Prostitución y trabajo sexual: un sector con patronal, pero sin sindicatos para quienes la ejercen

Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS). Con este nombre, este sindicato dedicado a “las actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes” conseguía que la Dirección General de Trabajo aprobara sus estatutos hace unas semanas. Sin embargo, y tras saltar la noticia a los medios, el Ministerio de Trabajo anunciaba este jueves que ya ha iniciado los trámites para impugnar este sindicato por problemas “de fondo”. Paradójicamente, los dueños de locales y clubes donde se ejerce el alterne y la prostitución sí están registrados como asociación en la misma Dirección General: una sentencia de Tribunal Supremo de 2004 obligó a este organismo a hacerlo.

Después de un proceso de asambleas y debates en Cataluña en el que participaban mujeres que ejercen la prostitución, este julio sucedieron dos cosas. Por un lado, un grupo de quince mujeres creaban la sección sindical de trabajadoras sexuales dentro del sindicato Intersindical Alternativa de Cataluña. Por otro, otro grupo decidía constituirse como sindicato propio y así iniciaba su andadura OTRAS, cuyos estatutos se publicaron en el BOE a comienzos de agosto después de su aprobación por la Dirección General de Trabajo.

“Me han colado un gol”, decía este jueves la ministra de Trabajo, Magadalena Valerio. “La prostitución no es legal en España y este Gobierno no puede admitir que bajo el subterfugio de un 'sindicato' de trabajadores y trabajadoras del sexo, se dé cabida a la prostitución”, decía su departamento. En los estatutos de OTRAS, sin embargo, no aparece la palabra prostitución, sino trabajo sexual. Lo que parece un matiz sin tanta importancia no lo es: en España la prostitución no es ilegal, pero no se admite como relación laboral, mientras que otras actividades sexuales, como el striptease o el cine porno, sí son reconocidas como tal y quienes las ejercen pueden estar dadas de alta y cobrar legalmente por ello.

eldiario.es ha intentando contactar sin éxito con alguna portavoz de OTRAS. En un comunicado, el sindicato critica la decisión del Gobierno de impugnar sus estatutos: “Un gobierno que se declara feminista, pero que intenta impedir a toda costa que un grupo de mujeres españolas y migrantes se auto-organice y tenga mejores herramientas legales para luchar contra las condiciones abusivas de los empresarios”, dicen.

“La prostitución no es ilícita siempre que no se haga bajo la explotación que contempla el Código Penal. No se puede denegar el acceso a la sindicación previendo que se va a hacer algo ilegal. Es un derecho fundamental protegido por la Constitución”, aseguran fuentes jurídicas consultadas. Es decir, la impugnación preventiva de unos estatutos que no mencionan actividades ilícitas es cuestionable. De suceder a posteriori, explican, siempre podrían iniciarse las acciones para impugnar al sindicato.

Los empresarios de clubes de alterne y prostitución por cuenta propia sí están legalmente organizados. Dos sentencias diferentes reconocieron su naturaleza y obligaron a la Dirección General de Trabajo a inscribirles en 2004. Es el caso de la Asociación Nacional de Empresarios Mesalina, dedicada a a proveer y gestionar locales hoteleros destinados a ofrecer “servicios o productos” a terceras personas “que ejerzan el alterne y la prostitución por cuenta propia”.

Esto es, en un sector que, de facto, funciona, la parte patronal está reconocida legalmente, pero quien ejerce esos trabajos no tiene el mismo reconocimiento. La sección sindical de trabajadoras sexuales de Intersindical Alternativa Cataluña pretende empezar a dar pasos este otoño para mejorar las condiciones de las mujeres que ejercen el alterne y la prostitución. “Queremos interpelar a los empresarios. Los puticlub están reconocidos pero ellas no tienen contratos”, dice Paula Ezkerra, una de sus portavoces.

“Empresarios que bajo licencia de funcionamiento expedida por el Reino de España se llevan una buena tajada de lo que producimos a cambio de ninguna prestación de ley por no estar reconocido como trabajadoras, pero el Reino de España no duda en contabilizar los ingresos derivados de nuestra actividad dentro del PIB, eso parece que no les genera el menor conflicto ético, pero que un grupo de mujeres estigmatizadas e históricamente denostadas intente organizarse de manera autónoma, eso sí parece que les genera un conflicto grave”, prosigue OTRAS en el comunicado.

“Quieren alternativas”

Ahí entra en juego otro de los matices legales que conforman este escenario. Para la justicia, la barrera que marca el límite entre la relación laboral o no es el “acceso carnal”. En 2017 el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que marcaba la diferencia entre una actividad y otra: si hay sexo no es posible reconocer una relación laboral, es decir, esa persona no es una trabajadora. Si no hay sexo y solo alterne, esto es, captación de clientes, acompañamiento y consumo de copas, sí existe relación laboral entre quien ejerce la actividad y quien regenta el local donde se produce

En la sección sindical, cuya creación no requiere de ninguna autorización administrativa, hay mujeres que se dedican a la prostitución, pero también, por ejemplo, al 'pole dance' (barra americana) o a la “asistencia sexual” de personas con diversidad funcional. Buscan, dice Ezkerra, abrir secciones similares en otros sindicatos y extender su actividad a todo el país. Pero es consciente de las limitaciones: “Estas cosas nos obligan a ser muy cautas con los pasos que damos. Pero tenemos una demanda básica, que son los derechos laborales como los que puede tener cualquier otra persona y que el Estado luche contra el estigma puta que nos atraviesa a todas las mujeres”.

La socióloga y experta en el campo de la prostitución Beatriz Ranea duda de que el sindicato sea un instrumento necesario y útil para las mujeres que la ejercen y cree que este tipo de acciones legitiman, en la práctica, su regularización. “Dar luego marcha atrás es muy difícil”, dice la investigadora, que sí apuesta por la impugnación de un sindicato que se dedica principalmente a una actividad, la prostitución, que no está reconocida como relación laboral.

Ranea sostiene su posición con dos argumentos principales: “Muchas prostitutas están en situación irregular y están en la prostitución por eso, por lo que no se podrían sindicar. Además, muchas no quieren quedar registradas como tal. En mi experiencia trabajando con ellas veo que muchas están vinculadas a la prostitución por cuestiones socioeconómicas y de forma temporal. No quieren ser reconocidas como trabajadoras sexuales sino tener otras opciones”.