Lesbianas obligadas a casarse para inscribir a sus bebés en el Registro Civil: “Legalmente mi hija sigue sin ser mi hija”

Pilu todavía no ha podido disfrutar de las 16 semanas de permiso a las que desde el 1 de enero tienen derecho los padres y progenitores no gestantes tras el nacimiento de su hija. Aún está esperando a que llegue la resolución firme que acredite que la pequeña, que dio a luz su pareja Noelia en febrero de 2020, es también hija suya aunque no la haya gestado. Ellas son una de las pocas que han decidido eludir el requisito al que siguen sometidas las parejas de mujeres para poder inscribir en el Registro Civil a las criaturas como hijos e hijas de ambas: casarse. Si no lo hacen, la única opción que tienen es que la mujer no gestante adopte a la niña, que es el trámite en el que está inmersa Pilu: “Legalmente mi hija sigue sin ser mi hija” más de un año después de nacer, señala a elDiario.es.

Esta es una de las “exclusiones” que según la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) siguen sufriendo las mujeres lesbianas –y también bisexuales con pareja mujer– y que ha denunciado con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica, que se celebra cada 26 de abril. La ley, explica Cristina Pérez, coordinadora de Políticas Lésbicas de la organización, “nos discrimina porque no podemos filiar a nuestros bebés en igualdad de condiciones al del resto de parejas si no estamos casadas”. Un obstáculo que indigna a las parejas de mujeres y que revierte el borrador de la Ley LGTBI que el Ministerio de Igualdad y el PSOE negocian para sacar adelante junto a la polémica Ley Trans. Ambas forman parte del paquete legislativo en materia de igualdad acordado por ambos socios de Gobierno, pero de momento están bloqueadas.

Pilu y Noelia decidieron que querían acceder a la reproducción asistida hace unos años, y aunque luego esperaron “un poco más”, ya entonces se enteraron de que debían contraer matrimonio para que el Estado reconociera la filiación de Pilu. Sin embargo, “no era nuestra idea casarnos” y “hacerlo por eso no nos parecía razonable”, explica. “A lo mejor es algo que algún día terminamos haciendo, pero a día de hoy tenemos una posición política sobre el matrimonio y no creemos en ese modelo, que supone una serie de privilegios sobre el resto y una jerarquización de las relaciones que no van con nosotras”. Pero además, “te da coraje que sea una imposición”, y de hecho, cuenta Pilu, cuando llegó el momento de la filiación “incluso los funcionarios del Registro Civil nos reconocieron que era una discriminación, pero que tenían que aplicarlo”.

Así que su única alternativa era que Pilu adoptara a la bebé, con la circunstancia específica en su caso de que el nacimiento de su hija pilló justo al inicio de la pandemia de COVID y a las puertas de la declaración del estado de alarma. “Iniciamos el proceso, pero con la paralización de servicios y todos los cierres no pudimos hasta seis meses después enviar la documentación”, cuenta la mujer. El periplo continuó en el juzgado, al que ambas tuvieron que acudir a prestar declaración, para después pasar a Fiscalía. Incluso se vieron obligadas a ser evaluadas por un equipo psicosocial: “Nos dijeron que eran conscientes de que esta situación no debería estar ocurriendo. Yo en ese momento me sentí muy vulnerable. Nos preguntaban cosas como que cómo había sido nuestra relación o por qué habíamos decidido tener un bebé”, cuenta.

La presunción de paternidad de los hombres

La previsión de que las parejas de mujeres deben contraer matrimonio para que la mujer no gestante pueda filiar al bebé está contenida en la Ley de Reproducción Asistida de 2006, específicamente en su artículo 7.2, que habla de la filiación y estipula: “Cuando la mujer estuviere casada y no separada legalmente o de hecho con otra mujer, esta última podrá manifestar [...] que consiente que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge”. Y este es el mismo precepto que reproduce la ley de reforma del Registro Civil que entró en vigor en octubre de 2015.

La clave, explica Ricardo de la Rosa, abogado especializado en Derecho de Familia, es cómo se reconoce la filiación en el caso de que el no gestante sea una mujer o un hombre: “El principio básico, que viene del Derecho romano, es que el parto determina la filiación, es decir, quien ha parido es la madre sí o sí a nivel jurídico. Pero otra cosa es cómo se determina la del padre. Se puede hacer por matrimonio, pero si no están casados, también se reconoce por reconocimiento, que es básicamente que este señor declare ante el Registro Civil que él es el padre, independientemente de que lo sea biológicamente o no”. Sin embargo, no se puede en el caso de una mujer, “porque no está contemplado así en el Código Civil”.

Aun en el caso de que la pareja heterosexual haya tenido hijos mediante técnicas de reproducción asistida, se mantiene así. Y “si un hombre y una mujer llegan a la oficina y lo único que acreditan es el nacimiento, no hace falta que aporten otro documento. Con la declaración del hombre, ya hay presunción de paternidad”, aclara de la Rosa, que es doctor por la Universitat de Barcelona con una tesis sobre El tratamiento jurídico de la filiación en el seno de las parejas homoparentales. Según explican las investigadoras Gracia Trujillo y Mercé Falguera en un estudio sobre el tema publicado en la revista Política y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid, la única excepción es Catalunya, que permite la filiación sin el matrimonio.

“Es una auténtica vergüenza”

“¿Por qué Marta no iba a ser madre desde el principio?”, se pregunta Noemí algo más de un mes después de que naciera su hija. Ambas viven en A Coruña, y se casaron “in extremis” en el mes de enero, cuando ella estaba embarazada de siete meses. Y en medio de la tercera ola de coronavirus: “Claro, fue sin invitados y sin nada, en plena pandemia y con todas las restricciones en vigor. En ese momento no era nuestra prioridad casarnos, es algo que sopesaríamos, pero si lo decidiéramos no sería así”. Noemí recuerda cómo, ante las circunstancias, muchas personas de su entorno les apelaban a retrasar la boda, “y nosotras respondíamos que no podíamos, que lo normal sería hacerlo, pero si no Marta no podía ser la mamá, y nos parecía injusto”.

A Noemí le indigna especialmente la comparación con las parejas heterosexuales, a las que “no se les cuestiona”; y califica de “incomprensible” que “solo se nos exija a nosotras”: “Si hay unos derechos para la ciudadanía, que sean para todas y no solo para las parejas heterosexuales”, clama. Laura, que vive en San Sebastián de los Reyes (Madrid) con sus trillizos, nacidos en 2017, piensa igual: “Me parece una auténtica vergüenza en el siglo y en el país en el que estamos y una brecha en la igualdad”, opina la mujer, que reconoce que “ni siquiera en el Registro Civil sabían muy bien qué explicación dar”. Pero además cree que “es una desprotección para los propios menores” porque si no hay matrimonio y la mujer gestante fallece “se quedan huérfanos” y si muere la no gestante, se quedarían sin los derechos que les corresponden.

Los problemas que enfrentan las parejas lesbianas que quieren ser madres no son nuevos, tal y como demuestra lo que ocurrió con la aprobación del matrimonio igualitario en 2005. La reforma del Código Civil que permitió a las parejas del mismo sexo casarse vio la luz entonces, pero pasó por alto la filiación de las lesbianas y no modificó los artículos de la norma relacionados con ello, recuerdan Trujillo y Falguera. La consecuencia, hasta que dos años más tarde se cambió la ley, fue que “las madres lesbianas casadas obtenían dos libros de familia, uno para el matrimonio y el otro para la madre gestante y el bebé. Y la pareja necesitaba adoptar al niño/a para ser considerada legalmente su madre también”.