Olivia tenía seis años y también es víctima de la violencia machista

Olivia tenía seis años y una vida por delante. El jueves por la tarde, la Guardia Civil encontró su cuerpo en el fondo del mar, en la costa sur de la isla de Tenerife. Llevaba desaparecida desde el 27 de abril, el día en que su padre, Tomás Gimeno, tenía que devolverla a ella y a su hermana Anna, de un año, con su madre. Pero no lo hizo. Por contra, llamó a su expareja y le aseguró que no volvería a ver a las niñas, tampoco a él. La Guardia Civil sigue rastreando el mar en busca, ahora, del cuerpo de su hermana y también de su padre. Olivia es una cifra y mucho más que eso: será, de confirmarse, la tercera menor asesinada por violencia de género este año y la número 40 desde 2003, cuando comenzaron las estadísticas oficiales. Es también uno de esos casos que conmociona y que vuelve a poner sobre la mesa la manera en que la violencia machista golpea también a los menores y los estereotipos que aún lastran su protección.

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, señala en conversación con elDiario.es que los datos ya indican la cantidad de menores que viven expuestos a esta violencia. La Macroencuesta de Violencia Machista y algunos estudios sobre su prevalencia y efectos en menores de edad muestran, por ejemplo, que el 74% de quienes la vivían se percataban de ella. Hasta 1,6 millones de niños y niñas viven en hogares donde se sufre violencia machista en cualquiera de sus formas. “Con esas cifras deberíamos considerar muy seriamente que detrás de cada mujer que sufre violencia hay menores que también son víctimas. También a nivel judicial”, apunta Rosell, que menciona la recién aprobada Ley de de Protección de la Infancia y la Adolescencia. La norma contempla que, ante cualquier indicio de violencia, se suspendan las visitas, aunque no exista causa penal u orden de protección hacia la madre.

Esa Ley contempla, en palabras de Rosell, “algo tan básico” como la obligación de escuchar a los menores, a ser evaluados por expertos en función de su edad y que solo tengan que declarar una vez y en entornos cercanos y amables. “Lo primero es proteger a los menores”, prosigue Rosell. El interés fundamental de los menores, señala la presidenta de la Asociación de Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo, es “que se les preserve de relaciones en las que hay evidencias sólidas de actos de violencia”, aunque sea porque la han presenciado. “Ese tiene que ser el patrón y ver si las circunstancias de futuro permiten una relación con el padre que no implique riesgo para los menores”.

Las consecuencias de la violencia de género en los hijos e hijas pueden ser diversas. El caso de Olivia y Anna es el de una violencia extrema que acaba con sus vidas, pero hay muchos otros tipos e intensidades. Diana Díaz es psicóloga y directora del Teléfono y Chat de la Fundación Anar para menores en riesgo: “Lo que escuchamos diariamente son relatos de mucha gravedad donde hay una aprendizaje en un entorno de violencia, están empapándose de situaciones como espectadores permanentes si viven en el mismo contexto familiar o si hay visitas y el menor tiene que ir al entorno del padre agresor”, explica a elDiario.es. La psicóloga cuenta que aunque las consecuencias psicológicas y vitales pueden ser diversas, lo que es seguro es que “siempre hay un daño”.

En ocasiones, incluso, son los menores los que llaman para proteger a las madres o a los hermanos, incluso exponiéndose al riesgo que eso les suponga. “El vínculo emocional más importante que tenemos es con los padres, los niños necesitan un entorno seguro que devuelva confianza y cariño. Esta violencia daña a lo más básico, que es la vinculación emocional que se necesita para crecer”, expone Díaz. Erika López Arribas, psicóloga y directora del Área Educativa de Idealoga, también subraya el daño que supone que el agresor sea una persona que forma parte del que debería ser tu círculo de seguridad. “Cuando hay violencia, los niños, más allá de si sufren agresiones directas, están viviendo miedo, tristeza, culpa y todo eso tiene consecuencias biopsicosociales”.

Mantener la relación con el padre

A pesar de que en 2015 se reconoció a las hijas e hijos de mujeres que sufren violencia de género como víctimas directas de esa violencia y, por tanto, como sujetos que deben tener la misma protección que sus madres, la realidad es muchas veces otra. “No parece que haya una adecuación de la práctica judicial ante esa evidencia de que son víctimas. Cuando se denuncia, lo que vemos es que el automatismo judicial es el de mantener la relación con el padre. Se dan visitas de fines de semanas con pernoctas, incluso pernoctas entre semana”, dice la presidenta de Themis, María Ángeles Jaime de Pablo. La abogada recuerda un caso en el que a una mujer que fue apaleada por su pareja delante de sus hijos pequeños, que estaban escondidos bajo la mesa, se le dijo en un juzgado que tenía que separar lo que a ella le había pasado de lo que sucediera con los niños porque él no tenía por qué ser un mal padre.

Ese es el prejuicio que sigue lastrando la protección de los menores. “Si preguntas qué es lo mejor para un niño en caso de separación es que siga en contacto con los dos. Y si uno es un agresor, ¿también? La idea de que un padre tiene que estar con sus hijos sí o sí, que siempre hay que mantener el contacto, es un prejuicio y un estereotipo machista muy arraigado en nuestro país. Pero ese no es el interés del menor, es el interés del padre y de la sociedad machista en la que nos hemos educado. El interés superior del menor es el de una vida libre de violencias y hay que resolver todo en función de ese parámetro”, explica Victoria Rosell. Casi el 80% de las mujeres que salen de la violencia machista lo hacen mediante la separación y el divorcio y no mediante la denuncia.

María Ángeles Jaime de Pablo recuerda que la Ley Integral de Violencia de 2004 ya establecía que el juez tenía que resolver en cada caso sobre la suspensión de visitas en función de las circunstancias, precisamente por la evidencia de que los menores están afectados por el ambiente de violencia en el que viven. En 2015, “ante la evidencia de que no se estaba teniendo esa consideración de los menores como víctimas, se especifica que se tiene que motivar la razón para mantener el contacto con el padre y hacer una evaluación periódica para evaluar el grado de exposición daño y al riesgo de los menores”, agrega la abogada, algo que no está sucediendo como debería.

Hasta ese mismo año, 2015, las madres que tuvieran una sentencia de violencia machista aún tenían que contar con el permiso del padre para que sus hijos pudieran recibir asistencia psicológica. Desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Infancia ese permiso tampoco será ya necesario en los casos en los que no haya denuncia, pero sí exista un reconocimiento como víctima. La psicóloga Erika López Arribas subraya que este reconocimiento tan reciente como víctimas directas ha hecho que apenas haya una intervención multidisciplinar con ellas: “Estamos en una situación un poco arcaica, con los menores se va más lento. Sería interesante que hubiera una intervención interdisciplinar educativa, psicológica, judicial y médica para que las menores y los menores estén representadas dentro de lo que son las violencias machistas”.

En 2014, España fue condenada por la ONU por actuar negligentemente en el caso de Ángela González Carreño, una mujer que denunció hasta 47 ocasiones a su expareja, que la amenazó con “quitarle lo que más quería” y que en una visita no vigilada asesinó a la hija de ambos. Desde entonces han sido varios los casos que han conmocionado a la sociedad, como el del crimen de los dos hijos de Ruth Ortiz, asesinados por su padre, José Bretón; o el de Itziar Prats, cuya expareja mató a sus dos hijas. Prats había denunciado y ni ella ni sus hijas recibieron protección.

Olivia se ha sumado a esa lista negra. Pero Olivia será, sobre todo, una niña de seis años. Una pequeña que tenía una vida por delante que su padre y el machismo le arrebataron.