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El Ministerio de Educación se niega a informar de si está pagando al rector por artículos que son plagiados

El ministro de Educación Iñigo Méndez de Vigo en una foto de archivo.

Sofía Pérez Mendoza

El Ministerio de Educación no responde sobre si está revisando o tiene intención de revisar de oficio la habilitación de Fernando Suárez para acceder a la cátedra al conocerse que copió y pegó párrafos de otros autores en una prueba para tal fin que exige que el trabajo sea “original e inédito”.

Tras la consulta de eldiario.es, el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo tampoco explica si Aneca, el organismo del Ministerio encargado de conceder los sexenios (pluses cada seis años), está investigando si esos méritos se otorgaron al rector de la Universidad Rey Juan Carlos por publicaciones plagiadas.

Según su currículum, Fernando Suárez tiene al menos dos reconocidos hasta 2005. El propio Suárez dijo ante su consejo de gobierno que tiene cuatro sexenios acreditados, lo que le reportaría 600 euros al mes además de su salario.

La encargada de conceder esos pluses es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), de manera que es el organismo que podría hacer una revisión de oficio –por iniciativa propia o a instancia de parte– sobre si estos méritos se reconocieron sobre la base de unas publicaciones sospechosas de plagio.

eldiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Educación en la mañana del lunes y con Aneca –organismo del que espera respuesta hace 20 días– para consultar si van a tomar alguna de estas acciones, sobre lo que no ha obtenido respuesta al cierre de este artículo. Tampoco especifican si ya se han tomado o se va a dejar sin revisión.

Además, Fernando Suárez se presentó a las pruebas de habilitación nacional de catedráticos en 2007. Esa acreditación previa para escalar depende en última instancia del Ministerio de Educación. Entonces y ahora, aunque con ligeros cambios en el procedimiento administrativo.

Desde 2008 los aspirantes no tienen que presentarse a un examen, como tuvo que hacer el actual rector de la URJC. El proceso pasa solo por valorar los méritos de los profesores, una operación que llevan a medias la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) y el Consejo de Universidades, según marca el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

Antes de que se aprobara este real decreto, el procedimiento estaba regulado por otra normativa y constaba de dos partes: una valoración de méritos y la presentación de un trabajo “original” e “inédito”. Según la información publicada por este medio, la prueba que presentó Suárez en 2007 bajo este paraguas normativo para obtener el 'carné' de catedrático no respetaría los requisitos esenciales de originalidad exigidos.

Teniendo en cuenta esta premisa, la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas prevé la posibilidad de que el organismo competente, en este caso el Ministerio de Educación, revise de oficio esa habilitación como “acto de nulo de pleno derecho”, confirman fuentes jurídicas consultadas.

Esta revisión puede hacerse por iniciativa propia o a instancia de parte, es decir, que la pida algún interesado, que en este caso puede ser por ejemplo un competidor por la habilitación en esa misma convocatoria. El paso previo para iniciar el proceso es tener el visto bueno –dictamen mediante– del Consejo de Estado, como contempla la ley.

El ministro Íñigo Méndez de Vigo se desentendió del asunto en el Congreso hace unas semanas y señaló a la Comunidad de Madrid como órgano competente. “La alta inspección del Estado no tiene competencias alguna. Esto escapa a lo mío”, dijo en la Comisión de Educación. En ese momento todavía no se había publicado que el rector Suárez también se sirvió del copia y pega en el examen para obtener el 'carné' de catedrático.

La Universidad Rey Juan Carlos, haciendo valer su autonomía, anunció hace más de tres semanas que abriría una comisión académica de investigación para analizar los plagios aunque a día de hoy no aclara si se ha puesto en marcha. Este martes por la mañana se celebra un consejo de gobierno, el órgano ejecutivo de la universidad, que aglutina a 50 personas. Entre el orden del día no hay ningún punto referido a los plagios o a cualquier medida extraordinaria al respecto.

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