El Gobierno promete fomentar el empleo en el sector de la dependencia pero se niega a explicar cómo

“Fomentar la contratación de personas para el cuidado de un familiar en situación de dependencia”. Con esta única frase, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad zanja la explicación de cómo la Estrategia de Activación para el Empleo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros fomentará la creación de puestos de trabajo en el sector.

“La nota de prensa es poco explícita y es muy política, pero es todo cuanto tenemos que decir. Poco a poco, iremos explicando las medidas una a una”, se cierran en banda en el Gabinete de Comunicación del Ministerio. Son las directrices “de arriba”, las mismas que se han dado al Ministerio de Empleo, cuya titular, Fátima Báñez ha sido la encargada de explicar hoy el plan global tras la reunión del Ejecutivo.

La promesa de la creación de empleo en el sector de la atención a la dependencia supone la apertura de un abanico de esperanzas para los cientos de miles de familias que dependen de este sistema. Otras 179.000 están a la espera de recibir la ayuda que se les ha reconocido. A un año de las elecciones municipales, la negativa del Gobierno a explicar en qué consistirá abre un abanico de sombras que vuelven a poner sobre la mesa el desmantelamiento de la primera ley que dotó a las prestaciones sociales de un carácter universal.

¿Serán empleos para el cuidado en el hogar o en centros especializados?

La financiación insuficiente con que nació la Ley de Dependencia, en 2006, dejó en papel mojado la voluntad de profesionalizar la atención y, en la medida de lo posible, sacarlas del hogar. La paga al cuidador familiar (depende de la gravedad de la persona afectada) supone alrededor de una cuarta parte de lo que cuesta una plaza en una residencia, que ronda los 2.0000 euros mensuales de media. Aún así, las residencias públicas están saturadas y los empresarios del sector llevan años denunciando cada vez tienen más plazas vacías.

¿Se aumentará la ayuda a domicilio?

Con la llegada de la Ley de Dependencia, esta prestación que ya concedían desde la década de 1980 los ayuntamientos, se extendió. No obstante, los recortes presupuestarios han ido recortando el número de horas de ayuda a domicilio. Miles de familias con grandes dependientes a su cargo apenas cuentan con tres horas de asistencia de una profesional en el hogar.

El Ministerio de Sanidad asegura en su nota de prensa que “se ha producido una importante profesionalización en la atención integral y asistencia individualizada gracias a la apuesta de la reforma del Sistema de Dependencia”.

¿Volverán a cotizar los cuidadores familiares?

En julio de 2012, el Gobierno aprobó el Real Decreto por el que el Estado dejaba de pagar la cotización a la seguridad social de los cuidadores familiares. La práctica totalidad son mujeres, que no pudieron asumir ese gasto. Cotizaban poco, pero suponía un reconocimiento institucional a una labor que llevan a cabo prácticamente las 24 horas del día.

¿Se dotará de más financiación?

Aunque, en teoría, la financiación corre a partes iguales entre las autonomías y el Gobierno central, las administraciones llevan discutiendo quién pone más de su bolsillo desde que entró en vigor la ley. En 2013, el Estado recortó en 1.000 millones su aportación al sistema. La mayoría de autonomías también ha pasado tijera.

Como consecuencia, la Plataforma Estatal de la Dependencia, los sindicatos y los profesionales denuncian cómo cada vez se atiende a menos personas. Cada cinco minutos el sistema de la dependencia perdió un beneficiario en el último mes y en lo que va de año, se han registrado 30.106 beneficiarios menos, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

¿Se cambiará la norma?

Sanidad habla en su nota de un “Real Decreto”. No especifica, no obstante, si se trata de la norma general que incluye todo el paquete de medidas para fomentar el empleo o bien si se modificará la Ley de Dependencia.

Con la misma imprecisión, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad anuncia una “mejora de la empleabilidad de personas con enfermedad mental” y el “impulso de la inserción laboral de víctimas de violencia de género”.