Irene Montero, la ministra odiada por las derechas y el último símbolo que Podemos aún intenta salvar

La enésima negociación al límite en la izquierda culmina con la firma de Podemos y Sumar sobre la bocina para concurrir en coalición el próximo 23 de julio a las elecciones generales y con una ausencia de renombre, la de la ministra de Igualdad y principal referente del partido, Irene Montero. Según la formación de Ione Belarra, se trata de un veto explícito a la ministra por parte del equipo negociador de Sumar que han acabado aceptando bajo “la amenaza de dejarnos fuera como ocurrió en Andalucía”.

Según las fuentes consultadas por el elDiario.es al corriente de la negociación esa exclusión de Montero es ya un compromiso firmado por escrito, aunque en Podemos prometen dar la batalla hasta “el último minuto” de cierre de las listas, fijado el próximo día 19 de junio. “No solo es una injusticia, es un error político”, denunció la secretaria general, Ione Belarra, durante una comparecencia este viernes. En Sumar lo dan ya como una pantalla definitivamente pasada. Y en el conjunto del espacio nadie descarta que sea ella misma la que acabe dando un paso atrás como el que protagonizó Pablo Iglesias en 2019, cuando renunció a tener cartera en el Gobierno para encarrilar una investidura que pese al gesto acabó descarrilando y propició la repetición electoral. Un último gesto simbólico en forma de renuncia personal para defender la unidad de la izquierda y frenar un gobierno de PP y Vox.

Hasta bien entrada la noche de este mismo viernes, la ministra de Igualdad había optado por el silencio público. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, Montero calificó como “una mala noticia” el aval del Supremo a las rebajas de penas por la ley del solo sí es sí. Y reivindicó el espíritu general de esa ley y el paquete de medidas que despliega. “Es fundamental acelerar la puesta en marcha de todas las medidas de la Ley Solo Sí es Sí que protegen a las mujeres víctimas de violencias sexuales: especialización judicial, asistencia jurídica gratuita, centros de crisis, psicólogas y abogadas sin necesidad de denuncia”, dijo en Twitter. 

Esa ley del solo sí es sí derivó en la gran crisis política que ha tenido que afrontar la ministra de Igualdad -y todo el Gobierno- durante sus tres años y medio al frente de la agenda feminista del Gobierno de coalición y, a la vez, ayuda a explicar la ausencia de Montero en las listas del 23J. La reforma de esa polémica norma, impulsada por el PSOE tras la rebaja de condenas a cientos de agresores sexuales, ocasionó el mayor choque de convivencia entre los socios de coalición por la negativa del ministerio de Igualdad a “desplazar del centro el consentimiento”, la crítica que hicieron desde Podemos a la propuesta de Justicia. Durante semanas, Irene Montero se mantuvo en el centro del foco mediático e incluso el presidente del Gobierno llegó a valorar la posibilidad de un cese que descartó para proteger la fórmula de la coalición. 

Yolanda Díaz optó por mantener distancia con las culpas que el Ministerio de Igualdad lanzaba contra los jueces en plena rebaja de condenas. Fuentes de Sumar sostienen que con la sentencia del Supremo en la que avala las reducciones de penas recién salida de los teletipos, el equipo de Podemos planteó incluir en la estrategia de campaña una defensa de la ley del solo sí es sí, para espanto de algunos partidos del espacio. El rechazo a que Montero forme parte de la candidatura según se ha debatido puertas adentro de la coalición no tiene solo que ver con la persona, también con el tipo de campaña que Sumar prepara mirando a un futuro libre de PP y Vox en el Gobierno.

Los efectos indeseados de esa ley, con rebajas de penas y excarcelaciones de condenados por violencia sexual, y sobre todo la reacción del Ministerio de Igualdad ante un tsunami que tanto el PSOE como algunas formaciones a su izquierda vivían como una grave amenaza para el Gobierno, situaron a Montero en el epicentro de la crisis. No era la primera vez, porque la todavía ministra de Igualdad nunca ha dejado de estar en ese foco durante toda la legislatura a causa, principalmente, de los furibundos ataques machistas recibidos por parte de la extrema derecha.

“Es usted lo peor que le ha pasado a España en mucho tiempo, su objetivo es destruir la naturaleza humana bajo las banderas de la libertad y la igualdad para construir un mundo de personas alienadas con el fin de criminalizar a los hombres y violar su presunción de inocencia y abandonar a los niños agredidos, abusados y secuestrados cuando la delincuente es una mujer”. La retahíla de agresiones verbales la pronunció la diputada de Vox en el Congreso, Carla Toscano, el día que la ministra de Igualdad defendió la partida presupuestaria de su departamento.

Y aún prosiguió: “Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando derecho cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”, dijo la parlamentaria ultra, que la llegó a acusar de “corruptora de menores”, en referencia a las críticas de Montero a los jueces por la aplicación de la Ley Integral de Libertad Sexual.

Esa violencia verbal en el Congreso, que ha sido una constante para la ministra durante toda la legislatura, tuvo también sus réplicas a las puertas de la vivienda familiar que comparte con Pablo Iglesias en Galapagar y que fue asediada durante meses por cientos de ultraderechistas.

Irene Montero (Madrid, 1988), psicóloga de formación, llegó a Podemos en 2014 desde el activismo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid. Y presentó en aquella asamblea fundacional una resolución, junto con Carlos Huerga y Rafa Mayoral sobre vivienda.

Militante de la juventud comunista, desde que Irene Montero se convirtió en diputada tras el 20D de 2015 y dejó la jefatura del gabinete de Pablo Iglesias, desempeñó el cargo de portavoz adjunta –y posteriormente portavoz tras el relevo de Íñigo Errejón en 2016–, una etapa en la que destacó como parlamentaria con intervenciones como la de la moción de censura presentada por Podemos contra Mariano Rajoy y se rodeó de mujeres en su equipo de colaboradoras. Algunas de ellas, como Ángela Rodríguez Pam, Isa Serra o Victoria Rosell, la han acompañado durante la legislatura en el ministerio. 

El perfil político de más peso en la dirección de Podemos tras la salida de Pablo Iglesias, Montero es una de las voces más combativas no solo con la derecha y la extrema derecha sino también con su socio de Gobierno, el PSOE, del que ha llegado a decir que defiende “el Código Penal de la Manada” con retrocesos para las mujeres. 

Sin ninguna sintonía personal con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la asunción del liderazgo del espacio confederal por parte de la política gallega tras el adiós de Iglesias para concurrir a las elecciones en Madrid terminó por distanciarlas definitivamente. Desde hace meses, la comunicación entre ambas ha sido casi inexistente. Desde el principio de la legislatura se ha mantenido como la segunda ministra peor valorada del gabinete de Sánchez y la última de Unidas Podemos: el último CIS de abril la puntúa con 3,49 sobre 10.

Batería de leyes

La cartera del Ministerio de Igualdad la había recibido Irene Montero de la mano de Carmen Calvo en una toma de posesión en la que la socialista celebró el “relevo generacional” que suponía el cambio. Más allá de la bienvenida protocolaria, la cesión del departamento no fue fácil de asumir para el PSOE, y la tensión que ha marcado la legislatura en materia de igualdad se desveló pronto. Y es que no tardó el ministerio ni dos meses desde la toma de posesión en llevar su primera ley al Consejo de Ministros. Era la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

Ya entonces el conflicto entre los socios se leía como una pugna por liderar las políticas feministas dentro del Ejecutivo en un momento de plena ebullición y también como un debate sobre cuál debía ser ese feminismo, que también se estaba dando entre corrientes del propio movimiento pero se avivaría con la Ley Trans. Con ese telón de fondo Montero llegaba al ministerio con la idea de desplegar un paquete legislativo para consolidar lo que llamaría “una nueva generación de derechos feministas en España”, poniendo en el centro la violencia de género, pero también ampliando el foco a otros tipos de violencias machistas o incluyendo en las políticas feministas a las personas LGTBI.

El departamento de Montero se ha convertido en uno de los que más producción normativa dejará a sus espaldas. Tras la ley del 'solo sí es sí', la Ley Trans y la reforma de la ley del aborto serían sus dos siguientes objetivos, aprobados definitivamente a principios de este año, ambas casi al mismo tiempo y ninguna exenta de tiranteces tanto fuera como dentro del Gobierno.

La reforma del aborto tuvo su principal punto de fricción con el PSOE en las bajas por reglas dolorosas, pero nada comparado con lo que había ocurrido un tiempo antes con la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. La Ley Trans, que reconoce la autodeterminación de género de las personas trans, fue finalmente aprobada después de meses de duras negociaciones con la entonces vicepresidenta Carmen Calvo y dejó una brecha en el movimiento feminista que no se ha cerrado.

La norma es amplia para las personas LGTBI, pero el cambio de sexo legal sin requisitos centró su tramitación. Las tensiones cada vez eran más fuertes y la posibilidad de sacar adelante la ley parecía alejarse cada vez más. Hubo quienes incluso en su entorno reclamaban a Igualdad cesiones e ir menos al choque en pro de una búsqueda mayor del consenso, pero finalmente el ministerio de Unidas Podemos logró arrancarle al PSOE la medida. El empeño de Irene Montero ha sido ampliamente celebrado por el colectivo LGTBI y una parte del movimiento feminista, pero también ha sido muy criticado por un sector del mismo contrario a la autodeterminación de género.

Los ataques personales por parte de la extrema derecha y los negacionistas de la violencia machista, aprovechando la figura de Montero y el ministerio para cargar contra todo lo que suene a feminismo, han marcado estos años, y han hecho vivir al equipo de Igualdad con la sensación de que la ofensiva contra ellas es permanente. Pero también la ministra ha sido objeto de críticas por parte de un sector del feminismo contrario a sus políticas, muy especialmente a la Ley Trans. Aunque desde el principio hubo feministas afines al PSOE que ya mostraron sus oposición a sus propuestas, las críticas se han ido recrudeciendo con el paso del tiempo hasta el punto de que en los últimos actos organizados por el ministerio, incluso el del 8M, grupos de mujeres contrarias a la autodeterminación de género han irrumpido para protestar contra Montero.

Sin embargo, la crisis más reciente y de las más duras para ella es la que ha desatado las reducciones de penas a agresores sexuales motivadas por la ley del ‘sólo sí es sí’. Igualdad se ha llevado el último varapalo esta misma semana, con la decisión del Tribunal Supremo de confirmar las primeras rebajas de condenas firmes, pero sus dirigentes siguen defendiendo que la ley está bien hecha, que nadie en el Gobierno atisbó esta posibilidad y que es una cuestión de interpretación. Es la postura que Montero ha mantenido desde que estalló la crisis, aunque el discurso fue rebajándose y alejándose de las acusaciones directas al “machismo” de los jueces. Ante las críticas que arreciaban y con los medios de la derecha llevando un contador diario de las revisiones de pena, la posición de Montero se mantuvo inamovible durante toda la crisis, en un movimiento que dentro del Gobierno, en la parte socialista, se analizó como una huida hacia adelante sin autocrítica.

Finalmente, y tras semanas de negociaciones sin éxito entre la parte socialista del Gobierno e Igualdad, la norma fue reformada a iniciativa del PSOE con el apoyo de las derechas. El corazón penal de la ley diseñada por Montero, la primera que llevó al Consejo de Ministros tras asumir la cartera de Igualdad, ha cambiado, así que el ministerio pone el foco en los avances para las víctimas de violencia sexual que supone al establecer para ellas todo un marco de protección, atención y reparación al estilo de como el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo en 2004 con la Ley Integral contra la Violencia de Género.

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