La fiesta del Orgullo LGTB ha vivido un ascenso imparable de visibilización del colectivo y reconocimiento internacional desde que “un puñado de personas, con mucho miedo, salió a la calle en unos tiempos absolutamente impensables”, en torno a la década de los 80, para reivindicar sus derechos. Así lo explica la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Boti García, que lamenta que “desde que la señora Botella entró en el Ayuntamiento comenzaron a irnos mal las cosas”.
El último mal trago les llegó a los organizadores del Orgullo –FELGTB, el Colectivo de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales de Madrid (COGAM) y la Asociación de Empresas y Profesionales para Gais y Lesbianas de Madrid (AEGAL)– en forma de expediente sancionador. En concreto, 160.000 euros de multa “a los que no podemos hacer frente” por diez infracciones muy graves, dos graves y tres leves de la ordenanza municipal en cuestión de ruido.
La FELGTB se pregunta si “la alcaldesa es consciente de que con estas sanciones asfixiará el Orgullo”. Pero no solo eso. “Nuestras asociaciones luchan a lo largo del año de manera altruista en proyectos de prevención de VIH, educativos, sociales y por la integración. Todo eso está en riesgo”, denuncia García. “No sé qué va a pasar el año que viene”, remata.
“Todas las celebraciones tienen los mismos niveles sonoros, pero lo diferente es el tratamiento que el Ayuntamiento da a unas y otras”, explica el Coordinador del Orgullo y Secretario General de AEGAL, Juan Carlos Alonso. La Delegación de Medioambiente se defiende afirmando que “todas las ordenanzas están para cumplirlas”.
Ahora tienen 15 días para presentar las alegaciones. El secretario general de AEGAL explica que expondrá que “las mediciones se hicieron sin la presencia de los organizadores y sin poder diferenciar los ruidos del foco de los del fondo”.
Este no es el primer expediente sancionador que se abre contra los organizadores del Orgullo. En 2011 se puso en marcha uno de 35.000 euros –que finalmente quedaron en 600– y en 2012 otro de 42.500, que está recurrido. El notable incremento de este año se debe a que se ha declarado zona de protección acústica especial al barrio de Chueca, donde se realizan las actividades lúdicas.
Unos vecinos combativos
La mala relación de los organizadores del Orgullo con la alcaldesa Ana Botella tiene ya varios años. Botella llegó a la delegación de Medio Ambiente en 2007 (la encargada de gestionar eventos en la vía pública) granjeándose la antipatía del colectivo LGTB tras sus polémicas declaraciones sobre el matrimonio homosexual; la famosa teoría de las peras y las manzanas. Lo cierto es que con ella los vecinos de Chueca encontraron un cauce para sus quejas acerca de las “molestias” causadas por la fiesta. Sin embargo, tampoco la Asociación de Vecinos de Chueca está conforme con el trabajo de la actual alcaldesa.
“Nos tememos que el expediente quede en agua de borrajas otra vez”, se queja su presidente, Esteban Benito. Y no entienden “por qué el Ayuntamiento autoriza y subvenciona un evento que incumple sistemáticamente la normativa”. En ese sentido, su presidente acusa a Ana Botella de jugar “a dos bandas”. “No sé si es homófoba o no, pero creo que utiliza una imagen pública de azote contra el colectivo para ganar electorado, aunque luego no haga nada”, sostiene.
No obstante, desde la llegada de Botella a la alcaldía, la cuantía de los expedientes sancionadores a los organizadores del Orgullo ha aumentado y el apoyo económico ha disminuido. Según los datos de la presidenta de la FELGTB, la aportación del Ayuntamiento fue de 86.000 euros en 2011. Ya con Botella con el bastón de mando, en 2012 descendió a 84.800 euros y en 2013 el tijeretazo fue mayúsculo: la cifra se redujo a 13.300 euros.
Además, era habitual que el Consistorio habilitase el escenario en el que acaba la marcha “reivindicativa”, pero este año “24 horas antes de que comenzase nos avisó de que no pondría ni luz ni generadores”, afirma García. La mala noticia vino acompañada de un gran susto que desde el Consistorio atribuyeron entonces a “un error”: “Llegó una resolución por la que nos obligaban a pagar 150.000 euros por la utilización del espacio público durante la manifestación”.
Algo similar ha pasado en lo referente al patrocinio, recalca Alonso. El Ayuntamiento invirtió en este concepto 60.000 euros en 2011, lo aumentó a 70.800 en 2012 y lo redujo a los 35.400 para estas fiestas. Sin embargo, al descenso se suma que el importe de este año “aún no se ha percibido, al estar inmersos en el proceso sancionador de 2012”, lo que “genera a la organización un déficit de 24.757 euros”, lamentó el secretario general de AEGAL.
Todo ello a pesar de que la semana del Orgullo supone “una creación de puestos de trabajo, un aumento del 30% del gasto en comercios y una generación de 110 millones de euros”, expone Alonso. Sobre todo, tras el “punto de inflexión” que supuso el Europride celebrado en la ciudad en 2007, explica García, que ha permitido que la capital vaya a ser sede del World Pride 2017, un evento que, pese a todo, la alcaldesa recomendó celebrar en Madrid.