Murcia, Madrid y Canarias son las comunidades que menos invierten en infancia
En su obra Teoría de la Justicia John Rawls, el filósofo político estadounidense más influyente del siglo XX, nos propone un experimento mental que él llamó “el velo de la ignorancia”. Rawls nos pide que nos imaginemos antes de nacer y pensemos en qué tipo de sociedad nos gustaría hacer nuestra entrada a la tierra. Si no supiéramos nada de cómo va a ser nuestra familia, ni del colegio al que iremos, ni de cómo será la atención en nuestro hospital local si es que lo hay, o de cómo nos tratará la policía ¿En qué tipo de sociedad nos sentiríamos seguros? ¿Cómo garantizarnos la suficiente igualdad de oportunidades aunque nos haya tocado el peor escenario?
En España, hoy, el niño de Rawls se encontraría un panorama aterrador. La crisis ha golpeado tan duramente los presupuestos para la infancia que ninguna comunidad autónoma se salva de la debacle. Justo cuando las cosas se han puesto peor, la red de seguridad, que ya era débil, ha sido retirada. Esta es la primera conclusión a la que se llega tras la lectura del trabajo del Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET) para Unicef Comité Español sobre la Estimación de la inversión en políticas relacionadas con la infancia en España y evolución 2007-2013.
El informe, al que ha tenido acceso porCausa, es muy relevante por ser la primera vez que se analiza con tanto detalle el impacto de la crisis económica en la inversión pública de España en políticas de infancia y su evolución en los últimos años. Tras el estudio de los datos sobresalen tres aspectos que merecen una reflexión más profunda. El primero y más dramático es la caída del gasto durante lo peor de la crisis. El segundo, las diferencias, a veces enormes, que puede haber entre unas comunidades autónomas y otras. El tercero, la falta de calidad y de claridad de la información publicada por las administraciones sobre el asunto.
Poca información
Si definimos como inversión en infancia “todo aquel gasto realizado por las distintas administraciones públicas con un impacto en mayor o menor medida sobre la población infantil”, nos encontramos con que ni en los Presupuestos Generales del Estado ni en los de ninguna de las 17 Comunidades Autónomas aparece desglosado el gasto en políticas de infancia. Para suplir esa falta de información, lo que el CEET ha tratado de hacer es identificar los conceptos de gasto que tengan un impacto claro sobre la población infantil. Para ello ha seleccionado una serie de partidas agrupadas en cuatro ámbitos: la educación, la salud, el bienestar (incluyendo los programas de protección de la infancia y la familia) y la seguridad social o las prestaciones y han imputado la proporción que tenga clara relación con la población infantil.
Con esos datos, el estudio compara la evolución de la inversión pública en infancia, tanto de forma agregada como desagregada, en tres momentos distintos. El primero es el ejercicio de 2007, un año antes del estallido de la crisis, el segundo es dos años después de ese estallido, en 2010 y el tercero es en 2013.
Resulta preocupante la dificultad que la Fundación Tomillo ha tenido a la hora de recopilar la información, ya que esta no siempre aparece lo suficientemente desglosada por conceptos de gasto o no hay una adecuada denominación de los programas presupuestarios, que, además, en cada Comunidad Autónoma pueden llevar nombres distintos. El caso más extremo es el de la Comunidad Foral de Navarra, en la que el análisis es casi imposible.
Esa falta de transparencia hace que pueda haber algunos peros a la metodología utilizada en el informe, ya que puede ser que no estén todos los gastos. Ahora bien, haciendo ciertas salvaguardas, el informe es un ejercicio de aproximación válido para saber cómo han ido las cosas desde 2007 y para conocer mejor la magnitud de los recortes. Y en cualquier caso, debería servir de estímulo para que la información sobre la inversión pública en infancia mejore y sentar las bases de un debate público de mayor calidad y con más argumentos.
Las diferencias territoriales
La inversión total es el resultado de sumar las partidas de gasto de la Administración General del Estado más las de las comunidades autónomas. Dada la distribución de competencias del sistema español, son las CCAA quienes mayor porcentaje de sus recursos dedican a las políticas de infancia sobre sus recursos totales, ya que de los cuatro ámbitos considerados en el estudio, educación, salud y bienestar social son de competencia autonómica, mientras que las prestaciones (por hijos a cargo, maternidad/ paternidad, orfandad) pertenecen mayoritariamente al ámbito estatal.
En el reparto total, la Administración General del Estado representa, en promedio de los tres ejercicios analizados, un 12% de la inversión total en infancia, mientras que el conjunto de las CCAA representa el 88% restante.
Atención niño de Rawls que quieres dejar de estar en órbita y a lo mejor te estás planteando dejar de ser inocente e ignorante. Si estás pasando por España, debes saber que a la cabeza de las 17 CCAA, en términos de inversión en infancia por niño, en los tres años analizados, se sitúan País Vasco, Castilla y León y Asturias. Los farolillos rojos son la Región de Murcia, la Comunidad Foral de Navarra (un caso especial por la poca calidad de sus información) y la Comunidad de Madrid, todas ellas en niveles muy parecidos. Y las diferencias no son baladíes. Con los datos disponibles, en el País Vasco el gasto por niño en 2013 ascendió a 7.767 euros, mientras que la inversión destinada al niño madrileño fue de 2.791 euros, aproximadamente una tercera parte, o un 64% menos.
Si bien en todas las comunidades el gasto por niño/a descendió entre 2007 y 2013 hay grandes diferencias en las magnitudes. La palma del recorte se la llevan La Rioja (-35%), Murcia (-29%) y Castilla-La Mancha (-22%), mientras que en el País Vasco (-1,3%), Andalucía (-7,5%) y Extremadura (-8%), ha habido más moderación.
Si se combina el punto de partida y la evolución en el período, se obtiene una visión más completa. Así, las CCAA que más invertían en infancia en 2007 y que menos han reducido su inversión entre 2007 y 2013 son País Vasco, Castilla y León, Asturias, Extremadura y Aragón, mientras que las que menos invertían en infancia en 2007 y que más han reducido su inversión en el período analizado son la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y Canarias.
Evolución total
En los tres años a los que se refiere el estudio, el patrón de la evolución de la inversión total sigue la forma de una V invertida, subiendo entre 2007 y 2010 y bajando entre 2010 y 2013. Si el análisis se realiza en euros constantes, teniendo en cuenta el efecto de la inflación, lo que sería un cálculo más real, el patrón se repite, hay aumento entre 2007 y 2010 y caída en 2013, pero en este caso la cifra final está por debajo de la de 2007, ya que es casi un 6% inferior. Es decir, la inversión total en infancia aumenta entre el año anterior a la crisis y el segundo año después de su estallido pero luego cae conforme esta se agrava y sigue por debajo del nivel inicial. La primera conclusión tras este momento farragoso de análisis de datos, es que sí, ha habido recortes, no son un bulo ni un falso rumor.
Hay que aclarar que esta caída no obedece a un descenso del número de niños y niñas, ya que si se divide la inversión total entre la población infantil en cada uno de los años de referencia, el gasto per cápita infantil en 2013 sigue por debajo del de 2007. Y si se considera el gasto en infancia como porcentaje del PIB, ocurre los mismo; si en 2007 representaba un 4%, subió cuatro décimas en 2010 para bajar seis en 2013, año en el que el porcentaje (3,8%) queda todavía dos décimas por debajo del de antes de la crisis.
Atendiendo a los conceptos que componen la inversión en infancia, hay que cuestionarse qué partidas son más importantes que la sanidad, la educación o el bienestar para que hayan ganado terreno proporcional en el peso del PIB en lo más crudo de la crisis. Ahí nos encontramos gastos que hoy resultan un tanto estrafalarios: aeropuertos reconvertidos en mausoleos, tranvías cuyo coste final se duplicó y otras muchas infraestructuras prácticamente abandonadas. Por eso no sorprende que mientras el esfuerzo presupuestario en infancia respecto del PIB descendía entre 2007 y 2013, la tasa AROPE estatal de menores de 18 años que mide el porcentaje de la población en riesgo de exclusión y pobreza, haya aumentado en ese mismo período en cuatro puntos, del 28,6% al 32,6%. Cuatro puntos que nos acercan aún más a los casi tres millones de niños que viven en la pobreza en nuestro país.
Esta caída neta de la inversión en infancia pone de manifiesto el fracaso del estado de bienestar como red de protección global. En el caso de otros colectivos, como los pensionistas, el nivel de protección ha seguido estando garantizado y ha dado resultados. En el caso de los niños, esas garantías se han reducido en lo peor de la crisis y los ha dejado más desprotegidos, a merced del empleo de sus padres. Resulta inevitable plantearse si este fracaso no es en parte consecuencia de la menor relevancia política de los menores.
En resumen, tras tanto dato y tanto porcentaje, la realidad es que parece mejor que te toque ser Gorka que Isidro. El punto de partida ya era mejor, pero además la crisis se hecho más llevadera. Madrid y País Vasco tenían la misma tasa AROPE en 2007: un 16%. Seis años después la tasa de Madrid aumenta cuatro puntos hasta un 20% y la del País Vasco lo hace tan solo en un punto hasta el 17%.
Lo que Rawls defendía con el experimento del “velo de la ignorancia” no era que nos volviéramos ignorantes, sino que todos, en el fondo, sabemos lo que es justo y lo que no, y tenemos una idea bastante aproximada de lo que hace que una sociedad sea más justa y más equitativa. Esperamos que iniciativas como el informe del CEET para Unicef España contribuyan precisamente a luchar contra la ignorancia social sobre la pobreza infantil. En esto, no hay velo que valga.
Este trabajo de porCausa ha sido posible gracias a la aportación de sus pioneros y patrocinadores.
Nota: Los datos de los gráficos corresponden a euros constantes de 2007 para considerar el efecto de la inflación.
