La Fiscalía investiga amenazas anónimas a Daniel, la víctima de los curas pederastas de Granada
“Retira la denuncia, hijo de puta, o prepárate”. Daniel, el joven víctima de los presuntos abusos sexuales por parte del clan de los Romanones formado por religiosos de Granada, recibió la pasada semana un anónimo. Uno más: son muchos meses, algo más de un año, desde que se decidió con el apoyo del Papa Francisco a denunciar el calvario sufrido cuando era menor de edad, y las presiones no han cesado.
Como hiciera en alguna otra ocasión, Daniel puso las amenazas a disposición de la Fiscalía de Navarra (comunidad en la que reside), que ha abierto una investigación sobre la autoría del anónimo. Aún no se sabe si tiene relación con los doce implicados de la diócesis de Granada en los abusos, de los que finalmente uno solo, el padre Román, será juzgado por pederastia, pues la Audiencia Provincial declaró probados, pero prescritos, los delitos de los otros once investigados.
Las autoridades han otorgado credibilidad a las amenazas, que se producen en el momento en que se cumple un año desde que Daniel presentó la denuncia de abusos que, tras la prescripción de parte de los delitos, continúa ahora sólo contra el padre Román Martínez.
La investigación continúa su curso, y en noviembre podría concluirse la instrucción del caso, pasando directamente a la Audiencia Provincial de Granada, que será quien determine fecha del juicio. La estrategia de la defensa se basa en intentar desacreditar a la víctima de abusos, pese a que los informes periciales de los expertos ya han subrayado la “alta veracidad” de su testimonio, así como la ausencia de ella en los interrogatorios al principal encausado.
A su vez, se ha filtrado que la Policía no ha hallado evidencias de material pedófilo en el material informático requisado a los miembros del clan, sin que dichas fuentes recuerden que, en su momento, los investigadores denunciaron la falta de colaboración de los implicados -el propio padre Román se negó a dar sus claves-, así como que algunos de los ordenadores no aparecieron en el momento de los registros.
Algunos de los implicados alegaron en un primer momento que habían sido víctimas de un robo. Después, se comprobó que todos los archivos de los dos ordenadores incautados en noviembre habían sido borrados, y expertos denunciaron que los investigados podrían haber destruido pruebas. No hay que olvidar que los investigados conocían, al menos un mes antes de su detención, la denuncia del chico.
Los implicados participan en actos de la diócesis
Entretanto, varios sacerdotes granadinos han confirmado a eldiario.es que la mayor parte de los sacerdotes implicados en este caso de abusos -incluyendo a los curas que, a día de hoy, continúan suspendidos por su arzobispo, Javier Martínez- participaron recientemente en un retiro para clérigos de la diócesis. Según dichas fuentes, el único que no participó en el mismo fue el padre Román.
El caso se hizo público hace ahora un año, cuando fueron detenidos el padre Román, dos sacerdotes más y un profesor de Religión que quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas. Todo se precipitó después de que un joven, que hoy tiene 24 años, comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.
Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer ipso facto denuncia contra todos los afectados.
El caso Romanones también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los “escándalos” que afectaban entonces a la Iglesia. El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha acordado recientemente declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada en relación con estos hechos, al considerar que las personas imputadas, por su condición de sacerdotes, dependían directamente del Arzobispado.
Mantiene además el juez que los hechos se producen “por la condición de sacerdotes de los imputados, y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial”.
