Las primeras medidas de protección a una mujer maltratada las decide un algoritmo informático
Las primeras medidas de protección que recibe una víctima de violencia machista al denunciar en una comisaría de policía o en el cuartel de la Guardia Civil las fija un programa informático que evalúa una serie de respuestas a un cuestionario cerrado. La mujer víctima de violencia de género, o incluso a veces el funcionario que instruye las diligencias como un testimonio indirecto, debe contestar –sí, no, tal vez o no sabe– a una lista de casi cincuenta preguntas y es el algoritmo el que establece cuáles deben ser las medidas de seguridad para amparar a las víctimas que clasifica en cinco grados de riesgo: no apreciable, bajo, medio, alto y extremo. Solo quienes se encuadran en este último grupo –a mediados de 2016 había cuatro mujeres en España en esta situación– reciben vigilancia permanente. A las víctimas en riesgo alto –152 el pasado junio- se las vigila “de forma frecuente y aleatoria en el domicilio y lugar de trabajo, así como en la entrada y salida de los centros escolares”. Quienes están en riesgo medio (2.893 según la estadística de mitad de año) reciben seguimientos ocasionales en sus viviendas y empleos.
Todos los actores implicados en el proceso de atención a las víctimas admiten que el informe policial que se remite al juzgado está predeterminado por los resultados de esa herramienta informática. Cada vez son más voces que piden que se completen esos cuestionarios con estudios más completos en los que participen psicólogos y sanitarios, una exigencia legal desde 2004. El Sindicato Unificado de Policía lleva meses reclamando que se modifique el sistema de evaluación del peligro para que este no dependa solo de un cuestionario a la víctima y de un software informático y sean equipos interdisciplinares con psicólogos, policías y sanitarios, los que analicen caso a caso.
El Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (conocido puertas adentro en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como sistema Viogen) lo puso en marcha el Gobierno que presidía el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en julio de 2007 y está adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad. La iniciativa perseguía dar cumplimiento a la Ley Orgánica que el mismo Ejecutivo socialista impulsó en 2004. Entre sus objetivos estaba además de involucrar a todas las instituciones en la prevención de la violencia machista, hacer una predicción de riesgos y establecer un sistema de alertas cuando se detecten incidencias que puedan poner en peligro la integridad de la víctima.
Pero aquella ley orgánica de medidas de protección integral contra la Violencia de Género“ que el Gobierno de Zapatero impulsó en 2004 establecía que esa evaluación debía completarse con un informe de una Unidad de Valoración Forense Integral que estudie todas las circunstancias de la víctima, de su entorno y su agresor. Esa segunda pata de la prevención que reclamaba la norma no se ha puesto en marcha en la mayoría de comisarías y cuarteles.
Los actores implicados en la atención de víctimas coinciden en que el cuestionario –que la Secretaría de Estado de Seguridad ha diseñado con ayuda de la Universidad Autónoma y que ha sido ampliado este año para incluir 49 factores– es muy completo pero que que falla su aplicación.
Una funcionaria que lleva décadas formando a agentes de policía para prevenir la violencia machista recuerda que cuando las denuncias llegan a comisaría en turnos de noche o fines de semana –cuando no están operativas las Unidades especializadas de Familia y Mujer (Ufam)– son “policías sin especializar” los que deben atender a las mujeres, habitualmente sin el tiempo que requiere una entrevista tan sensible con la víctima. “La herramienta es muy fría. Un problema como el de la violencia contra la mujer no se puede solventar con una pregunta, sí o no, tal vez. Llevo trabajando 20 años en este tema. Me encuentro con personas cada vez más sensibilizadas pero que en muchas ocasiones están desbordadas por su carga de trabajo, no pueden asistir a las víctimas como ellos quisieran y no tienen medios ni recursos. Las víctimas de violencia de género no son iguales a otras víctimas. Requieren de tiempo, fuera de las Unidades de la Familia y la Mujer en un turno de noche o de fin de semana de una comisaría normal no hay dos o tres horas para sentarse con la víctima. Y se acaba tratando la denuncia igual que si fuese un robo o una estafa”, asegura esta experta.
Un funcionario de policía acostumbrado a trabajar con la herramienta asegura que el test está pensado precisamente para que pueda utilizarlo cualquier agente y no requiera de especialización. Fuentes de la Dirección General de Policía sostienen además que se está siguiendo la instrucción que emana de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Luisa Velasco Riego acumuló 31 años de trabajo en la policía municipal de Salamanca donde ha puesto en marcha el Servicio especial de Atención a la mujer y el menor. Como experta en violencia de género y autora de varios tratados da clases en la Universidad de Derecho del campus salmantino. Esta es su experiencia: “Yo creo en los test, pero ¿qué tipo de formación tienen los profesionales que los aplican? Hay muchos policías de segunda actividad, personas de 60 años para arriba. Y no es su culpa pero ahí perviven una serie de culturas patriarcales que no ayudan. Mi opinión es que debería intervenir cuanto antes el equipo psicosocial. Por mi experiencia en los atestados una víctima te cuenta la mitad de la mitad. Si preguntas si su marido es violento y la respuesta es si, no, tal vez... O si tu marido tiene problemas con el alcohol...”
430.000 evaluaciones desde 2007
Desde que se estableció este protocolo, en 2007, más de 430.000 mujeres han pasado por estos test y actualmente 51.773 víctimas siguen siendo monitorizadas tras denunciar violencia machista. La estadística del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial apunta que en 2012 solo cinco de estas mujeres que pese a denunciar acabaron asesinadas pasaron por la evaluación policial de riesgo y sólo en un caso se diagnosticó que el riesgo era “alto”. En 2013, fueron 4 las denunciantes evaluadas que terminaron muertas y en ningún caso se apreció que estuviesen en riesgo alto o extremo, según publicó Europa Press. En 2014 el Ministerio del Interior decidió actualizar el cuestionario e introducir nuevos parámetros de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Madrid. Los nuevos test se han ido probando en distintas comisarías y cuarteles este verano y está previsto que queden implantados en todo el territorio este otoño.
Pero tanto el SUP como el resto de expertos en violencia de género consultados para este reportaje sostienen que es imprescindible complementar los resultados de la herramienta informática con un equipo de evaluadores que analicen todo el contexto de la víctima. Es lo que reclamaba la ley de Zapatero de 2004. Trece años después no hay noticias de que se vayan a poner en marcha.
