Defensa no informa del número de militares que se suicidan alegando que es información reservada
El Ministerio de Defensa se niega a facilitar el número de militares que se han suicidado en los últimos años, alegando que se trata de “información reservada”. eldiario.es solicitó estos datos al equipo de Margarita Robles, tras publicar que la justicia obligó a las Fuerzas Armadas a reconocer que el suicidio de un suboficial se produjo en acto de servicio. En un principio, Defensa no reconoció que el fallecimiento de este militar estuviera ligado a su actividad profesional, lo que limitaba la pensión a la que tenía acceso su pareja. La sentencia dictada el 14 de septiembre pasado abrió la puerta a que esa prestación fuese cuatro veces más alta que la de viudedad ordinaria.
El Ministerio mantiene una línea continuista con la actuación que el Gobierno Partido Popular mantuvo sobre este tema. Según explica el secretario de organización de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, en 2014 el equipo del exministro Pedro Morenés les negó esta información la última vez que lo solicitaron.
En la contestación, expusieron que “los fallecimientos con indicios de suicidio son objeto de investigación judicial” y remitieron su petición al Consejo General del Poder Judicial, sin recibir respuesta. Esta plataforma no es la única que plantea esta afirmación. Tanto Juan Antonio Delgado, portavoz de Defensa de Unidos Podemos, como fuentes del Observatorio de la Vida Militar y del Centro de Estudios por la Paz confirman que ellos tampoco han tenido acceso a estos datos.
El suicidio en España es un problema de salud pública, y así lo designó la Sociedad Española de Psiquiatría. Según el INE, en 2016 –último año del que existen cifras– se registraron 3.569 fallecimientos por esta causa en todo el país. Para combatir esta cifra, el Ministerio de Sanidad anunció hace un par de meses la implementación de una estrategia basada en la publicidad y detección precoz de este problema.
Sí que se publican en la Guardia Civil
En la Guardia Civil los datos de suicidios sí que son públicos. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reivindicó la necesidad de que estos datos se difundiesen para atajar estos casos. En octubre del 2016, el Gobierno del PP facilitó al diputado socialista Antonio Hurtado las cifras. Hasta esa fecha, contabilizaron 12 muertes en 2016, ocho en 2015, 12 en 2014, nueve en 2013 y otras 12 en 2012. Este colectivo denunció que la tasa de muertes en este Cuerpo de Seguridad por esta causa supera a la de la población civil: 7,6 fallecimientos en 2016 por cada 100.000 habitantes en la sociedad en general frente a las cifras superiores de la Guardia Civil en un colectivo de 77.000 agentes.
“Lo que puede explicar las desviaciones de estadística que se producen entre la población general y los trabajadores de fuerzas de seguridad es el acceso al medio letal [arma de fuego]”, reseña el psicólogo y presidente de la Sociedad Española de Suicidología, Andoni Anseán. Sobre este tema, el portavoz de AUME explica que en las Fuerzas Armadas el acceso particular a las armas se restringe a los mandos, que representa el 37% del total de los profesionales militares. En el caso de personal de tropa y marinería, solo acceden a estos instrumentos en los ejercicios de tiro.
Bravo también destaca las “situaciones de estrés” que se generan en las unidades militares debido a “problemas de conciliación, movimientos geográficos del personal, los conflictos por los contratos temporales, que dejan a la tropa en la calle con 45 años y se les viene el mundo encima”.
Ausencia de protocolo de prevención
Desde esta asociación tampoco tienen constancia de que exista un protocolo para combatir estos casos. Consultados por esta estrategia, el equipo de comunicación de Defensa plantea que cuentan con “oficinas de orientación y motivación” y gabinetes de psicología militar centrados en reconocimientos periódicos y en personal que ha participado en zona de operaciones.
En otros cuerpos, como en la Policía Nacional, se está ultimando un protocolo centrado en estos casos, tal y como ha informado recientemente El País. Por su parte, la Guardia Civil lleva ya años con un Plan de Prevención de Conductas Suicidas instaurado, que comenzó a funcionar en 2002.
“Tienes que saber las características específicas que tienen los funcionarios de esa institución y qué les lleva a suicidarse. Eso se investiga realizando autopsias psicológicas de suicidio, en las que indagas en la vida pasada de estas personas”, reseña Javier Jiménez, presidente de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio (RedAIPIS), sobre la elaboración de estos protocolos de prevención. Este psicólogo clínico explica que con las conclusiones de estas autopsias se pueden elaborar programas más acorde para esa población determinada.
Sobre la opacidad del Ministerio con estos datos, Anseán destaca que “la ausencia de información no es buena”. “Lo bueno es que podamos saber. No hablamos de algo que comprometa la seguridad nacional”, reseña. Por otro lado, Jiménez reivindica que esta falta de transparencia “no importaría si se desarrollase un buen plan de prevención”. Este profesional, así como los portavoz de AUME y Unidos Podemos señalan que el hecho de que una administración oculte datos “podría llevar a pensar que hay algo que ocultar”.
