Así tienen que ser las residencias de la post pandemia: ni hoteles, ni hospitales, “este es el momento de prepararnos”

Ni hoteles, ni hospitales: viviendas, casas, hogares. Así deberían ser las residencias de ancianos del futuro post pandemia, según el modelo que ha presentado la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales este lunes en Madrid. “Nadie estaba preparado para lo que ocurrió en 2020, pero este es el momento, ahora tenemos la oportunidad para prepararnos”, ha defendido José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación. Después se han reunido con el director del Imserso (que pertenece al Ministerio de Derechos Sociales), Luis Barriga, antiguo miembro de la junta directiva de la Asociación, para presentárselo. Entre ambas partes hay sintonía y parece que pueden llegar a un consenso “esperanzador”, según han contado fuentes del Imserso tras el encuentro. Directores y Gerentes también van a hablar estas semanas con las comunidades y con actores del sector, en el que la asociación es referente desde hace casi 30 años. El objetivo es presentar un documento de consenso en octubre que implanten las autonomías, con competencias en el área, y las empresas privadas.

Las residencias han pasado de ser “asilos” en el tardofranquismo, a “grandes centros propios” en los 80, luego “pequeños establecimientos pensados para personas no dependientes” en los 90, y actualmente lugares “altamente institucionalizados pensados para la población en edad más avanzada”. “Todo eso en una sola generación”, ha repasado Ramírez. Así que defienden que puede seguir evolucionando, se conviertan en algo más parecido a “hogares”, y tengan otras características como habitaciones individuales casi por defecto, unidades de convivencia pequeñas, proximidad al vecindario habitual y accesibilidad para las familias.

Buena parte de los fondos europeos para la recuperación que se queda el Ministerio de Derechos Sociales puede ir para la remodelación del sistema de residencias después de la crisis de la COVID-19. 29.408 ancianos murieron por coronavirus en este tipo de centros entre marzo de 2020 y enero de 2021, según datos del Gobierno, más de 9.859 de ellos sin diagnóstico.  En abril de 2021, cuando la situación en las residencias ya estaba controlada gracias a las vacunas ese ministerio aprobó 730 millones para la “economía de cuidados”, 482 de ellos para los cuidados de personas mayores y dependientes. Entre esa partida de 482, se incluye la generación de un nuevo modelo residencial. El Ministerio lanzó también en los Presupuestos Generales un “plan de choque” para el sistema de dependencia, que suponen 6.000 millones de euros en los próximos tres años. España necesita crear unas 70.000 plazas de residencias públicas y concertadas para cubrir la demanda actual y llegar a los parámetros que recomienda la OMS, según cálculos de la Asociación. E irá a más: para 2035, el 26,5% de la población española tendrá más de 65 años.

Fuentes del Imserso cuentan a elDiario.es que en la reunión que han mantenido Barriga y los presidentes de Directores y Gerentes ambas partes han coincidido en el planteamiento. “Esta revisión y el desarrollo del nuevo modelo de atención residencial y de los servicios de proximidad vendrán muy marcados por criterios que aparecen en el documento de la Asociación como son la garantía de los derechos de las personas de edad, el respeto absoluto a su dignidad y la atención centrada en las personas y en su proyecto de vida en su hogar”, dicen estas fuentes. Confirman que esperan abrir un “gran debate” las próximas semanas con tres mesas de diálogo, una social, otra territorial y otra con la sociedad civil, para abordar “cambios profundos que se antojan inaplazables”, desde el “máximo consenso” y “en el plazo más corto posible”.

¿Se hubiese afrontado mejor la pandemia así?

En la rueda de prensa de presentación estaba como público Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid con Ciudadanos. Reyero dimitió del cargo meses después de conocerse su choque con la Presidencia de la Comunidad y con la Consejería de Sanidad, porque estos últimos negaron el traslado de ancianos de residencias a hospitales en lo peor de la primera ola. En conversación con elDiario.es, Reyero opina que “el cambio de modelo es necesario con crisis o sin crisis”. ¿Hubiésemos afrontado mejor con los centros así la crisis? “Lo del año pasado fue un tsunami y tenemos que reforzar el sector de la dependencia para resistir mejor cualquier contingencia. Con más financiación. Necesitamos un sector social fuerte y bien atendido desde el sistema nacional de salud. Eso es esencial. No ha funcionado adecuadamente”, añade, estando de acuerdo con un cambio de modelo que trascienda el sistema de residencias y apueste por la “autonomía personal de los mayores”.

Una de las apuestas de este nuevo paradigma es que, al ser las residencias entendidas como “casas”, y no como hospitales no haya servicios sanitarios ubicados ahí, sino que los usuarios accedan a la sanidad pública igual que los demás ciudadanos. ¿No fue precisamente un fallo en Madrid el año pasado que las residencias no estuviesen medicalizadas? “Es un tema muy resbaladizo”, contesta el exconsejero. “Una residencia es el hogar del mayor. Y que debe ser atendido por la atención primaria en circunstancias normales y en el hospital cuando sea necesario. La pandemia exigía un plus mayor de atención sanitaria precisamente porque estábamos ante una enfermedad contagiosa y los residentes no eran atendidos en los hospitales”.

Este modelo moderno es más fácil de implementar en residencias de nueva construcción, pero en las que ya existen, públicas y privadas, “se puede hacer. Es complicado hacer obras, adaptar infraestructuras algunas incluso del tardofranquismo. Pero lo importante es que se llegue hasta donde se pueda y que ese dinero de los fondos europeos se invierta en reformas que no conviertan los centros en hospitales ni en hoteles”, apuntaba Gustavo García, miembro de la Asociación y redactor principal del documento.

10 puntos, hasta que las residencias desaparezcan

Lo que propone la Asociación lo desarrollan en un decálogo. El primer punto sería que el nuevo modelo residencial “comience en casa”: que los planes de atención individualizada para pedir prestaciones y servicios se flexibilicen. “Todas las personas deseamos vivir en nuestra propia casa el mayor tiempo posible”, así que la adaptación del modelo residencial pasa por que se fomente la atención en el domicilio, y que el traslado sea lo último, pero para ello hay que adaptarse a las necesidades de cada persona. El segundo punto es la “proximidad”: que las personas mayores se puedan quedar en un centro de su pueblo o barrio si tienen que internar. “Si se les priva del derecho a la proximidad, se les priva de la ciudadanía”, apuntaba García. Así que para ello proponen que, igual que los ayuntamientos elaboran informes sobre temas como impacto medioambiental, que los hagan de impacto en la convivencia y de previsión de urbanismo para reservar espacios con este fin.

El tercer punto es el impulso a la convivencia familiar. “Acceso de los familiares a la habitación del residente y a servicios del centro”, e incluso que se puedan quedar a comer, “no es lo mismo ir a visitar a la habitación al abuelo que que el abuelo te pueda invitar a comer. Además, no hay mayor ejercicio de transparencia, para las guerras que ha habido sobre algunas residencias sobre si se les daba bien o no de comer”. El cuarto sería crear “un ambiente hogareño”: un mínimo de 75% de habitaciones individuales por institución, no inferiores a 15 metros cuadrados. Con posibilidad de que se puedan llevar sus muebles y enseres. Actualmente, no hay datos sobre el número de residencias que cuentan con habitaciones individuales, pero son algo “exótico” que alcancen ese porcentaje. En este ámbito también contemplan lo que llaman “unidades de convivencia”, formadas por no más de 15 personas, “que ya es mucho”, porque no es cómodo tener que comer cada día con 50 o 100 personas en una sala, explican. Estas últimas deben ser además diversas, que no se junte solo a personas muy dependientes con personas con su misma condición.

El quinto punto es la atención personalizada. “Un profesional de referencia para no más de 5 personas residentes”. El sexto, “que se respete la dignidad de la persona”, es decir, que no se les infantilice promoviendo para todos la misma actividad “repetitiva”: “¿Quién le da a su abuelo pinturas para dibujar y luego las cuelga en el pasillo, como se hace en muchos centros? Si a muchas mujeres mayores les gusta hacer ganchilllo, es una actividad psicomotriz también”. Aquí se incluiría, también, eliminar las sujeciones, por ejemplo a sillas de ruedas. El séptimo, la colaboración con el Sistema Público de salud, atención hospitalaria domiciliaria en los centros residenciales, “en igualdad de condiciones de las que viven en sus casas”.

El octavo punto se refiere a “plantillas bien dotadas, cualificadas y remuneradas”. Esto puede ser una oportunidad, recuerdan, para la creación de puestos de trabajo. Aumentos de salarios en el sector de entre 15 y 20% de media. En 2008, el Consejo Interterritorial aprobó que debía haber 47 trabajadores por cada 100 personas residentes; en este nuevo texto, proponen que se llegue a 50, es decir, un trabajador por cada dos residentes. Como noveno punto, señalan la necesidad de “establecer niveles de calidad en los centros residenciales, consensuados y evaluados”. Ellos han preparado una tabla con indicadores sobre un baremo de 100 puntos, que se puede utilizar con este fin. 

El décimo punto mira al futuro: a que se flexibilicen los requisitos para entrar y a que, a largo plazo, desaparezcan las residencias. “Hay que superar el criterio de 65 años para definir la necesidad de centros residenciales”, apuntan, porque las personas de 65 años que acuden son anecdóticas y, sin embargo, sí se da la situación de personas de 50 años con discapacidades que necesitarían vivir con sus padres, usuarios de residencias, y no se les permite. Sobre que desaparezcan las residencias, “sería el desenlace lógico de esta trayectoria” que enumeraban, de los asilos a los centros institucionalizados actuales. “Tienen que cambiar muchas cosas y nosotros quizá no lo vemos, pero quiero pensar que es el futuro”, que ningún mayor tenga que abandonar su casa para vivir en condiciones dignas al final de su vida, sostenía Ramírez.