La marea azul propone un pacto social contra la privatización del agua

Un mismo municipio, una misma calle y dos facturas del agua completamente diferentes: una de ellas un 20% más barata. Por definición. Esto comenzará a ocurrir en Jerez de la Frontera en unos días, cuando las pedanías jerezanas de Guadalcacín, Torrecera y Estella reciban el servicio de agua de la empresa pública Agua Sierra de Cádiz.

Ante la privatización del suministro aprobada por el Ayuntamiento –80 millones de euros de canon mediante y una concesión a 25 años–, un grupo de ciudadanos ha luchado por evitar poner el agua de sus grifos en manos del mercado, logrando una pequeña victoria que da esperanzas a los defensores del agua pública. “Fue imposible bloquear el proyecto porque el PP tenía mayoría absoluta, pero conseguimos que tres de las siete pedanías que tiene Jerez no se acogieran a la privatización por una competencia que tenían aprobada”, explica Francisco López, de la plataforma Marea Azul del Sur.

La defensa de la gestión pública del agua urbana es uno de los movimientos ciudadanos que suma más movilizaciones en los últimos años. Quizás el caso del Canal de Isabel II de Madrid sea el que tuvo más eco mediático, pero el mapa por el agua pública cada vez se expande más. “Hace tres años, cuando empezamos este proceso, éramos cuatro gatos. Pero el movimiento ha crecido y cada vez somos más colectivos”, añade López, que ha pasado de trabajar en la empresa pública Aguas de Jerez a estar en nómina de la privada Aqualia.

Un pacto social por el agua pública es la última iniciativa del movimiento, que incluye a mareas ciudadanas, asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas y de consumidores, sindicatos, fundaciones e incluso cuenta con el apoyo de algunos grupos políticos. Tras su puesta en marcha en Andalucía, la propuesta buscará adhesiones en distintos puntos del país –este viernes se presenta en Murcia– hasta tejer una tupida red, que incluya a la mayor cantidad de municipios posibles.

Parten desde una actitud crítica: “Las empresas públicas necesitan ser regeneradas, tenemos el reto de ser socialmente sostenibles”, explica Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). Transparencia, democratización, rendición de cuentas, eficacia, y derecho humano al agua. “Es posible un modelo diferente”, añade.

El movimiento adquirió fuerza global con la aprobación de la Asamblea General de Naciones Unidas del derecho humano al agua en 2010. El Foro Mundial del Agua en Marsella y su encuentro paralelo alternativo, celebrado en 2012 en la ciudad francesa, mostraron la fuerza de una 'marea' que tenía un peso y una lucha global. El entonces ministro español de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, recibió en ese encuentro en Francia una propuesta de Ecologistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras sobre dos modificaciones de la Ley de Aguas: garantizar la titularidad pública de los abastecimientos urbanos de agua y que la legislación nacional reconozca de manera explícita el derecho humano al agua, garantizando un suministro mínimo de 80 litros al día por habitante.

Y su respuesta no pudo ser más clara: “En la gestión del agua hay que buscar la interacción del sector público y del privado. No podemos limitar a los sectores públicos la infraestructura y la gestión de los servicios de agua. En un futuro de enorme austeridad presupuestaria tenemos que buscar la coparticipación de ambos sectores”.

Mientras los datos globales indican que tan solo el 10% de la gestión mundial del agua está en manos privadas, la tendencia en España es la contraria: en 1996 el 63% de la población española estaba abastecida por servicios públicos, porcentaje que ha bajado a menos del 50%. En plena crisis económica, la entrada de dinero fresco a través del canon concesional que pagan las empresas se ha convertido en un flujo de dinero fresco para las endeudadas economías municipales.

Con estos datos y estos precedentes, el objetivo del pacto público no es involucrar al Gobierno –“escepticismo al respecto es poco”, explica Babiano–, sino que trabajan de cara a las elecciones locales, para “conseguir pactos y compromisos, que sea una tendencia sólida”, apunta Babiano.

Prohibir los cortes de suministro

“El derecho humano al agua debe estar en el ADN del sistema”, subraya el gerente de Aeopas, una de las organizaciones que ha liderado el pacto. Pero, ¿qué significa que el agua sea un derecho humano? Que todo el mundo tenga un acceso mínimo garantizado a agua de calidad, una cifra que puede variar entre los 60 y los 100 litros por persona y día. “Las empresas privadas no van a garantizar el acceso a la gente”, explica la relatora especial de las Naciones Unidas por el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, Catarina de Alburquerque.

La experta portuguesa apunta que es el Estado quien debe ser el garante de los derechos y debe adoptar un marco regulador que dictamine cuáles son las reglas: tarifas sociales, mecanismos de subsidio, así como de participación y de información. Es decir, que nadie se quede sin acceso al vital líquido.

Esto no se está cumpliendo en el Estado español (donde no hay siquiera un regulador), a pesar de que fue uno de los 122 países (hubo 22 abstenciones y ningún voto en contra) que apoyó la apuesta de la ONU por este derecho humano, en una postura que define parte de su política exterior. Unos 300.000 abonados sufren cortes cada año en el país por falta de pago y se calcula que alrededor de nueve millones de personas tienen problemas para hacer frente las facturas. “Es una aberración y una traición al pueblo”, opina Francisco López. Por ello, desde el pacto social proponen prohibir los cortes de suministro.

París como ejemplo

La vuelta a lo público se está convirtiendo en tendencia. Más de un centenar de ciudades en el mundo ha remunicipalizado su servicio de abastecimiento y saneamiento en los primeros 14 años del siglo: Atlanta e Indianapolis, en Estados Unidos; París, Berlín o Budapest, en Europa; o Buenos Aires, La Paz, Johannesburgo, Dar-es-Salam, Accra, Almaty o Kuala Lumpur, en los países del Sur, son algunos ejemplos significativos.

“Tras unos años en los que la privatización y la subcontratación han sido los procesos dominantes en los servicios públicos, resulta cada vez más evidente que la tendencia empieza a cambiar, en especial en el sector municipal, agua y energía incluidas”, confirma la Universidad de Greenwich en un estudio para la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos.

De todos estos casos, el de París es que quizás el más emblemático y en el que se fijan desde el pacto social por el agua pública. “Muestra una nueva imagen de ciudad, donde el agua tiene una percepción integradora y de derecho humano, como algo colectivo”, explica Babiano. En la capital francesa –sede por otro lado de las dos principales multinacionales del sector, Suez y Veolia–, el recibo bajó un 8% durante el primer año y se obtuvieron beneficios de 35 millones de euros. Además, no están permitidos los cortes de agua para las familias que no puedan pagar, se han creado nuevos servicios y se ha logrado una gestión más democrática y participativa.

Torrelavega (Cantabria), Ermua (País Vasco), Arenys de Munt (Cataluña), Arteixo (Galicia), Cazorla, Medina Sidonia, Lucena y 22 pueblos de la provincia de Sevilla asociados en Aguas del Huesna (Andalucía) son los ejemplos en el Estado español. En Lucena, por ejemplo, en seis meses la empresa municipal ha conseguido 285.000 euros de beneficios, un 25% más de los declarados por la empresa privada en su último año como concesionaria. Francisco López, que lleva tres años luchando contra la privatización en Jerez, finaliza: “A los ciudadanos nos han convertido en consumidores, hay que apostar por un modelo nuevo y desde lo público se puede y se debe”.