El juez de los abusos de Granada deja en evidencia la pasividad del arzobispo Martínez
Son doce, como los discípulos de Jesús. Diez de ellos sacerdotes, otros dos seglares. Forman el clan de los Romanones y desde el mediodía de este martes están imputados por delitos de abusos sexuales, agresiones sexuales y exhibicionismo con “agravantes por prevalimiento”, es decir, aprovechándose de las ventajas que les daba su posición de superioridad. Así lo ha decidido el juez Antonio Moreno Marín, instructor de la causa abierta tras la denuncia presentada por Daniel. El proceso contó con el apoyo del Papa Francisco y la inacción del todavía arzobispo de Granada, Javier Martínez, cuyos días al frente de la diócesis están a punto de tocar a su fin.
De esta decena de religiosos, sólo tres fueron sancionados por el arzobispo. Junto a los seglares, actuaban como una trama, según el relato del juez instructor. “Todo el grupo de imputados dispone de importante patrimonio y en común”, constata el masgistrado, quien les imputa dichos delitos en grado de autoría, encubrimiento o conocimiento necesario de los mismos.
El auto tiene nueve folios, a los que hay que sumar casi 1.600 páginas de actuaciones detalladas. En el mismo, se acuerda “el levantamiento del secreto de las presentes diligencias previas”, y considera imputados a Román M. V. de C. (quien da nombre al clan), Francisco José C. M., Manuel M. M., Sergio Q. M., Manuel Francisco F. R., Manuel J. J., Manuel Q.M., Juan Carlos M. M., Angel M. M., José Jorge N. G., José Gabriel F. F. y Vicente R.R.
El juez concede un plazo de diez días para que, habida cuenta del tiempo transcurrido hasta que se interpuso la denuncia, y relacionado con los hechos y delitos expuestos, “informen acerca de la posible prescripción de cada uno de los hechos relatados en relación a cada imputado y al tipo delictivo a imputar, y en consecuencia para delimitar así el objeto del proceso que hubiere de continuar”. Es decir, decidir hasta dónde se podrá llegar en la causa.
Gran trascendencia y gravedad
El auto no tiene desperdicio. En el mismo, el instructor constata “que los hechos objeto de la investigación tienen una gran trascendencia y gravedad en sí mismos, por aparecer, además, como implicados religiosos proclamados por dicha confesión religiosa, lejos de ser los garantes de los principios religiosos proclamados por dicha confesión y su más Alto signatario, indiciariamente se podrían haber convertido en sus transgresores, y podrían haber dispuesto de efectivas posibilidades de entorpecer y obstaculizar las investigaciones, y saber si nos encontramos ante una trama organizada”.
En el escrito judicial se detallan, junto al caso de Daniel, otras tres posibles víctimas, que detallaron pormenorizadamente los abusos y vejaciones vividas durante años, supuestamente, a manos esta trama de sacerdotes y laicos. Un auéntico calvario que padecieron cuando tenían entre 14 y 17 años y que les llevó a necesitar tratamiento psicológico. Dos de ellos -Daniel y otro chico- se atrevieron a denunciar, mientras que otros dos lo hicieron como testigos. En todo caso, sus testimonios demostrarían la actuación de los Romanones como un grupo cerrado y que actuaba coordinado. Una de las claves para que posibles prescripciones no tuviesen lugar.
Precisamente, la de la prescripción es una de las cuestiones que más revuelo han causado en la jornada. Pese a ello, el juez deja claro los márgenes y las posibilidades de actuación para evitar que los hechos hayan caducado penalmente. Así, apunta a que hay que fijarse en el delito más grave. Según el artículo 131 del Código Penal, los delitos prescriben a los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años. Este sería el caso de los abusos sexuales. Además, abunda el auto, en el caso de menores, los términos se computarán desde el día en que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad.
Aún así, lo que el auto deja claro es que, en la fase de instrucción, quedan claros los abusos tanto en autoría como en encubrimiento y conocimiento, delitos que, en el caso de la legislación canónica, no prescriben hasta 20 años después de que las víctimas alcancen la mayoría de edad.
Frialdad del papa Francisco
Desde el pasado mes de noviembre, cuando se produjeron las sanciones para tres de los sacerdotes (Román, Francisco José Campos y Manuel Morales), otros siete presbíteros han continuado realizando su labor pastoral en la Archidiócesis de Granada, sin que su titular haya movido un dedo para sancionarles. Lo cual no deja en buen lugar la actuación del todavía arzobispo, Javier Martínez, que ayer participó en la Misa que todas las mañanas oficia el Papa Francisco en su residencia de Santa Marta.
Martínez, quien no ha concelebrado, sino que ha seguido la misa -revestido con la casulla- en primera fila, no ha sido recibido por el Papa, quien únicamente le ha saludado, como a todos los presentes, tras la misa. En todo caso, todo parece indicar que la Santa Sede esperaba la publicación del auto judicial antes de tomar una decisión que se antoja definitiva e inmediata
