Nadie pone coto a las toneladas de plomo venenoso de la munición de caza
El plomo sigue esparciéndose a mansalva por los ecosistemas españoles en forma de munición de caza. El último informe de la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) sobre el riesgo que supone su toxicidad para los ecosistemas y la salud apenas ha provocado movimiento en los responsables de regular la caza y la pesca deportivas en España.
A pesar de que el veredicto de la ECHA sobre la peligrosidad del material era bastante claro, las resistencias han quedado muy patentes con el caso del anuncio de Aragón de impedir el uso de plomo en la Reserva de las Masnadas de Ejulve en diciembre pasado. Una vez hecho público este proyecto, el Ejecutivo aragonés tuvo que salir a aclarar que no pretendía extender este modelo al resto de cazaderos de la región. Solo un estudio y únicamente exportable, en todo caso, a los cotos de gestión pública autonómica.
De hecho, solo la Región de Murcia ha planteado impedir el uso generalizado de munición de plomo, pero no antes de 2020 y tras consensuar con los cazadores y sector agrícola. Este verano, Murcia declaró diversas zonas en “emergencia cinegética” por daños de conejos a la agricultura, pero prohibió cazar los animales durante esa campaña con plomo. A la Unión Nacional de Cazadores les pareció “indignante”.
Así, las diferentes administraciones responsables de controlar la práctica de la caza y la pesca deportivas se limitan a cumplir lo mínimo establecido hasta ahora.
El informe de la agencia europea sostenía que se ampliara la restricción del uso del plomo a toda la práctica cinegética y de pesca deportiva por los daños que acaba produciendo la enorme cantidad acumulada de este metal pesado. En España unas 6.000 toneladas al año. Hasta ahora, la prohibición se circunscribe a los humedales protegidos legalmente.
Las competencias directas y concretas sobre caza son de las comunidades autónomas. Con todo, el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco valora servirse del informe de la ECHA para elaborar una regulación general que sí cae en sus manos. El Ejecutivo está ultimando una nueva normativa para que los perdigones disparados “en cualquier tipo de humedal y su franja periférica” no contengan más de un 1% de plomo, según contestó a una pregunta del diputado de Equo Juantxo López de Uralde. Para algo más extenso, aguarda la decisión de la Comisión Europea que está estudiando el informe técnico de advertencia.
Negociaciones en Bruselas
Por lo tanto, todos miran a Bruselas. “Sabemos que en España lo que mejor funciona es la normativa europea porque provoca regulaciones en cascada”, explica Ana Carricondo, de la Sociedad Española de Ornitología. La SEO persigue desde hace tiempo una reglamentación más estricta contra el plomo. Una vez llega un reglamento de la Unión Europea ya no caben muchas alternativas o presiones: es una obligación implementarlo.
Carricondo entiende que “no puede hacerse una prohibición repentina. Puede discutirse el ritmo, pero no el objetivo”. Sin embargo, la Comisión Europea ha retrasado su decisión, que se esperaba para finales de 2018.
El secretario de la Federación Sectorial Armera, Pedro Morrás, afirma que no ve “un horizonte técnicamente cercano en el que se pueda sustituir los perdigones de plomo, máxime cuando no hay ningún estudio serio que demuestre que el plomo en forma de material inerte en el ámbito terrestre cause daño medioambiental alguno en un coto cinegético normal”.
Tanto la Federación Armera como su paraguas continental, la Asociación europea de fabricantes de munición deportiva, están dados de alta como grupos de presión en el registro de la Unión Europea para influir en las tomas de decisión.
Vaticinios alarmistas no cumplidos
La restricción del plomo cinegético ilustra la dificultad para sacar adelante normas que contradigan los intereses de la caza. La primera medida sobre esta munición llegó en 2001 mediante un real decreto que impedía usar este material en los humedales españoles incluidos en la convención internacional Ramsar.
La norma incluyó la posibilidad de que las administraciones levantasen esa prohibición por “razones imperativas de interés público” de tipo “socioeconómico, de salud o seguridad”. Muchas puertas de atrás a discreción de los reguladores. No fue hasta 2007 cuando una ley estableció claramente la prohibición del material en zonas húmedas con figuras de protección.
La reacción de los cazadores hace más de una década fue asegurar que una norma así suponía, directamente, el “fin de la caza”. La Federación de Castilla y León argumentaba entonces que una regulación así hacía “muy gravosa la caza de aves acuáticas, restringe de forma notable la caza de aves migratorias y dificulta y restringe la zona de caza en relación con el uso de munición con plomo”.
Su postura contó la colaboración del Gobierno de la comunidad autónoma que presentó un recurso de inconstitucionalidad. El TC tumbó las argumentaciones en 2013 y mantuvo la norma tal como había sido redactada.
A pesar de los vaticinios –similares a los aplicados en 2019– la caza no desapareció. Si bien el número de licencias va disminuyendo, el de piezas matadas ha crecido. Casi una década después de la ley de 2007, en 2016, se cobraron más de siete millones de mamíferos de caza menor (trofeos abatidos con perdigones de plomo) y 14 millones de aves, de las cuales 259.000 fueron aves acuáticas y anátidas (propias de humedales), según las cifras del Ministerio de Transición Ecológica. ¿Qué pasó con las migratorias cuya caza iba a restringir la ley según expuso la federación castellanoleonesa en 2007? Cayeron cinco millones de zorzales y 890.000 tórtolas. Tantas como para situar la especie en un delicado estado de conservación.
