Una ley de eutanasia. Los derechos LGTBI, el modelo educativo, la lucha contra el cambio climático o las agresiones sexuales. La interrupción abrupta de la legislatura cortó de golpe el desarrollo de un buen puñado de normas en la agenda social. Algunas estaban encauzadas, otras abordaban escollos más serios debido al reparto de fuerzas en el Congreso. El 28A ha modificado el panorama. Cuando los diputados electos recojan sus actas van a encontrarse deberes por hacer. De los fáciles, pero también de los complicados.

Al fin una ley de eutanasia

Pedro Sánchez se comprometió a regular la eutanasia, tras el caso de María José Carrasco y la detención de su marido Ángel Hernández por ayudar a morir a su mujer enferma terminal. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, esos días, afirmó también que impulsaría una ley “garantista y de consenso”. Pablo Iglesias declaró que “todos debemos tener derecho a terminar con dignidad”. Pablo Casado (PP) era el único líder a contracorriente: “Cuando yo gobierne no voy a impulsar una ley de eutanasia”. Y eso que un 84% de la población ha dicho estar a favor de regularse, según datos de Metroscopia.

Durante la legislatura hubo cuatro iniciativas: dos por parte de Unidas Podemos, en las que el PSOE se abstuvo. Más tarde se unió otra del Parlament de Catalunya. La que llegó más lejos fue la propuesta socialista que pasó el trámite de toma en consideración con el apoyo de todo el Congreso menos del PP. Con todo y, a pesar de concitar bastante consenso, su trámite ejemplificó cómo pueden dilatarse los procesos legislativos: esta ley quedó bloqueada en la Mesa del Congreso por PP y Ciudadanos (que buscaba que saliese adelante primero la suya de muerte digna) hasta el fin de la legislatura. No llegó a tiempo para aliviar a María José Carrasco.

Suprimir el delito de abuso sexual

El incremento de los votos del bloque izquierdas hace que den las cuentas para que la reforma salga adelante esta legislatura, incluso aunque el Partido Popular y Vox se opusieran.

La sentencia de la manada, que condena a los cinco jóvenes a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento, motivó un debate mediático y social sobre los delitos sexuales sin precedentes. El Gobierno del PP no tardó en anunciar que ordenaría una revisión del Código Penal, un estudio que heredó el PSOE y que culminó en una propuesta de reforma que elimina el delito de abuso sexual, que no requiere violencia e intimidación. El objetivo es que los delitos sexuales tengan su eje en la falta de consentimiento y no en si existen estos elementos, que condicionan en que los hechos sean calificados como abuso o agresión sexual.

Sin embargo, la posición de los populares no está clara, sobre todo después de que la a partir de ahora diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, criticara en uno de los debates preelectorales precisamente esta revisión del Código Penal: “¿Ustedes van diciendo sí hasta el final?”, espetó mientras aprovechaba el espacio para cargar contra el feminismo.

La ley contra la LGTBIfobia

Es muy probable que la medida vuelva a registrarse y, a expensas de los entresijos que puedan derivarse de los debates entre las formaciones, tanto Unidas Podemos como el PSOE, Ciudadanos y ERC la llevan en sus programas electorales. Es una de las normativas que utilizado Vox para hablar de “leyes ideológicas”.

Norma para frenar el cambio climático

La XIII legislatura va a comenzar con terreno ganado en cuanto a la crisis climática: hay un texto de ley de cambio climático sobre la mesa. Si durante el anterior mandato, el Gobierno de Mariano Rajoy anunció varias veces esta norma para, finalmente, no llegar a tiempo, esta periodo tiene la propuesta de la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la espera de reactivarse.

Las alegaciones al articulado ya han llegado al Ministerio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que la transición hacia una economía verde está entre sus prioridades. La composición de escaños saliente del 28A favorece, en teoría, la postura de los socialistas. A su mayoría reforzada se añade que el grupo de Unidas Podemos ha presentado un paquete verde pormenorizado para esta convocatoria. Además, Esquerra Republicana aparece como un probable aliado en esta materia. ¿Por qué? La exigua delegación que el Congreso español envió a la última cumbre del clima en Katowice (Polonia) en diciembre de 2018 estaba compuesta por el diputado de UP, Juantxo López de Uralde y el republicano Joan Capdevila. Capdevila acudió por la renuncia de todos los grupos que le precedían por tener mayor representación parlamentaria. “Vengo a aprender”, admitía el veterinario.

Las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Las negociaciones ya estaban avanzadas y todos los grupos trabajaban en el sentido de desarrollar las medidas más importantes del pacto. Hasta ahora han gozado del suficiente consenso como para, al menos, tramitar las medidas.

Sanciones a las empresas que impidan la conciliación

Están pendientes varios aspectos clave de la ley de igualdad laboral. Entre ellos, las sanciones a las empresas que impidan la conciliación o la Oficina Estatal de Lucha Contra la Discriminación por razón de sexo en el empleo y la ocupación. Todos los partidos la apoyaron, pero mostraron sus discrepancias en algunos aspectos concretos, que condicionarán las negociaciones a partir de ahora.

Una ley de trata contra la prostitución

El enfoque abolicionista que mantienen los socialistas sobre la prostitución, que es el eje sobre el que el partido pretende diseñar la norma, no convence a todo el arco parlamentario, aunque una proposición no de ley similar sí logró el apoyo de la cámara al final de la legislatura. PP, PSOE e IU votaron a favor, aunque con muchas críticas por la forma y el contenido, mientras que Unidas Podemos, Ciudadanos y PNV se abstuvieron

La ley de educación: eterna disputa

La educación es material político de alta sensibilidad en España. Complicado llegar a acuerdos. Y el panorama no ha cambiado mucho tras el 28A.

Con la nueva composición parlamentaria y dados los antecedentes, se antoja difícil que una alianza rápida en educación. Unidas Podemos no respaldó públicamente en febrero la propuesta de ley de la ministra de Educación Isabel Celáa –que buscaba desactivar la LOMCE del ministro del PP José Ignacio Wert–. Argumentaron que “escucha más a PP y Ciudadanos que a la comunidad educativa”, según la diputada Ione Belarre. Por parte de los naranjas, su portavoz de Educación, Marta Martín, acusó al Ejecutivo de sacarla adelante con fines electoralistas y de permitir con ella “a los nacionalistas marginar definitivamente el castellano en la educación, además de castigar a las familias que optan por la concertada”.

El proyecto de Celáa incluía ampliar el margen de las comunidades autónomas para fijar las horas impartidas en castellano y en lengua cooficial, impulsar la Educación Infantil y fomentar la democracia y la educación sexual en las aulas, fue aprobado en Consejo de Ministros en febrero, pero sin tiempo para que se tramitase en el parlamento con la convocatoria de elecciones del 28A.

En democracia ha habido siete leyes (la primera la LGE, aprobada en 1970 bajo régimen franquista pero en vigor hasta 1980, cuando entró la LOECE). También hubo un intento de Pacto de Estado por la Educación que fue liquidado en mayo de 2018.