificado y por tanto debe cumplir, se hizo una ley que obliga a alcanzar la accesibilidad universal. Este 4 de diciembre se acaba el plazo que concedido por la propia normativa sobre derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social para alcanzar esta accesibilidad universalidad en todos los entornos, productos y servicios: no se cumple.

En román paladino: los edificios tienen que ser accesibles para todo el mundo, así como las páginas webs, los trenes de Renfe, la línea de atención de emergencias 112 (que pueda llamar un sordo) o cualquier cosa que se le pueda ocurrir. Tienen que ser accesibles. En todas sus formas. La única salvedad que establece la ley es que apostilla que esta accesibilidad se hará “siempre que fuera susceptible de ajustes razonables”.

“Desde que en 2013 se marcó la fecha límite ya vamos con retraso”, confirma Javier Font, presidente de Famma Cocemfe y miembro del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). “Es una victoria agridulce: dulce porque existe una normativa que nos ampara, agria porque no se va a aplicar”, resume.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, responsable de la normativa, no ha contestado al requerimiento de información que ha realizado este diario.

Sin sanciones no se cumple

Font sostiene que el problema es que la ley, al no contemplar sanciones por incumplimiento, no fomenta que se aplique. “Es necesaria una ley de infracciones. Si no, el Ministerio solo podrá sancionar en tanto en cuanto las infracciones se produzcan en más de una comunidad autónoma”. Por ejemplo, si una compañía dedicada al transporte de personas por carretera no tiene adaptados sus autobuses. Son los menos casos. Para el resto de faltas es la comunidad autónoma quién debería tener una ley y sancionar, cosa que en general no ocurre, explica Font.

La lista de entidades, organismos o edificios que no cumplen la normativa es tan extensa que no entraría aquí. Pero hay ejemplos evidentes.

El Museo Lázaro Galdiano de Madrid no tiene un acceso para discapacitados físicos. Renfe incumple en infraestructuras y material móvil. Las redes sociales suelen no estar adaptadas, como tampoco la mayoría de las aplicaciones para móvil (no ofrecen alternativas a los sonidos para los sordos o verbalizar el contenido de la pantalla para ciegos). Las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida son escasas y se usan mal. Muchos municipios no llegan al mínimo que marca la ley de taxis accesibles (eurotaxis). Los teléfonos de emergencia 112 no están preparados para recibir llamadas de sordos.

Desde el Cermi se destaca un ejemplo “especialmente sangrante”. En el Congreso de los Diputados, máximo exponente de la soberanía popular y el organismo que dicta las leyes, los diputados con movilidad reducida (en la actualidad hay uno, Ignacio Tremiño, del PP), no pueden acceder a la tribuna de oradores y cuando tienen que realizar una intervención lo hacen a nivel de suelo, junto a las taquígrafas.

“La administración debe ser más valiente”, reta Font. “Nosotros hemos puesto más de 400 denuncias solo en Madrid, pero no quieren entrar. No es normal que desde que se creó la norma en 1993 en Madrid no haya habido ni una sola infracción, según el Consejo para la Promoción de Eliminación de Barreras”.

Mucho más que rampas

Y luego hay cosas invisibilizadas, de las que directamente ni se habla. En este caso no se llega siquiera a incumplir la ley porque ni están contempladas en ellas. “La legislación española hace referencia a la accesibilidad física, que es la que más desarrollo tiene, y a la sensorial, que afecta a personas sordas, ciegas, etc.”, expone Olga Berrios, de la asociación Plena Inclusión. “Pero ni siquiera nombra la accesibilidad cognitiva, la que afecta a la discapacidad intelectual”, cuenta.

“¿Alguna vez te has sentido perdido, no entendías una ley o el contrato de la hipoteca a la hora de firmarlo?”, pregunta retóricamente Berrios. “Pues a las personas con discapacidad intelectual les pasa cada día y aumentado”, afirma. “Y hablamos de un tipo de accesibilidad que afecta a un millón de personas en España”. No son solo personas con alguna discapacidad. También entran en esta categoría analfabetos (aunque haya pocos) o ciertos turistas.

Cosas que pueden parecer obvias no lo son tanto para personas que sufren según qué discapacidad y en qué grado. Las indicaciones para llegar desde la parada de transporte público al museo, los carteles que señalan dónde están los servicios o cuál corresponde a cada sexo (a veces un poco creativos de más), cómo ofrece la información la persona en la entrada de un organismo, cómo te explica el menú un camarero o descifrar la información que contenga un mapa pueden suponer un quebradero de cabeza.

“Hay personas que no van a los hospitales o al teatro. Que no disfrutan derechos como el derecho a la salud, que no disfrutan en definitiva del mundo como otras”, alerta Berrios.

Solo piden visibilidad. La discapacidad física se ve y más fácil concienciarse, explican los expertos. El problema está en la que no se ve. Y, ya se sabe que lo que no se ve no existe.

Para cerrar, el Cermi lamenta “el fracaso colectivo como sociedad y como país, imputable especialmente a los poderes públicos, las administraciones, las autoridades y los agentes y operadores oficiales, que evidenciado su incapacidad culpable para hacer cumplir las Leyes en materia de accesibilidad universal, han permitido que la mayor parte de los entornos, bienes, productos y servicios sigan estando hoy negados o severamente dificultados por ausencia o graves deficiencias de accesibilidad a las mujeres y hombres con discapacidad”.

El actual secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, resumió esta circustancia: para muchas personas con discapacidad el techo no es de cristal. Es de hormigón.