Por qué obligar por sistema a la vacunación infantil podría no ser una buena idea

¿Debería la ley obligar por sistema a los padres a vacunar a sus hijos ante el resurgimiento de enfermedades infecciosas como el sarampión, la tosferina o la difteria en diferentes lugares? Esta pregunta está sobre la mesa en diferentes países a lo largo del mundo y múltiples gobiernos se están planteando modificar la ley para forzar la vacunación infantil.

En España, aunque existe un calendario infantil de vacunación “obligatorio”, estas vacunas no son realmente obligatorias, legalmente hablando. Es decir, a priori, los padres pueden decidir libremente si vacunar o no a sus hijos sin recibir sanciones económicas o legales. No obstante, hay excepciones a esta situación. En algunas comunidades autónomas como Extremadura, Galicia o Castilla y León, los padres que desean que sus hijos vayan a guarderías públicas deben estar previamente vacunados. Además, cuando se han dado brotes de enfermedades infecciosas evitables mediante vacunas en zonas concretas, los jueces han obligado en varias ocasiones a la vacunación forzosa de los niños. Esto fue lo que ocurrió en Granada en 2010: un juez autorizó imponer la vacunación a 35 niños, tras la negativa de sus padres. Y es que, aunque la ley no obligue explícitamente a la vacunación infantil, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Salud Pública afirma:

En más de una decena de países de la Unión Europea, como Francia o Italia, la vacunación sí es obligatoria. De hecho, con el resurgimiento de epidemias de enfermedades prevenibles con vacunas, diferentes gobiernos de la UE están implantando la vacunación obligatoria o planteándose su imposición. Es el caso, por ejemplo, de Alemania que está valorando aplicar multas de 2.500 euros para los padres que se nieguen a vacunar a sus hijos, así como prohibiciones y multas a las guarderías.

España, pese a no obligar a la vacunación por sistema, presenta las tasas más altas de vacunación entre la población en la UE, superando con creces la media del resto de países europeos. Además, la mayoría de brotes de enfermedades infecciosas prevenibles en España no se dan tanto por el activismo antivacunas, sino en poblaciones marginales donde el acceso a los servicios sanitarios es mínimo.

No obstante, existe un porcentaje nada desdeñable de antivacunas o personas con dudas hacia las vacunas. Según la encuesta de Percepción Social de la Ciencia elaborada por la Federación Española de la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del año 2018, se calcula que alrededor de un 3,3% de la población española (1.250.000 personas) cree que las vacunas infantiles tienen poca o ninguna utilidad y, además, un 6,4% cree que los riesgos de estas vacunas superan a los beneficios. También se ha observado que, a menor nivel educativo, mayor porcentaje de las personas muestra estas ideas.

Dada la situación de España con respecto a la vacunación, múltiples instituciones sanitarias, como la Asociación Española de Pediatría (AEP) o el Ministerio de Sanidad, han descartado la idea de obligar a vacunar a los niños. Las razones que más se esgrimen son que el porcentaje de vacunación entre la población sigue siendo muy alto (superior al 95% a los 2 años de edad), que la absoluta mayoría de la sociedad valora las vacunas y que el número de brotes de enfermedades infecciosas vacunables que se han dado es muy reducido. ¿Si la situación vacunal en el país es buena, por qué cambiarla y arriesgarse a que vaya a peor? El mayor temor de dichas instituciones es que al implantar la obligación de vacunar se genere una sensación de rechazo y desconfianza entre la población, empeorando la situación, en lugar de mejorarla.

Diferentes estudios han evaluado la efectividad de la implantación de la vacunación obligatoria. En Francia e Italia, por ejemplo, se ha visto un aumento de las tasas de vacunación tras la implantación de la vacunación obligatoria. Sin embargo, varios estudios no ven efectos positivos por esta práctica. Por ejemplo, un estudio europeo observó que no existía una relación clara entre vacunación obligatoria y un aumento de la tasa de vacunación en países europeos entre 2007 y 2013. En palabras de los propios autores: “se muestra que esta acción no parece relevante en determinar la inmunización de los niños en países de la UE”.

Otro estudio llevado a cabo en Nueva Zelanda detectó que los programas obligatorios de vacunas fueron marginalmente efectivos, mientras que se incrementaba el riesgo de aislar aún más a las poblaciones más desfavorecidas de la sociedad, haciendo incluso más difícil erradicar los potenciales focos de enfermedad. Una revisión sobre la vacunación forzada encontró que las evidencias eran débiles sobre los beneficios de una vacunación con una obligación “dura” y puede tener consecuencias no deseadas (como estrés familiar por pérdidas económicas y restricción en la educación de los niños). Además, también se observó que la vacunación obligatoria no tenía por qué garantizar un aumento en la frecuencia de vacunación.

Entre los expertos en Salud Pública, hay voces que aconsejan medidas menos intrusivas y más efectivas para aumentar la tasa vacunal como campañas informativas y una formación adecuada de los profesionales sanitarios para que combatan los mitos y desinformación que rodean a las vacunas. Aunque los antivacunas convencidos raramente cambian de parecer en esta cuestión, son una minoría muy pequeña. La mayor parte de la gente que no ve con buenos ojos las vacunas tiene dudas, y estas personas son las que responden mejor a acciones informativas.

Por eso el diálogo y la información veraz sobre vacunas infantiles son muy eficaces para crear conciencia sobre su necesidad y tiene menos efectos indeseados que la imposición y las amenazas. “La educación es la llave para abrir la puerta de oro de la libertad”, dijo el científico George Washington Carter. Es decir, con una buena educación de la población general sobre el papel de las vacunas, restringir la libertad para aplicarlas se vuelve innecesario.